El sistema de administración de justicia venezolano ha quedado prácticamente paralizado desde el inicio de la pandemia del covid-19. La respuesta dada ha sido improvisada e ineficiente. En nuestra vecina Colombia la paralización inicial ha comenzado a encontrar respuestas en la digitalización y este modelo se ha convertido en una referencia en América Latina. Lo mismo ocurre en Costa Rica, Argentina y en Chile, por ejemplo. El asunto es sencillo: o activamos la virtualidad judicial o nos paralizamos.
El avance hacia los procesos virtuales requiere que los servicios funcionen con eficacia. Las fallas de Internet y electricidad son el principal obstáculo para que la justicia venezolana pueda amoldarse a la nueva realidad que nos ha tocado vivir. Para que el cambio sea hacia un sistema de justicia que se ajuste a los mandatos constitucionales, es necesario, como paso previo y fundamental, la despolitización de la justicia. Pero esto es asunto que solo podrá lograrse en un sistema de libertades y de controles institucionales.
Además de las fallas de servicios, carecemos desde hace muchos años de una política judicial. Sobre esta materia, el profesor Humberto Angrisano fue muy claro en una videoconferencia realizada la semana pasada sobre la casación civil, organizada por el Colegio de Abogados del Estado Carabobo, y coauspiciada por la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Este encuentro virtual -que tuvo una concurrida audiencia- tenía como materia central la casación venezolana, pero permitió discutir otros aspectos relevantes de nuestro sistema procesal. Las ponencias de Emilio Urbina, Pedro Rondón Haaz, Rafael Roversi y el mencionado Humberto Angrisano, quienes, bajo la moderación del profesor Edgar Nuñez Alcántara, constituyeron valiosos aportes y reflexiones sobre aspectos que deben ser atendidos en una futura reforma del sistema de justicia.
En efecto, el Poder Judicial ha sido relegado a un tercer nivel desde hace más de cincuenta años. Los vicios que existían antes de 1999 fueron repotenciados en un recorrido indetenible hacia el control total por parte del chavismo. La falta de recursos, bajos sueldos y el sometimiento político de los jueces ha sido la moneda de cuenta en esta área.
Nada se logrará si no se diseña previamente una política judicial dirigida a garantizar la independencia de los jueces. Esta política debe contemplar, además de la despolitización, otros objetivos fundamentales: mejoras de las condiciones salariales y de seguridad de los jueces y demás funcionarios judiciales, la construcción de la infraestructura física necesaria para los nuevos tiempos, la dotación de servidores y equipos de computadoras a todos los tribunales del país, la elaboración de sistemas de inteligencia artificial que sirva de apoyo al trabajo judicial. Estas son, entre otras, las reformas necesarias y previas para que la reactivación de las actividades judiciales resulte eficaz y pueda arrojar resultados. Las modificaciones que se han propuesto (como la formalización electrónica del recurso de casación) serán cambios cosméticos, pero no de fondo. Solo un juez independiente y preparado intelectualmente estará en capacidad de administrar justicia. Lo contrario es simulación pura y dura.
Como segundo paso, es necesario la mejora de los sueldos y salarios de los funcionarios judiciales, que deberán contar con una adecuada preparación tecnológica para manejar -además de la norma jurídica- los sistema computarizados. En esta situación de hiperinflación no queda otra opción que la dolarización para que el funcionario judicial no sucumba ante la tentación que lo pueda asechar. Una remuneración acorde con sus responsabilidades, con un sistema de seguridad social apropiado, es una imperiosa necesidad. Por otra parte, los jueces deben ser designados por sus capacidades intelectuales y por sus condiciones éticas.
Los tribunales deben responder a la dignidad inherente de la magistratura: espacios físicos dignos, con servicios de agua y electricidad. Cada tribunal provisto de computadoras de última generación y servicios estables de Internet. Lo contrario es negarse a adaptarse a los cambios que la situación impone. También esto requiere de un cambio político y de un sistema que garantice la libertad.
Lo anterior resulta necesario para ir a la digitalización de la justicia, como es la tendencia universal. Quedarse relegado es continuar en el atraso y la paralización. La pronta reapertura de las actividades judiciales será un nuevo fracaso si la misma no forma parte de la reforma total del sistema de administración de justicia. Para esto la separación de poderes es fundamental.
Este es el camino hacia el proceso virtual destinado a sustituir la presencia en físico de los jueces, abogados, fiscales y demás funcionarios judiciales en la sede del tribunal por una presencia virtual. La inmediación -el contacto directo del juez con las partes y con las pruebas- se respetará con la presencia en el espacio digital, mediante el cumplimiento de las garantías necesarias. Finalmente, la audiencia virtual (o presencial cuando sea posible) debe cumplir los principios procesales como la inmediación, la concentración, la publicidad y el derecho a ser juzgado por el juez natural, todo dentro del marco de la garantía del derecho a la defensa.
En el desarrollo progresivo de la digitalización, el montón de papeles que caracteriza los expedientes judiciales terminarán finalmente en un servidor. El desarrollo de la firma digital (ya avanzado en Venezuela), el registro de correos electrónicos y la implementación de usuarios y claves, son alternativas seguras ante el fraude y la emboscada. La noción de documento público y notarial avanza aceleradamente hacia el documento digital, más seguro y menos burocrático. Esto redunda hacia una justicia más rápida y eficiente.
Son muchos los retos que tenemos por delante. La elaboración de una política judicial es uno de los más relevantes. Sin los cambios que el covid-19 nos ha impuesto, no será posible mirar el porvenir con esperanza.