Para desazón de inmunólogos, virólogos y expertos sanitaristas, los gobiernos ya dan por aprendidas las enseñanzas de la COVID-19. Frente a una crisis mundial del costo de vida, los funcionarios se resisten a gastar grandes sumas en preparación contra pandemias. Pero hay enseñanzas fundamentales que se relacionan con el funcionamiento básico del sector público, e incluso países con presupuestos restringidos deberían tomar medidas básicas para mejorar sus capacidades de gestión de crisis. Medidas que también pueden ayudarlos en la preparación para el cambio climático y otras emergencias potenciales.
La experiencia del Reino Unido ofrece algunos indicios valiosos. Justo antes de la COVID-19, el RU ocupaba el segundo lugar en el Índice Mundial de Seguridad Sanitaria, que mide la capacidad de los países para detectar, prevenir y comunicar epidemias. En 2016, el gobierno británico hizo un simulacro de tres días para evaluar el impacto que tendría una pandemia de gripe, y creó un manual de gestión de riesgos para usar frente a brotes de enfermedades contagiosas. Aún así, el RU tuvo demasiadas dificultades para controlar la COVID-19. Y como muestra un informe reciente de Ciaran Martin y coautores, es probable que la causa de ese desorden en la respuesta del país a la pandemia no haya sido que hubo falta de preparación, sino disfuncionalidad en el sistema político.
Hubo países que lograron una coordinación efectiva entre los diversos niveles de gobierno durante la pandemia. Un ejemplo es Alemania, donde en los primeros meses de la COVID-19 las autoridades nacionales y subnacionales se reunieron para elaborar una estrategia unificada, con espacio para una diversidad de respuestas de nivel local. En Australia, los encargados de la toma de decisiones unieron fuerzas al principio de la pandemia para desarrollar una estrategia nacional coherente que incorporara las experiencias locales.
Pero en el RU la pandemia tensionó la relación entre el gobierno británico y las administraciones autónomas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte. En las primeras semanas de la pandemia, el gobierno nacional se hizo cargo de la compra de elementos de protección personal y kits de diagnóstico para todo el país, y puso en práctica un programa de retención de empleo que luego fue imitado por las tres jurisdicciones mencionadas.
Pero la respuesta unificada del RU a la pandemia se deshizo el 10 de mayo de 2020, cuando el entonces primer ministro Boris Johnson flexibilizó las medidas de confinamiento. Los gobiernos de Escocia, Gales e Irlanda del Norte se opusieron con vehemencia a la decisión; sus protestas revelaron no sólo la desconexión ente Westminster y las administraciones autónomas del RU, sino también la ignorancia por parte de Johnson de la estructura de gobernanza del país. La preparación para pandemias demanda diálogo, toma conjunta de decisiones y compartir información y recursos, sobre todo entre gobiernos controlados por diferentes partidos políticos.
En el RU, eso falló en los cuatro gobiernos, y también falló, en otro nivel, en Inglaterra. La falta de colaboración con los gobiernos locales hizo extremadamente difícil diseñar e implementar una respuesta efectiva a la pandemia. En Inglaterra las autoridades locales tienen responsabilidades amplias y muy concretas en caso de emergencia, pero el gobierno nacional no conocía sus capacidades o no confió en ellas. En la década anterior a la pandemia, el gobierno redujo drásticamente los fondos destinados a las autoridades locales, lo que las dejó con más responsabilidades pero con menos recursos y falta de capacidades.
Al principio de la primera cuarentena, las autoridades locales enfrentaron enormes dificultades para la provisión de servicios básicos. Los costos se dispararon; y los ingresos se derrumbaron cuando el gobierno de Johnson suspendió el pago del impuesto inmobiliario de las empresas. En un intento de mantener a las autoridades locales controladas, el gobierno decidió ir entregándoles los fondos de a poco y revisar los pedidos futuros caso por caso, lo que restó todavía más capacidad a los funcionarios locales para hacer planes y preparativos.
La preparación para emergencias futuras demanda al gobierno del RU invertir en capacidades de recolección de datos y personal de gestión de crisis en el nivel local. También debe restituir la financiación a los gobiernos locales, para dar margen de acción suficiente a las municipalidades y administraciones regionales.
Otra enseñanza crucial para fortalecer las capacidades públicas de gestión de crisis es que las autoridades deben cultivar relaciones duraderas con el sector privado, que les permitan aprovechar su poder y alcance. Hubo gobiernos que durante la pandemia trabajaron con las empresas para planificar e implementar protocolos laborales, diseñar programas de apoyo a los empresarios, garantizar la eficacia de los procesos de compra pública e invertir en recursos de diagnóstico y seguimiento y en el desarrollo y la adquisición de nuevas vacunas.
Un buen ejemplo es el grupo de trabajo que creó el gobierno británico para acelerar la producción y distribución de vacunas contra la COVID-19. Pero incluso en este caso, hubo falta de confianza y de colaboración. En una charla que dio en 2021 y en la que contó sus experiencias como presidenta del grupo de trabajo, Kate Bingham (socia gerente en una empresa de capital riesgo) habló de una profunda desconfianza hacia emprendedores y directivos de empresas, a los que muchas veces se consideró y trató como peces gordos ávidos de dinero y sólo interesados en esquilmar a los contribuyentes. También señaló que los funcionarios mostraron poco interés en comprender la diferencia entre actividades privadas rentistas y actividades privadas con valor económico.
Por desgracia, el carácter improvisado de la respuesta del RU llevó a que en algunos casos se otorgaran contratos a peces gordos y aprovechadores. En 2021, un grupo de líderes empresariales presentó una serie de recomendaciones para el éxito de las alianzas público-privadas. Estas incluían: que haya un compromiso real y duradero del gobierno con la acción y la colaboración con el sector privado; que al momento de ofrecer lugares a los actores privados se anteponga el mérito a las relaciones históricas; y que a los participantes los mueva el deseo de aportar experiencia real y no solamente de hacer lobby. Estas recomendaciones son válidas para cualquier gobierno que quiera una colaboración significativa con las empresas.
En las próximas décadas, el cambio climático generará desastres, pandemias, olas migratorias y conflictos violentos que llevarán las capacidades públicas al límite. Para desarrollar mecanismos de gestión de crisis capaces de soportar los embates del futuro, es necesario que los gobiernos nacionales aprendan las enseñanzas de la pandemia, sobre todo en lo referido a la necesidad de crear relaciones duraderas y basadas en la confianza con las autoridades subnacionales y los líderes empresariales locales.
Traducción: Esteban Flamini
Ngaire Woods es decana de la Escuela Blavatnik de Gobierno en la Universidad de Oxford.
Copyright: Project Syndicate, 2023.