El lunes pasado, cuando debían estar en las escuelas recibiendo a los estudiantes para el reinicio de las clases, los docentes decidieron salir nuevamente a la calle y alzar su voz, amparados en el artículo 68 de la Constitución que establece el derecho a manifestar pacíficamente.
Su reclamo es justo: exigen un bienestar social que les ha negado el Estado, que por el contrario lo que les ofrece es miseria y hambre. Los sueldos y las pensiones están aniquilados por la divisa norteamericana y su nuevo aliado, el llamado dólar oficial que sigue en alza y ha pulverizado la moneda nacional.
Al igual que el resto de los trabajadores del país, los docentes deben lidiar con una dura realidad como son los precios en divisas y los salarios en bolívares. Es totalmente inhumano por parte del Estado someter al pueblo menos pudiente a la pobreza extrema y asegurarle a los poderosos una mejor vida, lo que profundiza aún más las desigualdades en nuestra sociedad.
La crucifixión de los educadores continúa: como dijeron en la manifestación del pasado lunes, no tienen dinero ni para comprar el pasaje; con más razón la canasta básica es inalcanzable. Un seguro médico es solo para los más pudientes, el destino de los que no tienen recursos es el hospital, pero hay que llevar todo para ser atendidos y el salario no alcanza. A veces, incluso, deben decidir entre comprar algo para comer o adquirir algún medicamento.
Definitivamente, el poder político no puede estar por encima de el bienestar social y calidad de vida del pueblo.