Ratificamos una ya vieja preocupación en torno al desconocimiento de nuestra larga y rica tradición parlamentaria, dolosamente olvidada en el presente siglo después de la intensa campaña de desprestigio que tan injustamente fulminó al Congreso de la República (“buque hundido”, festejó su último presidente), otrora referente y testimonio cabal, eficaz y convincente del pluralismo político venezolano.  Solemos obviar que nacimos a la vida republicana e independiente, gracias a la deliberación; ahora, víctimas del proceso deconstituyente que ha entronizado el socialismo del siglo XXI, a la caricaturización del texto constitucional se suma la asamblearia de probada vocación subalterna, como tuvimos ocasión de denunciar en el hemiciclo (https://www.youtube.com/watch?v=tnbWq-tA_pQ).

Desde siempre, el dirigente político y social estuvo formado en el debate libérrimo escenificado en los partidos y gremios fundados principalmente sobre la razón esgrimida, siendo frecuente el caso de un tránsito por los órganos deliberantes parroquiales, municipales y parlamentarios, convertidos en escuela del compromiso y de la claridad a exigir a nuestra representación ciudadana; y, aunque sabemos del quorum deficitario que impuso la guerra de independencia a varios de los congresos convocados por entonces, igualmente nos imponemos de una vigorosa opinión pública que nos hizo contestatarios aún en las circunstancias más difíciles.

El bicameralismo venezolano lo hicieron distintas generaciones coincidentes y confrontadas, andando los mismos rieles de la violencia y de la búsqueda del desarrollo institucional, incluyendo las constituyentes veraces y las simuladas, configurando sendos temarios, enfoques y perspectivas que requirieron de la tribuna parlamentaria para protocolizarse.  Hubo continuidades de las prácticas administrativas, así fuese traumática la ruptura política de finales del siglo XIX, la de 1945 o 1958, sin llegar al asombroso quiebre de 2005, mal reinventando al parlamentario, hasta llegar a la reforma administrativa de agosto de 2013 que extremó la centralización presidencial asamblearia, perfeccionando la herencia de la constituyente de 2019 al zanjar una distinción entre el cuerpo y la poderosa junta directiva.

A modo de ilustración, en distintas épocas era inevitable que la materia militar rompiera también tabúes, a propósito de los ascensos, como ocurrió con los debates de la cámara baja en las postrimerías de 1969; se hiciera escuela con la discusión del Tratado de Límites de 1941, o, en la misma década, confrontaran los dentistas prácticos y los odontólogos que demandaron una exigente regulación del ejercicio de la profesión; señalara un hito la polémica de la Ley de Hidrocarburos de 1943, como ocurriera con la reformas penales y procesales de los años cincuenta; la primera suspensión de las garantías de la reciente y celebrada Constitución marcara pautas para los congresistas que concluyeron la sesión al día siguiente, sin que triunfara la táctica de agotamiento contra la coalición oficialista, en 1961; el intenso intercambio de pareceres que no dio con la aprobación unánime del Acuerdo de Ginebra, por 1966, el mismo año que hubo una suerte de huelga de brazos caídos al pretender el gobierno imponer la reforma tributaria; la extraordinaria pedagogía proyectada por la sola consideración de las leyes nacionalizadoras del hierro y del petróleo, a mediados de los setenta; la espectacularización de la asonada de 1992 en ambos hemiciclos, deslizándonos hacia la monumental y bien orquesta difamación del Congreso, borrando por completo  una superior instancia para la recepción y tramitación de las denuncias de violación de los derechos humanos y de la corrupción administrativa. Digamos que las más variadas materias supieron de la experticia de la corporación legislativa, por cierto, con más de ciento y tanto de años de una fuente periodística especializada que hoy olímpicamente ignoramos, por no hablar de las diferentes comisiones permanentes y especiales: alcanzamos una perfectible doctrina parlamentaria que desafiaba las agresiones a la sede, como ocurría frecuentemente con los grafiteros de la insurrección que no comprendieron a tiempo la derrota, garabateándola enfermizamente, como en 1967.

