Dos de los países de mayor influencia en el “Caribe africano”, Brasil y Cuba, apadrinaron el encuentro de Argyle. La semana pasado hicimos una comparación entre el Tratado de Versalles y el desafortunado Pacto, resulta que el compromiso en la teoría de los juegos se asemeja al “ahorcado”, un juego de palabras y oraciones que la contraparte debe adivinar dentro de cierto tiempo y oportunidades.
A partir de la negociación del acuerdo (si fue que se negoció), ¡el compromiso de marras!, Venezuela tiene que adivinar qué quisieron decir los negociadores de Brasil, San Vicente y compañía cuando el numeral (1) de la Declaración implica “garantías a Guyana” sobre un refreno de Venezuela respecto al uso de amenazas y un hipotético uso de la fuerza, lo cual además de “amarrarnos las manos” política y diplomáticamente, nunca ha estado realmente planteado.
En esta adivinanza, el numeral (6) señala que ambos Estados se abstendrán, “ya sea de palabra o de hecho, de intensificar cualquier conflicto o desacuerdo derivado de cualquier controversia entre ellos”; y “cooperarán para evitar incidentes”; al mismo tiempo Guyana (si esto no es una escalada militar encubierta) recibe cooperación militar de Estados Unidos, Inglaterra, Canadá y Brasil; mientras sorprendentemente, el numeral (4) apenas toma nota de la reclamación y del proceso judicial seguido en la Corte Internacional de Justicia.
Paradójicamente, la participación de Brasil, San Vincente y una serie de primeros ministros y altas autoridades como testigos de excepción en esta conjura, le dan un carácter especial y particular con su participación, al comprometer a sus gobiernos en el fiel cumplimento de los acuerdos alcanzados en esta reunión. Hay que recordar que el argumento de la convocatoria fue reducir las tensiones entre la ex colonia inglesa de la Guyana británica y la República Bolivariana de Venezuela con motivo de nuestra justa reclamación, por lo cual, en este contexto, es necesario que la Cancillería rechace los argumentos de Georgetown y de las empresas transnacionales que ilegalmente operan en la zona en reclamación, de las intenciones de Venezuela de anexarse por la vía militar la zona en reclamación.
En este orden de ideas, es necesario rechazar las declaraciones fariseicas de los comandantes del Comando Sur de Estados Unidos; así como de miembros del Commonwealth y del Caricom cuando afirman de una escalada político-militar por parte de Venezuela, cuando en todos los foros internacionales Venezuela ratifica su compromiso con la “Diplomacia Bolivariana de Paz”.
Si fuéramos gobierno denunciaríamos formalmente ante la comunidad Internacional el encubrimiento que a través de acuerdos de cooperación militar Washington y Georgetown están potenciado las capacidades militares de Guyana. El jueves pasado, seguido del Pacto de Argyle realizaron llevaron a cabo maniobras militares aéreas conjuntas. A través del Comando Sur de Estados Unidos y la Fuerza de Defensa de Guyana, con la excusa de la lucha contra el contrabando y tráfico de drogas. El envío de una nave de guerra de Inglaterra es una franca violación al acuerdo de Argyle , mientras que las declaraciones del agregado militar de Canadá se pronuncia en áreas fuera de su competencia, en favor de Guyana. Esperamos que el Ministerio del Poder Popular de Relaciones Exteriores tome nota del doble discurso del gobierno de Brasil, el cual organiza una reunión para supuestamente reducir la escalada y aliviar las tensiones entre Venezuela y Guyana y a su vez están moviendo y reforzando las fronteras entre ambos países.
Ante el asedio diplomático y escalada militar que Guyana ha venido propiciando en contra de Venezuela y su reclamación sobre el Esequibo, exhortamos al gobierno y al Ministerio del Poder Popular de Relaciones Exteriores a tomar nota del decurso que viene teniendo el Pacto de Argyle en contra de nuestros intereses y objetivos en la recuperación del Esequibo; a la vez que solicitamos se convoque a la Secretaría del Caricom, a la troica de la Celac y al jefe de la Secretaría de la Celac; y a la Comisión Conjunta de Ministros de Relaciones Exteriores, a los fines de denunciar el equipamiento militar que Guyana está desarrollando, que pone en peligro la paz de la región.
Considerando que Venezuela cuenta con toda la cadena histórica jurídica que demuestran nuestros derechos sobre el Esequibo; mientras que Guyana solo ejerce un derecho “de facto” producto de invasiones y componendas a partir del tratado de Washington de 1897 y el Laudo de París de 1899; recomendamos que a pesar de las reservas que se puedan tener sobre algunos de los fallos de la Corte Internacional de Justicia en contra de las objeciones presentadas por Venezuela, reconocer su jurisdicción, como única vía de demostrar nuestros derechos sobre el Esequibo, debido a que la no participación de Venezuela en dicho proceso la dejaría indefensa, a la luz de que una decisión en contrario tendría un alto costo político para el gobierno y la integridad territorial de Venezuela.