La mancomunidad de las (54) naciones, que en alguna etapa histórica habían sido colonias del Imperio Inglés, se reúnen cada dos años.

Tal congregación, conforme a la reglamentación que han establecido al respecto, se lleva a cabo en un Estado miembro, con carácter rotatorio, y asume la presidencia de ese cónclave el primer ministro o presidente de la nación anfitriona, quien se convierte en la máxima autoridad en ejercicio de la Commonwealth hasta la próxima asamblea.

Ha resultado que la cofradía, originalmente programada para 2019, se había pospuesto para el año pasado; pero debido a la pandemia del coronavirus, no se pudo efectuar.

Nos acabamos de enterar que han pautado el próximo encuentro para el 21 de junio del 2021, en el centro de Convenciones de Kigali, Ruanda. Consecuencialmente, al frente estará Paul Kagame, jefe de Estado de ese país africano.

Por cierto, nos llama la atención que será la primera Cumbre de la Commonwealth que se celebrará en un país que no había sido colonia británica o dominio del Reino Unido.

El eje temático vertebrador, el cual fue discutido y aceptado por las comisiones delegadas que preparan la asamblea con anticipación, es el siguiente:  «Hacer realidad un futuro común: conectar, innovar, transformar».

Hasta ahora, todo parece que discurriera bajo completa normalidad.

Lo sorprendente viene de seguidas con la agenda, contentiva de   los aspectos que serán debatidos, analizados y aprobados.

Veamos: gobernanza y estado de derecho, TIC e innovación, juventud, medio ambiente y comercio, litigio guyanés en la Corte Internacional de Justicia, multilateralismo, valores democráticos, desarrollo sostenible, empoderamiento de las mujeres y los jóvenes.

En el pueblo guyanés, según publican sus diarios, se mantiene la creencia que producto de las esperadas deliberaciones en ese encuentro internacional de países identificados por sus raíces sociohistóricas, ellos puedan obtener apoyos y disposiciones mucho más concretas, resoluciones escritas que trasciendan lo puramente retórico.

Por ejemplo, las dos grandes organizaciones políticas dentro del Parlamento Nacional, tanto del oficialismo (Partido del Progreso Popular), como de la oposición (Congreso Nacional Popular), han entregado, desde ya, a la delegación que viajará para tal ocasión, un voto de confianza para que se traigan un acuerdo suscrito por los jefes de Estados.

Tanto que, el presidente de Guyana, Irfaan Ali, ha condicionado su presencia en Ruanda siempre y cuando le permitan hacerse acompañar por parte de los coagentes que representan a ese país, en la Corte, Shridath Ramphal y Payam Akhavan; con la finalidad de que les sea concedido un derecho de palabra en la plenaria, para explicar cómo se ha llevado el proceso litigioso frente a Venezuela, en el mencionado Alto Tribunal de La Haya.

Asimismo, han adelantado una aproximación del documento de absoluta solidaridad que ellos aspiran sea rubricado al concluir este evento.

De verdad que los asuntos de la Commonwealth y todo cuanto significa y comporta esta entidad internacional no es de nuestra incumbencia.

Con seguridad, lo que sí nos interesa –y mucho—apunta hacia las determinaciones que deben tomarse en nuestro país con relación al proceso jurídico que se adelanta en la Corte Internacional de Justicia; instancia jurisdiccional que en sentencia del pasado 18 de diciembre se asumió con competencia para conocer el fondo de la controversia que sostenemos con la excolonia británica.

Con los elementos de probanzas que las Partes consignarán, la CIJ resolverá la validez o invalidez del Laudo Arbitral de París, del 3 de octubre de 1899. Nuestro equipo tiene que abocarse a demostrar –en su debida ocasión y lugar– por qué calificamos ese Laudo de írrito y nulo; además sin eficacia jurídica.

Ahí, justamente, es donde debemos mantener nuestra expectativa y foco de atención.

Lo que nos corresponde hacer, sin perder tiempo ni perspectiva, es ir afinando nuestras estrategias para desplegarlas en el momento exacto cuando nos presentemos: 08 de marzo del 2022; fecha para que se efectúe –por cuenta nuestra– el acto de consignación del memorial de contestación de la demanda; y directamente hacernos parte del juicio, con nuestra manifestación de consentimiento e inequívoca de obligarnos.

No hay nada de qué temer; porque poseemos los más contundentes elementos jurídicos, históricos, cartográficos; para apertrechar nuestras alegaciones de hechos y de derecho.

La contraparte es consciente del inmenso caudal de recursos probatorios oponibles que poseemos.

Ellos, cuando les toque la ratificación del recurso interpuesto, nunca presentarán títulos traslaticios (como los tenemos nosotros); por cuanto carecen del más mínimo documento que los respalde, en estricto derecho.

Precisamente la contraparte lo que desea –en su artera maniobra– es que Venezuela siga invocando la No Comparecencia, para que surta efecto el artículo 53 del Estatuto de la Corte:” 1. Cuando una de las partes no comparezca ante la Corte, o se abstenga de defender su caso, la otra parte podrá pedir a la Corte que decida a su favor. 2. Antes de dictar su decisión, la Corte deberá asegurarse no sólo de que tiene competencia conforme a las disposiciones de los Artículos 36 y 37, sino también de que la demanda está bien fundada en cuanto a los hechos y al derecho”.

Ya la Corte nos ha dicho –sin remilgos– que el contenido del mencionado artículo constituye una norma legítimamente aplicable en estos casos.

¿Acaso la Corte no nos asomó –con la decisión del año o pasado– que está dispuesta a emitir su fallo, inclusive sin la representación de Venezuela?

Tengamos claro y pendiente que el juicio no se paralizará por nuestra ausencia.

Particularmente, he sido respetuoso de las alternativas de solución a la contención que algunos sectores y personas han presentado. Unas más extravagantes que otras. Cada quien expone y opina cómo adelantar acciones para reivindicar la Guayana Esequiba –séptima parte de nuestra geografía venezolana– que con vileza y tratativa tramposa nos la arrebataron.


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