Cuando estamos esperando otra decisión sentencial de la Corte Internacional de Justicia, esta vez referida al supuesto carácter “válido y vinculante” del nulo e írrito Laudo Arbitral de París del 3 de octubre de 1899, aspiramos que prevalezca, entre nosotros, la unidad de criterios que ha habido para encarar esta lucha. Auguramos la necesaria solidaridad e identidad nacional que merece el caso de la Guayana Esequiba. Deseamos que nos mantengamos como un bastión compacto y fortificado.
Sospechamos que dentro de las estrategias, que han diseñado y acometido los coagentes de la Contraparte en el pleito, se cuentan: los pronunciamientos de la Caricom y –quizás para los próximos días—de la Commonwealth; así también, han logrado sumar opiniones de algunos países que (como es fácil advertir) tienen fuertes intereses en el área en contención, y ya han recibido ilegalmente por parte de Guyana concesiones para el desarrollo de proyectos.
Han logrado acopiar suficientes recursos dinerarios de las empresas transnacionales (¿extorsión?) que operan –sobre todo—en la proyección atlántica en la Zona en Reclamación, para cancelar los carísimos honorarios de los abogados litigantes en este caso.
Los delegados de la excolonia británica andan envalentonados y soberbios, porque presumen que la decisión les será favorable, aun en ausencia de la representación venezolana. Además, manejan la intención de proceder de inmediato a delimitar áreas marinas y submarinas en la proyección atlántica que genera la costa del área en cuestión; con lo cual estrangularían la salida de Venezuela al mar.
Sospechamos que acudirían al Consejo de Seguridad de la ONU para que coopere en la ejecución de la sentencia del Alto Tribunal de La haya que, conforme a lo que calculan, el juicio los va a favorecer. Son, entre otras, las falaces presunciones que ellos tienen “entre pecho y espalda”
No me atrevería a sospechar de la probidad de los jueces o cuestionar la honestidad del jurado sentenciador de la Corte Internacional de Justicia; a pesar del forzado autoconferimiento de jurisdicción que se atribuyeron, en diciembre pasado, para conocer forma y fondo del litigio, inclusive a contravención de su propio Estatuto.
En estricto derecho, en lo inmediato Guyana no tiene nada que buscar, salvo regresar a la negociación directa con Venezuela, en apego absoluto al Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966.
Por lo pronto, tengamos presente que en el actual tramo epocal, tal vez como en ningún otro, los venezolanos estamos “condenados” a compartir. Com-partir para reencontrarnos en un crisol, a pesar de las especificidades de cada quien, lo que en realidad sabemos con anticipación es diverso.
Ya lo he dicho en otras ocasiones: “el pleito chiquito” interno queda para después.
Debemos compartir espacios societales y de políticas de Estado; y en este caso concreto: compartir criterios sobre el álgido asunto contencioso que dirime la CIJ. Unanimidad discursiva.
Del mismo modo, a propósito de la situación litigiosa, en que devino el citado reclamo por la extensión geográfica que se nos arrebató, ha aflorado con suma pertinencia el vocablo con-vivir; el cual calza a la perfección con lo que ha sido nuestra práctica tradicional como país, en relación con nuestros vecinos.
Bastantes veces recibimos contundentes críticas por ser demasiados lerdos, pacientes y pasivos por las tropelías que se comenten en las zonas limítrofes.
Insistimos en reconocer que los nexos vecinales de carácter humano no son ni serán nunca territoriales para que impliquen diferenciaciones sociales; por eso, reivindicaremos, con seguridad, a los Esequibanos y a la Guayana Esequiba. Ellos lo saben.
Mientras que a muchas naciones les resulta complicado con-vivir; cuya más amplia acepción vendría a significar, algo así como tejerse a la piel del país amigo, con el cual compartimos pared demográfica; Venezuela continúa enarbolando ante el mundo sus banderas de amistad y solidaridad, indistintamente de parcelamientos ideológicos o de cualquier otro tipo.
Nosotros, que llevamos acendrado, por heredad histórica, la solución pacífica que originan circunstanciales conflictos por espacios fronterizos, prevalecemos la categoría humana Con-vivir; cuya significación va mucho más allá que llenar de personas un espacio territorial o asentar a una considerable porción de gente ( traída de varias partes del mundo) en un lugar determinado para que busque manera de satisfacer –según puedan– sus necesidades existenciales; que fue lo que hizo el Imperio Inglés, ocupar ese espacio una vez que se suscribió el Acuerdo Anglo-holandés de 1814.
Apreciamos hoy cuánta sabiduría contenida en el aleccionador discurso del investigador social chileno-venezolano, Pedro Cunill Grau:” «Poblar las fronteras y garantizar su desarrollo en los procesos de integración interna es básico para preservar la soberanía nacional. La geohistoria moderna nos ha proporcionado patéticas enseñanzas acerca de las consecuencias de ausencias de ocupaciones efectivas de lindes fronterizos».
Por la importancia y trascendencia de lo que reclamamos, y en estricto apego al Derecho Internacional Público, estamos obligados a “hablar el mismo idioma”. Las incoherencias que manifestemos (adrede o involuntariamente) en el ámbito internacional se pagan caro. No diversifiquemos intenciones o criterios en nuestro reclamo contencioso venezolanista.
No podemos negar que hemos cometido errores, desaciertos e impropiedades; sin embargo, nuestra lucha reivindicativa cada vez se vuelve más inmarcesible.
No es el momento de escrutar, resentirse o cuestionar dónde estuvieron los errores, torpezas o desaciertos en el manejo de la contención contra la excolonia británica.
Alabamos –sin mezquindades– el trabajo suficientemente soportado con documentos de las ONG´s que han cumplido, por encima de las limitaciones pandémicas, bastantes actividades con el propósito de sensibilizar y concienciar a la población nacional del despojo hecho a nuestra geografía, mediante la aludida tratativa tramposa.
Dentro de este mismo orden y sentido, deseamos expresar otro elemento, no menos importante, me refiero al recato y la prudencia que ha tenido el sector oficial para manejar las estrategias que el caso demanda. Inclusive ha abierto un amplio abanico de consultas a múltiples sectores de la sociedad venezolana; haciendo buena y propia la diplomacia abierta.