En los actuales momentos, estamos presenciando una escalada de declaraciones de gran violencia verbal contra Colombia, que incluyen conspiraciones que pueden ser calificadas de actos de guerra, como si los problemas del país no fueran suficientes para pensar en la idea de una guerra abierta y limitada, como la ocurrida entre Perú y Ecuador u Honduras y El Salvador, entre otras.
Entre dichas declaraciones, se destacan las siguientes:
- “Estamos listos para la defensa armada del territorio nacional cuando haga falta, en el momento y en el lugar adecuado”.
- “El liderazgo narcotraficante tomó el liderazgo del gobierno de Colombia con Álvaro Uribe Vélez y ahora con el gobierno de Iván Duque. Colombia es un verdadero narcoestado”.
- El ministro de Defensa, Padrino López, acusó a Colombia de convertirse en un “centro de conspiración” contra Venezuela y agregó: “Salen en cargas de barcos, submarinos y aviones, inundando toda Centroamérica de droga. Lo que estoy diciendo es una verdad absoluta, comprobada. 8% pasa o intenta pasa por una vía de Venezuela”.
- “Desde allí se ha organizado un continuo y descarado injerencismo, atroces intentos de magnicidio e incursiones armadas bajo contratos mercenarios. Estas últimas, precisamente en momentos cuando las instancias internacionales pedían un cese de hostilidades debido a la covid-19. Todo lo anterior constituye una actitud agresiva, cuyas acciones bien podrían considerarse como actos de guerra”.
- Por parte de Iván Duque se referencia lo siguiente: El Comando Especializado contra el Narcotráfico y las Amenazas Transnacionales «lo lanzaremos el próximo 26 de febrero, entrará en plena operación en el mes de mayo y nos va a permitir darle golpes certeros al narcotráfico», dijo el mandatario en entrevista con Radio Nacional…Entre los «objetivos de alto valor» el presidente citó a exguerrilleros de las FARC que se apartaron del acuerdo de paz de 2016 como Iván Márquez, Jesús Santrich, Hernán Darío Velásquez, conocido como el Paisa, Henry Castellanos, alias Romaña, entre otros. En la lista también figuran miembros del Ejército de Liberación Nacional, la última guerrilla activa reconocida en Colombia, y del Clan del Golfo, la mayor banda narco del país… señalando expresamente que «en Venezuela muchos de ellos están protegidos porque el Cartel de los Soles está al lado de Nicolás Maduro, está haciendo operaciones de narcotráfico», aseguró Duque.
El riesgo del gobierno nacional de provocar la intervención militar estadounidense parece estar calculado a que el presidente Joe Biden no hará nada por la Colombia de Iván Duque, de la misma manera como pensó Irak en 1990 cuando atacó Kuwait, y Argentina cuando invadió militarmente las islas Malvinas en 1982, pensando que ningún país pasaría de sanciones económicas y diplomáticas.
La guerra es un asunto militar con fundamentación económica y la crisis actual hace difícil imaginar financiar una guerra de semanas o meses, dada la destrucción de la industria nacional y el inevitable cierre de fronteras e importaciones que implica un estado de guerra, siendo igualmente factible el cierre financiero por parte de Estados Unidos de casi la totalidad de las remesas, generando una situación de racionamiento total de los escasos recursos existentes, especialmente en materia alimenticia y medicinal.
La indudable superioridad inicial de las Fuerzas Armadas de Venezuela, por las compras realizadas a la Federación Rusa en Blindados (T-72), Artillería (BM-21-1 Grad) y Aviación (Sukhoi Su-30), solo sería insostenible si no hay intervención militar estadounidense, o si el conflicto es corto y limitado, pues las diferencias económicas actuales entre ambas naciones es tan grande que llevaría la tragedia humanitaria de la población en Venezuela a los peores límites.
El apoyo diplomático de México, Cuba, Nicaragua, Argentina, Turquía, Rusia y China no va a funcionar en caso de guerra a gran escala, y solamente Irán y Corea del Norte que están muy lejos pueden acometer apoyos militares muy reducidos por la lejanía geográfica.
