Se conoce como forajido a toda persona facinerosa que anda fuera de un poblado, huyendo de la justicia y etimológicamente, la palabra forajido proviene del castellano antiguo “fuera” que significa “expulsado”.
Existen países como Venezuela que el término forajido no se aplica únicamente al individuo que comete el delito, y huye a un sitio fuera de la vida urbana, sino a cualquier tipo de delincuente o asaltantes de personas o instituciones, incluyendo los delincuentes de cuello blanco
Los Estados forajidos son vistos como aquellos que poseen gobiernos fracasados durante su gestión, y así son observados por la gran mayoría de su pueblo y a nivel internacional. El filósofo estadounidense John Eawis (1921-1992), teórico político internacional, creó el concepto de los “Estados forajidos”, pues se caracterizan por no respetar los derechos humanos y convertir los normas éticas y sociales de la comunidad, en un comportamiento de bandidos por parte de su pueblo. Por otra parte, un Estado forajido incumple leyes y convenios internacionales, así como las decisiones de los organismos internacionales que tienen como finalidad preservar el orden y la paz mundial.
El término de Estados forajidos se aplica a países árabes, asiáticos y latinoamericanos, como es el caso de nuestro país, debido al constante rechazo e incumplimiento de todas las decisiones, por parte de los organismos internacionales, especialmente en el caso de la liberación de los presos políticos y del respeto por los derechos humanos.
Se denominan gobiernos fallidos aquellos que presentan una extrema fragilidad interna y en algunos casos más graves el colapso total de sus instituciones. La inquietud inicial por estos Estados se centró en razones humanitarias. Sin embargo, aparte de los atentados del 11 de septiembre del año 2002, estos Estados son objetivos ideal para las redes terroristas, el tráfico ilícito de armas y de todo tipo de actividades delictivas. Esta preocupación ha motivado que Estados y organizaciones internacionales, como la OCDE, Banco Mundial y Naciones Unidas, hayan creado grupos y organismos específicos para abordar el tema. Igualmente, el término “Estado fallido” se ha convertido en parte del lenguaje habitual. Sin embargo, la categoría de “Estado fallido” , no existe en Derecho Internacional, por lo que no es un concepto claro e inequívoco al respecto, Pero junto a la expresión “fallido” encontramos otras como “frágil”, “desestructurado”, “colapsado” o en “vías de fallar”, que se utilizan como intercambiables, aunque tiene distintos significados, pero igual caben en el lenguaje del venezolano común.
En el caso de Venezuela, se aplica sin lugar a dudas el término de “Estado no solo forajido sino fallido”, pues el régimen de Nicolás Maduro se caracteriza por la falta de gobierno efectivo, con serias implicaciones jurídicas que hacen referencia a su continuidad como Estado, miembro de organizaciones internacionales y la severa imposibilidad de asumir y cumplir obligaciones internacionales, así como su responsabilidad internacional.
Un claro ejemplo de lo que afirmamos es que Venezuela no puede ni siquiera adquirir vacunas para combatir el coronavirus, cuya pandemia es universal y todos los gobiernos del mundo han adoptado medidas urgentes para prevenir males peores, ello debido a que adeuda unos 11 millones de dólares al fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), de acuerdo con información de Ciro Ugarte, experto de la organización durante la sesión informativa semanal organizada por este organismo.
Venezuela ha sido desde hace 21 años objeto de las más inauditas situaciones políticas desde que Hugo Chávez llegó al poder por la vía del voto popular en unas elecciones democráticas y años después a raíz de su grave enfermedad que lo llevó a la tumba, su hijo putativo y heredero de la corona, Nicolás Maduro en el año 2018 en unas elecciones ilícitas convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente, órgano creado por el régimen comunista del PSUV, en franca violación de la propia Constitución Nacional, inició un nuevo período presidencial hasta el año 2025, lo cual motivó a que países reunidos en el Grupo de Lima volvieran a reclamar “el restablecimiento de la democracia”, acción diplomática tendiente a presionar a Maduro y demandar la celebración de nuevas elecciones presidenciales democráticas, que hizo caso omiso una vez más, y por el contrario convocó a las elecciones parlamentarias que fijó fecha para el venidero 6 de diciembre.
Estados Unidos, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA) y países del Grupo de Lima, entre los que se encuentran Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, no reconocieron el resultado de los referidos comicios, situación que definitivamente mantiene a Venezuela y el régimen usurpador de Maduro con un gobierno “forajido y fallido”.
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