Esta pregunta que nos crispa a diario, y que nos empuja sin solución de continuidad al respeto de las instituciones de la República, no es más; y así debemos entenderlo, como el rechazo categórico al despojo que ha realizado Nicolás Maduro, quien actuando como el dueño absoluto de los órganos del Poder Público ha fraguado el más perverso fraude electoral, que solo se iguala al que fuere cometido por Marcos Pérez Jiménez al desconocer el triunfo parlamentario de URD el 30 de noviembre de 1952, valiéndose de una Constituyente por él impuesta para tal fin, y en forma leonina declararse presidente constitucional. Sin duda y como consecuencia de tan antidemocrático comportamiento el pueblo conjuntamente con el sector castrense se empeñó en restituir las garantías usurpadas. El 23 de enero del año 1958 hubo de deponerlo. El dictador huyó en el avión La Vaca Sagrada rumbo a Santo Domingo. La soberanía se hizo residente en el pueblo, quien directamente la ejerció hasta la llegada de Chávez en la forma prevista en la Constitución. Sin duda, se logró la pervivencia de la democracia cuyos frutos se habían hecho posibles en el año 1936, cuando los estudiantes y el pueblo demandaron al presidente López Contreras la salida de los ministros, residuos de la dictadura de Gómez con presencia en el gabinete del gobierno de transición.
Sin duda, situación similar a la vivida durante la dictadura de MPJ se nos presenta hoy a 25 años de haber llegado al poder Hugo Chávez, conductor del grupo militar que izando las banderas del antipartidismo político, con apoyo de los sectores de la derecha del país, sumados los llamados notables liderados por Arturo Uslar Pietri, intelectual burócrata con marcado apego al poder ensañado contra CAP, de sectores económicos; de algunos medios de comunicación social, como también con sectores de la macolla empresarial, más vivos que el carrizo que hoy quieren de nuevo cuadrar sus simpatías, dando brincos de ponderación medradas hacia el cobijo del poder; a la vez que crean conceptos orquestados de condenación a los grupos opositores, a quienes quieren llevar al matadero electoral, para tal fin los califican de violentos y abstencionistas. Sin duda, en la política venezolana el Diablo está apostado en las encrucijadas de los caminos: el engaño persiste en la naturaleza del Diablo.
Con las bondades normativas de la democracia imperante, estos componentes del frente fascista contrario a los partidos políticos, con el asentimiento del presidente CAP lograron sustituir a un TSJ con estimada integración de independencia de su magistrados, para luego imbuido del resentimiento funcionarial del que se desempeñó como fiscal del Ministerio Público lograr que prosperaran los cargos que se le imputaron al presidente constitucional CAP, lo cual nos quitó la esperanza de no volver a tener un régimen de fuerza.
Como resultado de lo que hemos narrado el gobierno que preside Nicolás Maduro, heredero de Hugo Chávez, carece de todo respaldo popular. Según las encuestas apenas goza de escasos dos dígitos de electores, muy por debajo del respaldo obtenido por la candidata del frente nacional de la unidad opositor MCM.
El gobierno que se ha adueñado del poder ha convertido el presidencialismo autoritario en la forma más expedita para el logro de sus intereses de grupos e ignora que la Constitución como parte del proceso social y económico del país, refleja la expresión dialéctica de las fuerzas sociales. Dispone del presidente de la Asamblea Nacional no como contralor de la administración pública mediante el voto de censura, lo tiene como un agente a su servicio para gestar las maniobras que le sean dadas a sus desvaríos autoritarios. El Estado venezolano no tiene más consideración que la de ser forajido y fallido. Su componente social reclama con urgencia una dirección audaz, competente y honesta que haga valer la paz y el entendimiento colectivo, lo cual se logra mediante una consulta colectiva honesta.
El problema venezolano no es el fundamento, entre otros de un dilatado y maniqueo juego de palabras, producto de ocurrencias perversas para el disfrute del poder, que conlleva a los que gobiernan a difamar e injuriar, como se evidencia del comportamiento verbal y direccional de Padrino López, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y los que forman parte del cónclave de NM; tampoco para resaltar el valor epónimo de algunos militares activos, y como es habitual señalar en forma pública al fiscal general nombres de ciudadanos para ser procesados, sin fórmula de juicio, con desaparición manipulada.
La situación de crisis electoral carente de control, vivida y repudiada incluso por gobiernos de izquierdas en el mundo, constituye una arbitrariedad que obliga al país, sin discriminación alguna, sin cortapisa ser capaz por sí mismo de ejercer la soberanía mediante ejercicio del sufragio. La oposición para tal fin hubo de entenderse unitariamente: escogió su candidata para oponérsela a la candidatura continuista de Nicolás Maduro, todo con sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Electoral. La celebración de las elecciones presidenciales para el 2024 fue concebida en el Acuerdo de Barbados, donde se reconocieron los principios de independencia, autonomía funcional, despartidización de la administración electoral y claridad en el proceso. El acuerdo de Barbados conllevó a Maduro al incumplimiento de lo pactado. Así lo manifestaron los que participaron en sus discusiones, lo cual es creíble dada la reputación de los plenipotenciarios que participaron en las discusiones. El comportamiento de Maduro es todo lo contrario a llevar a cabo un proceso electoral legítimo: ideó un cronograma electoral todo lo contrario al convenio electoral suscrito en Barbados. Maduro ordena la elaboración del cronograma electoral, escoge los miembros del CNE y determina la inhabilitación de MCM negándose a la aceptación de Corina Yoris, dándole reconocimiento a los que se postularon por la Plataforma y Un Nuevo Tiempo. Se evidencia como muestra de deslealtad la asumida por la Plataforma Unitaria y Un Nuevo Tiempo, que inscribieron candidaturas sumando discursos que tildan de violentos al sector verdaderamente mayoritario de la oposición. Maduro demostrando falsa funcionarial se declare en campaña, usa los recursos del Estado para su promoción presidencial: actúa como un maula: le impone a la oposición la candidatura presidencial y arremete contra Corina Yoris, pone en marcha un cronograma mediante el cual fragua un fraude carente de argumentos que puedan legitimarlo. Dentro de la argucia de Nicolás Maduro está su empeño de impedir la escogencia de Corina Yoris y alienta la candidatura de Manuel Rosales, lo cual ha sido más que demostrado, pretendiendo con ello hacer inactiva a las fuerzas opositoras, para imponerse a la candidata sustituta Corina Yoris. Afirmo que la solución presidencial no le da oportunidad de triunfo a Manuel Rosales, su inscripción en el registro electoral para los sectores de oposición es todo un naufragio que no tiene más sentido que ponerse al servicio del juego continuista de Nicolás Maduro, que si en verdad Rosales se considera un demócrata que defiende la Constitución, con sentido cívico y ciudadano tiene izar las banderas del pueblo, retirar su candidatura y ponerse al servicio de los intereses de la Nación. Todos nos dice que el gobierno de Maduro no puede continuar. Rosales tiene que someterse a una devoción de enmienda. El país lo reclama. Pactar con Maduro y que este cumpla los acuerdos firmados no es posible ni con un documento notariado.