La realización del XV Censo Nacional del Sistema Estadístico y Geográfico previsto para el mes de septiembre de 2019 que implementará una cédula inmobiliaria que cuenta con un código QR con el fin de facilitar los trámites administrativos, ha generado una inmensa polémica por las redes sociales que amerita una parada de la discusión política internacional para revisar las posibles implicaciones de esta medida desde el punto de vista político y militar. Veamos la información oficial:

«El censo contará con dos fases: la primera el registro de las unidades inmobiliarias, allí se fijará una etiqueta en las puertas de las casas, comercios y más, con un código QR único. La segunda fase será el empadronamiento, allí el  objeto de trabajo será la familia. ‘Cuando tengamos el Sistema del Código QR en todo el territorio nacional, cuando pidan un trámite en la notaría, el pueblo no tendrá que llevar carpetas sino el código que contará con todo el sistema de datos’, dijo el vicepresidente sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez, en entrevista en el programa Café en la Mañana. Informó que este censo previsto para 2021 fue adelantado para el año corriente porque, para poder cumplir con los objetivos del Plan de la Patria 2109-2025, se requiere tener los indicadores y todo el sistema de información en línea. En la fase de empadronamiento familiar, los ciudadanos ingresarán sus datos familiares en un sistema en línea. Posteriormente, los empadronadores realizarán las visitas casa por casa donde solo escanearán el código, pues este contendrá toda la información incluida en el sistema».

 Veamos ahora los escenarios aterradores que pueden surgir con esta iniciativa de presentarse una desviación de sus propósitos científicos y sociales:

  1. Destrucción del poder municipal y sustitución por el poder comunal: se sabe que toda la información inmobiliaria de este país reposa en la Dirección de Catastro de cada una de las 335 alcaldías y en la Dirección de Rentas Municipales o Institutos Autónomos Tributarios de cada municipio reposa la información económica, por lo cual solo bastaría con solicitar la información a los alcaldes y digitalizar toda información de dichas fuentes para crear una gran base de datos que ayudaría mucho a los alcaldes. Lo interesante es que se plantea comenzar un trabajo de campo  con milicianos y activistas políticos del denominado poder popular, como si desdeñaran la información existente y obviamente crea la posibilidad desde el Ministerio de Planificación, de traspasar la información al Ministerio de las Comunas, para de manera masiva y radical, crear las ciudades comunales y demás entes señalados por los conceptos de la “geometría del poder” y las leyes del poder popular, suprimiendo las estructuras políticas que nos han acompañado desde el comienzo de la Colonia por los españoles en el siglo XVI.
  2. Registro universal de la propiedad privada inmobiliaria para una completa expropiación por emergencia económica: a la luz de las experiencias traumáticas que ha sufrido la sociedad venezolana desde el punto de vista humanitario y empresarial, no es exagerado decir que Venezuela es el país de las oficinas, los galpones de almacenamiento comercial, las parcelas industriales, las explotaciones agropecuarias y los locales comerciales y fabriles vacíos o en estado de abandono y deterioro, lo cual de acuerdo con la filosofía estatista de nuestros gobernantes implica un derroche de recursos o subutilización de estos, que pueden ser aprovechados mucho mejor por el gobierno nacional o por “el pueblo” a través de empresas de propiedad social, con lo que se abre la posibilidad de estatizar por razones de emergencia nacional de tipo económico una gran cantidad de propiedades de todo tipo para la causa del desarrollo económico gubernamental que no se contenta con las más de 800 empresas estadales que lucharían a brazo partido por echarle mano a todas estas instalaciones físicas.
  3. Posibilidad de expropiación masiva de unidades familiares por razones políticas: una vez terminado este registro de información, el gobierno tendrá la posibilidad de manejar una base de datos nacional con todas las casas y apartamentos alquilados, así como todos los hogares donde viven personas solas o de la tercera edad sin hijos y nietos, que forman parte de la masa de millones de jóvenes que han emigrado del país. Con esta información, no debería para nada sorprender un decreto masivo de expropiación de viviendas en alquiler que serían pagadas en bolívares devaluados y sin tomar en cuenta los valores inmobiliarios estandarizados aceptados actualmente, lo que sería una gran alegría para millones de personas en perjuicio de otras, bajo la excusa política de beneficiar al pueblo y “castigar a los ricos” que tienen dónde vivir y no quieren al pueblo, tal como argumentaba Hugo Chávez en las expropiaciones de sus gestiones presidenciales. Igualmente, se pondría una enorme presión política sobre aquellas residencias que se consideraran subutilizadas (grandes espacios con uno o dos habitantes) o que a corto plazo pudieran quedar abandonadas por muerte natural de sus ocupantes, quedando demás decir que las viviendas absolutamente desocupadas serian el lomito de la política habitacional de reparto de un Ministerio de la Vivienda con instrucciones de hacer clientelismo y retaliación  política y no esté inspirado en los más nobles sentimientos de justicia social.
  4. Utilización de la data poblacional para maniobras electorales: el hecho sin precedente de que sean los ciudadanos los que llenen en línea el registro de sus hogares, para ser chequeados a posteriori por funcionarios revisores, abre la duda razonable, de que solo sean supervisadas las casas de aquellas familias con naturaleza política no gubernamental, mientras se ignore al universo de personas registradas en el bando oficialista, dando la posibilidad de que miles o centenares de miles de personas voten con cédulas amañadas de fallecidos o electores que están fuera de Venezuela. No es casualidad que uno de los misterios estadísticos más fáciles de aclarar es cuántos venezolanos están fuera del país y desde cuándo, poniendo límites a la polémica de si son 2 o 6 millones de emigrados. El detalle está en que si se publicara por Internet el registro de fallecidos y emigrados, sería muy fácil hacer una limpieza del padrón electoral desde las mismas comunidades y se harían demasiado transparentes para algunos sectores la comprobación o descarte  de algunas irregularidades denunciadas durante años.

En conclusión, son muy grandes los peligros hipotéticos que se pueden generar con este censo, si se utiliza con propósitos alejados del espíritu de planificación que le debe acompañar.