En los actuales momentos de lucha contra el covid-19 o coronavirus, como lo llama el público en la calle, es importante destacar lo que una vez más se ha hecho evidente y que caracteriza a nuestra sociedad y por ende a nuestro sistema político. Hablamos de la falta de planes de contingencias para que el gobierno atienda a vastos sectores de la población en caso de catástrofes que afecten a millones de personas al mismo tiempo, a pesar de los enormes esfuerzos que despliega, sin duda alguna.

Esta situación existe a pesar de los tratados internacionales que fijan muy detalladamente la obligación del Estado de proteger a sus poblaciones en caso de ocurrencia de estas contingencias y que podemos resumir del siguiente modo:

“En virtud del derecho internacional vigente, los Estados son los principales titulares de deberes que asumen obligaciones en relación con los derechos humanos. Los tratados internacionales y el derecho consuetudinario, les imponen tres obligaciones: el deber de respetar, el deber de proteger y el deber de cumplir. El deber de proteger consiste en tres responsabilidades: (1) prevenir, (2) reaccionar y (3) reconstruir. Estas tres obligaciones son de igual aplicación y fuerza al atender desastres naturales. Su cumplimiento es lo mínimo que esperan los ciudadanos al momento de enfrentar un desastre natural. Tenemos derecho de ser protegidos antes, durante y después de un desastre natural. El deber de prevenir en el contexto de desastres naturales se traduce en la responsabilidad de alertar a los ciudadanos de que un desastre natural se aproxima. El de reaccionar le obliga a reconocer cuándo no puede atender eficientemente un desastre y, como resultado, tiene la obligación de pedir asistencia a otros Estados. La intervención de otros Estados es esencial para que un Estado pueda recuperarse de una catástrofe. Incluso,  cuando la intervención de un Estado no sea solicitada, este puede intervenir para llevar ayuda humanitaria sin ser hallado responsable de violar la soberanía del Estado damnificado, siempre y cuando su intervención tenga únicamente ese propósito y no sea un pretexto para introducir fuerzas militares en el Estado afectado. El hecho de que un Estado carezca de recursos suficientes no justifica violaciones de los derechos humanos, debido a que siempre está la oportunidad de utilizar las relaciones internacionales con otros Estados para combatir crisis humanitarias producto de desastres naturales. Por último, el deber de reconstruir trata de la responsabilidad que tiene el Estado de asegurar una reconstrucción y rehabilitación sustentable. Después del desastre, el gobierno tiene la obligación de buscar ayuda de la ONU y de otros países para efectuar un plan de reconstrucción a corto y largo plazo; para asegurar que los territorios afectados sean nuevamente habitables y seguros para sus ciudadanos”,

Partiendo de estos preceptos jurídicos, debemos preguntarnos por qué el gobierno nacional no comenzó desde enero un plan nacional de compras o requisiciones de material sanitario indispensable para el combate de esta pandemia y más específicamente para atender las necesidades perentorias de la población.

En este apartado, debemos comenzar con la crisis de los tapabocas, que han desaparecido de las farmacias y ahora se compran en bodegas y a vendedores ambulantes a precio de producto de lujo. Lo mismo ocurre con los guantes desechables y otros insumos médicos indispensables, que se adquieren en los puestos ambulantes que pululan frente a los hospitales de todo el país y que ciertamente sin ellos hubiesen muerto miles y miles de personas, ante la imposibilidad de nuestro sistema de salud de garantizar el adecuado suministro.

Existen muchos ciudadanos, incluyéndome entre ellos, que no consigue el fulano tapaboca y como tal no debería entrar a muchos sitios públicos. La única opción que queda es la fabricación artesanal de esta mascarilla para poder circular en buses o el Metro de Caracas, sin entrar en la discusión científica de su efectividad.

Otro tema muy importante del manejo de las denominadas «cuarentenas sociales» es el problema económico, pues mientras en otros países, se está garantizando la asistencia económica a todas las empresas afectadas por esta crisis coyuntural, especialmente turística, aduaneras, comerciales, entretenimiento, aéreas, entre otras muchas, que pueden llevar tal descalabro financiero que terminen sufriendo una crisis insuperable y como tal, entren en bancarrota, produciendo un aumento exponencial del desempleo y una disminución tal de las ventas y con ello de los ingresos fiscales del Estado, que terminen generando un colapso social y político en muchos casos.

Ciertamente, este no es el caso de los países subdesarrollados y con gran pobreza institucional como es el caso de Venezuela, donde existe enormes márgenes de informalidad laboral y es más que evidente que millones de venezolanos no viven del sueldo mínimo, sino de rebusques, “matatigres”, ayudas o auxilios que tiene que buscar a diario, todas las semanas. Encerrar a millones de familias en casa, durante semanas es para un apreciable porcentaje de ellos, simplemente “matarlos de hambre”, pues a diferencia de otros países, donde las “compras nerviosas” son un fenómeno masivo y muchas familias pueden guardar comida y otros insumos para varias semanas y en algunos casos, para meses, es indudable que este no es el caso de la inmensa mayoría de los venezolanos.

Las herramientas de trabajo a disposición del gobierno nacional como son el CLAP (caja de alimentos) o el carnet de la patria, son muy útiles si se activan de forma regular y masiva en forma inmediata.

Igualmente, los 48.000 y tantos consejos comunales y los más de 200.000 o 300.000 jefes de calle, cuyo liderazgo cotidiano será medido en la medida que puedan atender las situaciones más básicas de sus vecinos, o sea que simplemente se está poniendo a prueba la organización del Estado en su proyecto comunal y su filosofía de la democracia participativa y protagónica.

Es importante señalar, que alcaldes y gobernadores estarán también sometidos al escrutinio implacable de la presión pública y se podrá medir si realmente las gobernaciones y alcaldías están diseñadas para enfrentar problemas verdaderamente graves y la gran lección de esta crisis una vez superada, es que los servicios de Emergencia y muy especialmente Protección Civil y los Hospitales tipo III y IV, deben ser reestructurados y organizados para la atención de centenares de miles de personas en caso de emergencia y jamás deben volver a ser toleradas las infames condiciones en que coexisten actualmente dichos hospitales junto a los valientes voluntarios de la Cruz Roja Venezolana, funcionarios de Bomberos y Rescates, así como servicios de ambulancias, que evidentemente hacen un trabajo muy superior a sus escasos presupuestos por la mística y entrega de los mismos.

Apenas está comenzando una crisis que exige el trabajo de todos y la obligatoriedad de aceptar todo tipo de ayuda internacional. Los próximos días serán decisivos en la organización de este esfuerzo colosal e inédito en nuestra historia.