Amenazar a Colombia con guerra puede ser un gran oportunidad de victimización para Iván Duque y otros presidentes que desean salir de Maduro, para evitar su influencia política y económica en sus países.
En el caso de Fedecámaras, la presentación formal de un amplio paquete de propuestas de corte económico que obligan a un enorme cambio político, es una declaración de guerra o petición de rendición que es inaceptable para el PSUV.
Entre dichas propuestas se destacan las siguientes:
1. La incorporación de representantes de la empresa privada en las instancias de coordinación contra el covid-19, declarando lo siguiente: “Esto a fin de procurar un programa de vacunación masivo a nivel nacional, que incluya a los trabajadores del sector privado y sus familiares, previas las decisiones políticas necesarias para asegurar la adquisición de las vacunas”.
2. Un plan de abastecimiento sobre la base de suministro nacional ordenado, información sobre disponibilidad y consumo del combustible, un inventario que dé cuenta de las instalaciones e infraestructura petrolera, concesiones a la empresa privada, habilitación de sistemas de pago del combustible y libre contratación del personal calificado en la industria petrolera.
3. Una reactivación de la economía fundamentada en el respeto y estímulo a la propiedad privada; políticas en favor de la producción nacional; un ajuste de la política tributaria, las medidas crediticias y monetarias; un plan de estabilización de los servicios públicos en general; revisión de las políticas de fiscalización, y propuestas laborales transitorias y de compensación salarial.
4. Un paquete legislativo enfocado en los siguientes ítems:
- Una nueva Ley Marco para la Emergencia Sanitaria y Reactivación Económica.
- Una nueva Ley de Libertades Económicas, Inversión y Desarrollo.
- Nuevas Leyes de Ciencia y Tecnología, de Simplificación de Trámites, de Teletrabajo.
- La revisión de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.
- Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas.
- Derogatoria de la Ley Orgánica de Precios Justos y otras modificaciones de leyes o normas que restringen la participación privada.
5. Sin duda alguna, el punto político más ofensivo e innegociable para el PSUV está resumido en la siguiente declaración: “Fedecámaras mantiene desde hace dos décadas un proceso de queja por incumplimiento de varios convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); por el que se encuentra sujeta a la ejecución de las Recomendaciones emitidas por la Comisión de Encuesta en septiembre de 2019, que incluyen la formalización de la Mesa de Diálogo Tripartita –gobierno, empleadores y trabajadores–, con la asistencia técnica de la OIT y presencia sindical plural”.
La idea de la tripartita implica para el gobierno de Nicolás Maduro una idea insoportable, porque cuestiona su creencia de ser los monopolizadores de los intereses de las clases trabajadoras y levanta el yugo de las imposiciones a los empresarios desde el gobierno, obligándolo a tratarlos como personas valiosas y no como subordinados de los dueños de la política de desarrollo económico nacional, que plantea la idea de la economía planificada. El cambio de modelo implica reconocer públicamente el fracaso del socialismo del siglo XXI y la pérdida del control sobre lo que queda del sector productivo en Venezuela.
Igualmente, colocar a Fedecámaras en una posición de comando en la lucha contra el covid-19 o la distribución de combustible es darle un peso político inaceptable para la cultura política del gobierno, siendo mucho más fácil para este un gobierno de salvación nacional con Cuba, Irán y China, bajo la figura de asociaciones estratégicas, cooperación internacional o solidaridad revolucionaria que un gobierno de unidad nacional con actores económicos privados.
La aplicación de las propuestas concretas del sector empresarial matarían la propaganda oficialista y con ello todos los proyectos planteados este año referente a las Comunas y Movimientos Sociales (200 ciudades comunales y 4.000 parlamentos comunales), además de desbaratar las redes de poder tejidas durante años, por lo cual no es difícil imaginar que la respuesta gubernamental será muy negativa a dicha propuesta.
Es de esperarse por ello que seguiremos durante algún tiempo más bajo el efecto de las sanciones estadounidenses, mientras continúa la crisis del covid-19.