“Ningún gobierno puede subsistir si pierde el apoyo de los militares”.
(Dr. Enrique Tejera París).
El pasado 22 de octubre se celebraron las elecciones primarias de la oposición. Ese día el pueblo ejerció su soberanía con su voto, a través del sufragio y le otorgó un mandato popular a María Corina Machado, al ser designada como candidata presidencial de la oposición con el 92,5 % de los votos. Pero, a pesar de que ese mandato popular expreso se tradujo en una legitimidad de origen a su favor, el régimen y el CNE impidieron su inscripción, con una fraudulenta e ilegítima inhabilitación. Sin embargo, la movida inteligente de la Plataforma Unitaria logró la inscripción de Edmundo González Urrutia, diplomático de carrera y presidente de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), como candidato de la oposición.
El domingo 28 de julio serán las elecciones presidenciales y desde ya debemos prepararnos para el cambio político que predicen las encuestas y el pueblo en la calle. Todos los sondeos de opinión revelan una diferencia de 80 a 20 a favor de Edmundo González Urrutia, candidato de la unidad, y de su líder María Corina Machado. La derrota del régimen de Maduro es indetenible y desde ya debemos organizar ese difícil proceso de cambio político, para pasar de un régimen tiránico y autoritario a un gobierno democrático, Desde ya debemos planificar la transición política y enfrentar ese largo tiempo, ese vacío constitucional, entre el triunfo electoral el 28 de julio y el traspaso de mando en enero 2025; y esa aplastante manifestación de cambio expresada ese día por el pueblo será respaldada por la familia militar, como legal e históricamente lo ha hecho, porque ningún poder podrá revertir la voluntad de los votantes.
Toda transición política está cargada de incertidumbre y cada proceso es único con grados y características diferentes. Históricamente desde 1831, en Venezuela hemos tenido varios gobiernos de transición y podríamos basarnos en esa tradición jurídica y precedentes legales y constitucionales. Para empezar, nos apoyaríamos en el artículo 328 de la Constitución Nacional que determina que la Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia; al servicio exclusivo de la nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna; que ordena a los militares a reponer la soberanía nacional si ha sido violada; y sabemos que la soberanía reside en el pueblo que la ejerce por elecciones.
De forma inmediata se debe nombrar una Junta de Gobierno de Transición, presidida por el presidente electo Edmundo González Urrutia, que elaborará los decretos correspondientes para: 1) La liberación de los presos políticos y militares; 2) El regreso de los exiliados; 3) Devolución de los medios de comunicación a sus dueños; 4) Restitución de las empresas y fincas expropiadas y nunca indemnizadas. Se decretaría algo parecido al Plan Marshall que rescató a una Europa destruida por la II Guerra Mundial, para socorrer a nuestro país que ha perdido 80% de su infraestructura química y petrolera; y 75% del sector industrial, debido a las expropiaciones y expoliaciones del chavismo. También se designaría un “gabinete ministerial en la sombra” para afrontar sin demora los problemas más urgentes; y se nombrarían los presidentes y juntas directivas de Pdvsa, Pequiven, Corpoelec y las empresas de Guayana.
Este gobierno de transición tendría la tarea inmediata de recuperar las instituciones, restablecer la separación de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), fundar una República donde impere la ley, se respeten los derechos humanos y al ciudadano. Pero además, abordaría el problema de la pobreza, de la inseguridad y de la violencia; y desarrollaría el plan Venezuela Tierra de Gracia, propuesto por Vente Venezuela: libre desarrollo del individuo, estado al servicio del ciudadano y economía de libre mercado; respeto irrestricto a la propiedad privada y estímulo al emprendimiento.
Venezuela y los venezolanos exigimos y nos merecemos un proceso de transición democrático, civilizatorio y en paz.
Abogado y miembro de Vente Venezuela