En este momento es difícil predecir con certeza si finalmente el gobierno americano mantendrá las sanciones contra Venezuela. La decisión dependerá de una serie de factores: las negociaciones, por un lado, entre el gobierno de Maduro y la oposición liderada por María Corina Machado, quien va de primera en las encuestas; y; por el otro, la “oposición oficial”.

Si las negociaciones progresan y se logra el levantamiento de las inhabilitaciones a los candidatos no del gusto y simpatía del gobierno y se materializan avances significativos en temas como la celebración de elecciones libres y justas; la liberación de presos políticos y  el respeto a los derechos humanos, es posible que la Casa Blanca alivie o elimine algunas de las sanciones. Sin embargo, si las negociaciones no avanzan o si el gobierno no cumple con los acuerdos de Barbados , es probable que las sanciones se mantengan o incluso se endurezcan.

Si la crisis humanitaria en Venezuela empeora, el Departamento de Estado podría verse en la situación de mantener o incluso, aumentar las sanciones para presionar al gobierno a tomar medidas para que acceda a sus peticiones, por lo contrario, si la situación humanitaria mejora, Estados Unidos podría considerar aliviar algunas de las sanciones para facilitar el flujo de ayuda humanitaria al país. En este contexto, la posición del Congreso de los Estados Unidos y de la opinión pública internacional sobre las sanciones a Venezuela son factores importantes a considerar. En el primero de ellos, algunos congresantes son partidarios de mantener las sanciones, mientras que otros creen que debería aliviarse.

La Licencia General No. 44 (GL 44), la piedra angular de las sanciones fue emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos el 18 NOV 2023, con fecha de vencimiento 18 de abril próximo, autorizando temporalmente ciertas transacciones relacionadas con el sector petrolero venezolano que de otra manera estarían prohibidas por las Regulaciones de Sanciones de Venezuela (VSV).

El objetivo de la Licencia es promover, la confianza entre las partes y la estabilidad del mercado energético global. La licencia en concreto, busca evitar interrupciones en el suministro de petróleo venezolano, lo que podría tener un impacto negativo en los precios del petróleo a nivel mundial; a su vez que buscaba facilitar el flujo de ayuda humanitaria al país. Su alcance autoriza: Una amplia gama de transacciones relacionadas con el sector petrolero venezolano, incluyendo: la exploración y producción de petróleo a determinadas empresas como Chevron y asociadas; La refinación y transporte de petróleo; La exportación e importación de petróleo y  Transacciones financieras relacionadas con el sector petrolero. Con unas determinadas excepciones, al no autorizar transacciones con entidades o individuos sancionados por la OFAC, ni autoriza nuevas inversiones en el sector petrolero venezolano,

La cuestión esta, que vista la decisión del TSJ de mantenerla inhabilitación de María Corina Machado y de otros candidatos no del gusto del gobierno, la Casa Blanca advirtió que si no hay una rectificación en esa decisión, no renovara la Licencia LG 44, con unos efectos desbastadores sobre la economía nacional, cuando se veía una luz al final de este largo oscuro túnel que “por ahora” lleva 25 años. Los efectos de estas sanciones, nos pueden hacer la desafortunada Cuba de América Latina o de Sur América como mejor guste. Lo que si es cierto es que  nos retrocedería a la crisis vivida en el 2017 y 2018 con las largas colas por pan y nuestras madres y esposas se peleaban en un auto mercado por un rollo de papel higiénico. “Prohibido olvidar”

La decisión de renovar la licencia dependerá de una serie de factores. Del gobierno, de cumplir con los acuerdos de Barbados, así como del impacto de la licencia en el mercado energético global, considerando que en promedio la producción petrolera diaria fue de 753 mbd para el año pasado (2023), con una variación positiva de un 8,2%, con respecto a la producción promedio de 2022, que fue de 696 mil bpd; lo cual se debió a tres factores, fundamentalmente a: -la flexibilización de las sanciones; -un aumento en la inversión privada como ha sido el caso de Chevron y -la recuperación del mercado petrolero.

Si el gobierno reacciona de manera negativa, ello tendrá sus consecuencias: las relaciones entre la Casa Blanca y Miraflores se seguirán deteriorando -obligaría al Sr Biden, a las puertas de unas reñidas elecciones, demostrar su fortaleza, al término de estos 4 años- el impacto sobre la economía seria brutal; mientras que si el gobierno responde de manera positiva y toma medidas para mejorar las relaciones con Washington, es posible que las sanciones se levanten en el futuro.

En una primera conclusión, la Licencia General No. 44 es una medida unilateral, de esas que en el Derecho Internacional se conocen como retaliación, con un impacto significativo en el sector petrolero venezolano. El renovar o no la licencia tendrá importantes repercusiones en la economía y la política de Venezuela. En una segunda conclusión, el impacto sobre la democratización no ha sido directo, efectivo ni visible, “la puerta giratoria sigue funcionando”. Salen unos y entran otros, pues se ha centrado en cuestiones económicas relacionadas con la industria petrolera. En una conclusión final, las sanciones pueden ser una herramienta útil para el restablecimiento de la democracia, pero deben usarse con cuidado y junto con otras medidas. Es necesario tener en cuenta que el contexto específico de cada país es importante para determinar la eficacia de las sanciones, debido a que como ejemplo en el caso de Cuba ha sido poca su efectividad, ya que ha servido más bien de la excusa perfecta para ocultar la ineficiencia de las revoluciones socialistas.


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