Concebir y ensayar una historia parlamentaria de Venezuela reclama del especialista un compromiso desde temprana edad para tan compleja tarea que significa profundizar en las más profundas y decisivas motivaciones de nuestra vida política institucional e institucionalizable, incompatible con el pretorianismo, según la vertiente teórica que adopte. Los diarios de debates resultan naturalmente fundamentales para el escrutinio, forzando a la complementación de otras fuentes documentales, convertidos el Archivo General de la Nación y, el hasta el momento, los intocables expedientes de todos y cada uno de los partidos que llevan los organismos electorales, en un elemento clave para desentrañar la dinámica oculta del poder y sus aspirantes. Son harto numerosos los aspectos a tocar, como la nómina de los senadores y diputados que hemos tenido, asimilados los asesores y empleados de reconocida trayectoria; las mayorías simples y calificadas, con la contabilidad de las asistencias; la labor en las sesiones plenarias y en las comisiones permanentes y especiales; los discursos, la representatividad social, el traslado y hospedaje en la ciudad capital, la formación académica, la correlación de fuerzas políticas, el quorum, la consistencia de los recursos materiales disponibles, el audio y  disposición del mobiliario en los hemiciclos, las fracciones parlamentarias, son otros de los aspectos específicos a tratar. Sumemos los casos de allanamiento a la inmunidad parlamentaria: todo sugiere una pesquisa de los más rigurosos procedimientos que no son precisamente los que caracterizan la materia en esta centuria; o la suerte de los taquígrafos que gozaron de gran estabilidad laboral, sin que, desde hace varios años, el transcriptor esté presente en la cámara para apreciar hasta las anécdotas e interjecciones proferidas.  Desconocemos la actual suerte de los archivos administrativos acumulados por más de un siglo, aunque infructuosamente intentamos accederlos tiempo atrás (https://www.youtube.com/watch?v=daAf18tfy2M).

Hasta finales del siglo XX, distintas instituciones académicas y organizaciones no gubernamentales, nacionales y extranjeras, acostumbraban contactar a los legisladores para encuestarlos, apreciar  sus trayectorias, develar iniciativas legales, constatando una ciertamente escasa literatura en torno a la corporación legislativa, su naturaleza y alcances, exponiendo un completo mapa sociológico que los cruciales jefes de las diferentes bancadas tenía igualmente claro para el desenvolvimiento táctico y estratégico en la respectiva cámara de sus tormentos. En el siglo XXI parece no haber interés en el perfil de la membresía asamblearia, acaso, por la simplificación radical derivada de un régimen de comprobadas aspiraciones totalitarias, entre otros factores que apuntan a un desmejoramiento generalizado de los cuadros dirigentes.

Importa también la sede legislativa y su ubicación, pues ella que también albergó las fracciones parlamentarias hasta que las mudaron al edificio La Perla y luego al de Pajaritos, y ostentó una barbería a principios de los sesenta, nos advierte el gravísimo problema de la custodia que ha sabido de varias etapas (http://www.estudiosconstitucionales.com/REDIAJ/1225-1234.pdf). Por siempre y aún en los períodos de mayor violencia, fue libre el tránsito entre las esquinas de Las Monjas y San Francisco que albergan el histórico Capitolio Federal Legislativo; significativamente, hoy, el otrora bulevar no lo puede transitar el ciudadano común, convertido en un estacionamiento de los privilegiados, con la fealdad de barreras antes inconcebibles.

Imposible de lograr una versión absolutamente neutral, el estudioso que tenga a bien adentrarse en el proceso histórico del parlamento nacional o estadal venezolano, suscribirá una determinada corriente epistemológica que ojalá alumbre a la ciudadanía en la lucha infatigable por reconquistar la libertad y la democracia. Por lo pronto, en nuestro caso, apenas, aficionados a la historia, ha de significar la interminable construcción del sentido común (http://www.estudiosconstitucionales.com/REDIAJ/209-247.pdf).

Valga acotar, Pedro Emilio Coll fue presidente del Congreso Nacional en los tiempos de Juan Vicente Gómez. Así, Paul y su diente roto también ocupó una curul.

@Luisbarraganj


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