Luego de una guerra que diezmaría la Gran Colombia (1830) las élites privilegiadas decidieron aliarse para iniciar la Historia del saqueo republicano en Venezuela. Financistas, políticos e ilustrados urdieron conceder el poder de mando a José Antonio Páez. El general, que había prometido otorgar tierras a los combatientes, los traicionó e igual al resto del pueblo. Sin importarle la miseria y penurias de los pobladores, decidió proteger a prestamistas y comerciantes que practicaban la usura. Destinó 40% del presupuesto al pago de favores económicos que le prodigaron británicos [habrían invertido mucho dinero en la rebelión].
Los asesores de Páez le susurraban que al púber Estado venezolano urgía adquirir prestigio internacional, lo cual solo sería posible mediante el pago ilegal de la «deuda externa» con entidades foráneas. El temido presidente y hoy prócer impreso en devaluados billetardos a los cuales ya dan uso para limpiar excretas, enriqueció a jerarcas de su ejército durante sus primeros seis años de gobierno [lo que garantizó que sería un vitalicio caudillo].
El Neoliberalismo no se fundó durante los días infantiles del saqueo institucional del país. El secretario de Hacienda, Santos Michelena (10 de abril de 1834), impulsó la aprobación de una ley que permitió la «libre oferta y demanda» [conocida como Espera y Quita] en asuntos relacionados con préstamos. Los intereses eran fijados por acreedores en perjuicio de los deudores que, rápido, perdían sus bienes ante la imposibilidad de pagar.
Carlos Soublette gobernó obcecado por perseguir y fustigar al pueblo (desde 1843). Urdió fraudes electorales y decretó la pena de muerte contra detractores. Propició, infaustamente, la dinastía de los Monagas (1847-1858). Fueron 11 años de tiranía, nepotismo, endeudamiento estatal y corrupción administrativa.
A los pudientes no les interesaba que se aboliera la esclavitud. No les convenía. Pese haber sido uno de los objetivos de la Guerra Independentista, los codiciosos y avaros [quienes habían aumentado sus privilegios luego de la caída del Imperio Español] se oponían con fervor a la promulgación de la libertad de todos los individuos (consumada mediante una ley, el 24 de marzo de 1854).
Ante las incesantes amenazas de rebelión por parte de los desposeídos, Monagas se sintió obligado cumplir con la exigencia popular. La historia de las canalladas presidenciales no terminaría ahí. Prosiguen y no culminarán jamás. La probidad, fiabilidad y lealtad son categorías éticas-morales incompatibles con la naturaleza profunda del político.
Entre los generales y oficiales subalternos que dirigieron la Guerra Independentista, ni siquiera Simón Bolívar tuvo buenas intenciones. La Historia de Venezuela registra su Ley de Repartos que no funcionó por causa de las actitudes deshonestas de jerarcas de las milicias revolucionarias. Luego del triunfo de las ideas separatistas y el advenimiento de nuestra república, Páez y demás caudillos se apropiaron de las tierras. Las tropas fueron timadas con miserables «vales», tras proferir discursos populistas parecidos a los que en la actualidad nos esclavizan y roban tesoros [que dan forma jurídica-financiera al Estado] que pertenecen a todos los ciudadanos. No entregaron tierras a excombatientes, la casi totalidad de procedencia humilde. El gobierno de la Gran Colombia, desesperado por recursos financieros para sus gastos corrientes, vendía baldíos. Cuando, de hecho y Derecho se produjo la ruptura de la Gran Colombia (1830) y Páez asumió el mando de la mitad, los terrenos fértiles bajo su control fueron arrendados en un intento del dictador por obtener fondos que lo mantendrían en el poder. Tuvo que pagar con tierras oficiales del ejército y con ello frenó las sucesivas conspiraciones del sector armado de un país que nació constipado.
@jurescritor