La estrategia comunicacional de Guyana en relación con la justa reclamación de Venezuela del Territorio Esequibo, controversia que conoce la Corte Internacional de Justicia, tras haberse declarado competente mediante su cuestionada decisión del 18 de diciembre de 2021, busca presentarse ante la comunidad internacional como “víctima” de “amenazas territoriales constantes”, como lo han dicho muchas veces autoridades de ese país, en particular, hace un par de años en la Asamblea General de la ONU el mismo presidente Mohamed Irfaan Ali, afirmación que ha sido reiterada en diversas formas en declaraciones posteriores, incluso en la misma Corte durante las audiencias públicas convocadas para conocer las excepciones de admisibilidad planteada por Venezuela en julio de 2022.
En su declaración en la audiencia del 21 de noviembre de 2022 el agente de Guyana, el ex primer ministro Carl B. Greenidge, dijo que “se trataba de una controversia de larga data que se había resistido a una solución por más de medio siglo que ha arrojado una amenazadora sombra sobre la seguridad y el desarrollo de Guyana a lo largo de su existencia como Estado soberano, una sombra arraigada en los esfuerzos por Venezuela de borrar la frontera terrestre y reclamar casi tres cuartas partes del territorio de Guyana… una cuestión existencial para Guyana”.
Hace apenas unos días, con motivo del 57 aniversario del Acuerdo de Ginebra, falseando de nuevo la realidad, en un comunicado de prensa el gobierno guyanés reiteró que Venezuela “había buscado socavar el Acuerdo de Ginebra y frustrar la resolución de la controversia por la vía judicial…” exigiéndole que abandonase “su antiguo objetivo imperial”, lo que fue rechazado por Venezuela mediante comunicado de esa misma fecha.
El gobierno guyanés se ha empeñado todos estos años y más ahora en mostrar la “vocación” imperialista y guerrera de Venezuela, sus amenazas a la seguridad y a la soberanía de Guyana, un montaje que busca tergiversar la realidad y esconder el origen real de la controversia que no es otro que el despojo de nuestro territorio mediante una decisión política inscrita en un laudo arbitral, organizada por el presidente del tribunal arbitral, el ruso De Martens, con la venia de los jueces británicos y estadounidenses que participaron en el proceso.
El tribunal ignoró los argumentos jurídicos venezolanos, lo que permitió que la propuesta de De Martens de no motivar la sentencia se impusiera, a pesar de que había la obligación de hacerlo, como lo consideraba el derecho consuetudinario de entonces, recogido en la Convención sobre solución pacífica de controversias de La Haya de 1907, a pesar de la insistencia del jurista ruso que encontró una oposición casi unánime de los delegados a la Conferencia.
La victimización que pretende Guyana busca apoyo internacional y de alguna manera sensibilizar a la Corte que deberá saber, por testimonios de Venezuela, que el territorio en reclamación fue siempre venezolano con base en títulos jurídicos claros, a pesar de la elaboración de mapas que establecían líneas sin ninguna sustentación y que algunos espacios habían sido ocupados ilegalmente por colonos ingleses, lo que utiliza Guyana en sus planteamientos, contradiciendo el principio de la preeminencia de la titularidad jurídica sobre la posesión y del principio del uti possidetis iuris que había sido expresa y arbitrariamente descartado por imposición de los ingleses en el compromiso arbitral y en el arbitraje.
Venezuela debe mostrar que la sentencia es nula y que tiene titularidad jurídica suficiente y bien documentada sobre el territorio esequibo lo que expresa el claro despojo del que fue objeto por la acción impuesta por el árbitro y presidente del tribunal De Martens, acompañada por la vergonzosa aceptación de los otros miembros del tribunal.