Pocos parecen advertirlo, pero Venezuela se está acercando peligrosamente a una suerte de “normalidad”, una a la que ha estado apostando el régimen de Maduro desde la sacudida que comenzó con el interinato de Juan Guaidó, en aquel ya lejano enero de 2019. Por supuesto, cualquiera se puede preguntar: ¿a cuál país normal nos referimos? ¿A un país en el que, para decir lo menos, la gente sigue muriendo de hambre y desesperanza, y en el que la crisis global, alimentada para colmo de males por la pandemia del coronavirus, no parece tocar fondo?
Aunque cueste mucho reconocerlo, es triste comprobar cómo la situación desgarradora que nos ahoga desde tiempo atrás se ha convertido en algo tan rutinario y aceptado, que, lejos de haber prendido la chispa de una insurrección definitiva, ha producido el efecto contrario de la resignación. Y no es para menos, tomando en cuenta la exitosa ingeniería de control social implantada por un régimen asesorado por La Habana, desde los tiempos del difunto comandante. Venezuela es hoy día un país apagado en su más profunda esencia por una casta represora y chantajista que ha tenido entre sus mejores aliados a un liderazgo opositor que no ha encontrado la fórmula para la conformación de un verdadero frente unitario, con una visión coherente y consensuada de cómo enfrentar a un despiadado enemigo.
Pero, no es solo esta fatal “normalidad”, esta suerte de sometimiento a lo que queremos hacer referencia. Hablamos aquí de un escenario, igualmente nefasto y complementario, hacia donde nos dirigimos inexorablemente, y que retrotrae al país a momentos similares del pasado reciente, repleto de esfuerzos fallidos, derrotas y frustraciones. Entramos, nuevamente, al mundo de las percepciones, de ese entramado virtual y engañoso que sigue permitiendo al régimen perpetuarse en el poder.
Tomemos como punto de referencia principal de nuestra premisa, las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Poco importa lo que diga la comunidad internacional, tampoco las denuncias del universo opositor venezolano, que habrán de expresarse durante la consulta popular del 7 al 12 de diciembre, en la que, Dios mediante, los ciudadanos venezolanos podrán decir si rechazan o no el proceso electoral convocado por el Gobierno de facto y si estarían de acuerdo o no en que se ejerza “toda la presión” nacional e internacional que se requiera para desalojar a Maduro de Miraflores. Este evento electoral, con los resultados ya cantados, representa uno de los eslabones principales de esa “normalidad” a la que con paciencia han estado aguardando Maduro y sus acólitos. Una que, por tanto, permitirá al régimen retomar el absoluto control de todos los espacios de la desbaratada institucionalidad venezolana.
Por otra parte, nos aproximamos a un estado de “normalidad” libre de la presión constante e intimidatoria de una administración estadounidense que, con Donald Trump a la cabeza – y a menos de dos meses de su despedida – no pudo doblegar al tirano suramericano, quien ahora pretende blindarse con la írrita ley antibloqueo dirigida, precisamente, a burlar las sanciones internacionales con un plan agresivo de inversiones, sin control alguno, en áreas estratégicas de la devastada economía, por cuenta de sus principales aliados (China, Rusia e Irán, entre otros).
Hablamos de una “normalidad” que de manera cínica se habrá de consolidar gracias a la circulación (no oficial, eso sí) de la moneda del odiado imperio, y que tendrá, paradójicamente, como vector contribuyente, a la apaleada e inocente diáspora que huyó de las garras del descarado beneficiario. Una normalidad que, incluso, se manifiesta en áreas tan insospechadas como el deporte. Si, este año la “normalidad” que por ahí se olfatea nos ofrecerá, nuevamente, como regalo de navidad, otra temporada de la Liga de Beisbol Profesional Venezolano. ¡Todo bien normal, pues!
Es tarea de todos reaccionar ante esta “normalidad” que se nos pretende seguir inoculando. No es exagerado decir que los días del Presidente Interino pudieran estar contados. Truene, llueva o relampaguee, una nueva directiva de la ilegal Asamblea Nacional se impondrá el próximo mes de enero con las consecuencias de rigor que ello implica. Ya los principales voceros del chavismo están hablando de un juicio público y popular que se le haría a Juan Guaidó, desprotegido en estos momentos por el desgaste de un proceso que no acaba de encontrar vías de solución política, y por la fragilidad coyuntural que implica la transición presidencial estadounidense, bien aprovechada por un régimen que no descansa en su afán por mantenerse en el poder. La consulta popular (7 al 12 de diciembre), es un intento razonable de rechazo a los planes del régimen, pero no representa garantía alguna de contención a sus arremetidas. Para muchos entendidos, no basta con un proceso de consulta como el registrado en 2017. Se requieren estrategias y tareas complementarias que propicien la movilización efectiva de la gente en la calle, sin lo cual, los planes del régimen habrán de consolidarse.
Desde el plano internacional, si bien Europa y las democracias que apoyan a Juan Guaidó se han referido a lo ilegítimo de las elecciones convocadas para el 6 de diciembre, ningún pronunciamiento categórico hemos escuchado en cuanto a la posibilidad de que el mandato del presidente interino se extienda más allá del 5 de enero de 2021. Incluso, factores dentro de la misma oposición han manifestado dudas sobre la continuidad del interinato que comenzó en enero de 2019. Estados Unidos, principal soporte foráneo de Juan Guaidó, se presenta como una verdadera incógnita ante el cambio de gobierno que tendrá lugar a principios del año que viene. Con Joe Biden próximamente en la presidencia, opiniones han circulado en cuanto a una flexibilización de las medidas y sanciones impuestas por la Administración Trump a Maduro y su plana mayor. De ser cierta estas especulaciones que apuntan sobre todo a la reactivación parcial del comercio petrolero entre los dos países – por lo que serían razones humanitarias – estaríamos hablando de otro factor más de contribución a esa “normalidad” tan ansiada por el régimen y que atenta contra el objetivo siempre postergado de un cambio político en Venezuela.