«Un gobierno de emergencia nacional tiene que salvar a Venezuela del coronavirus, pero también del socialismo», afirmó Dignora Rojas, diputada a la Asamblea Nacional por Vente Venezuela, el domingo 5 de abril por el diario El Nacional. Es esta una valoración correcta que hace la parlamentaria. No se trata de salvarnos de la pandemia, que ya es bastante pedir, no. Cuestión más grave aún para los venezolanos librarnos del régimen socialista que ha devastado nuestro país, y ha extendido sus males más allá de nuestros límites geográficos.
Si ciertamente el coronavirus ha tenido conmiseración con nosotros, “un país que, como se sabe universalmente, no dispone de hospitales”, ni de clínicas privadas suficientes para atender de manera eficaz un grueso número de infectados; es fácil, entonces, presagiar sus fatales consecuencias si se sueltan las amarras. La Providencia debe estar al corriente de que en Venezuela desde hace muchos años escasean medicinas, agua, electricidad, gas; y de varias semanas para acá tampoco se consigue gasolina; a duras penas alcanza para algunos vehículos oficiales.
Es natural que esta dantesca amenaza haya tocado el corazón de otros países, que parten de la idea de que la solución sería un gobierno de emergencia, que frente a esta contingencia pueda encarar la pandemia. Ahora, realmente este no es el centro de esta angustia de nuestros amigos extranjeros, no. Más allá está lograr encaminar de una vez por todas a esta nación hacia la prosperidad a través del establecimiento de un gobierno democrático, o un gobierno de emergencia; es esta la auténtica idea. Cabe, entonces, preguntarse lo siguiente: ¿a qué se debe esta línea dura, determinante, que ha logrado el respaldo de países que a pesar de apoyar a los sectores democráticos fueron reticentes a una salida de fuerza?
En primer lugar, tiene mucho que ver con el gravísimo error del régimen, que es la génesis de este conflicto, el plan de desplazar por la fuerza, comprando diputados de oposición, lo que se conoció en la jerga política como Operación Alacrán, para echarle mano a la Asamblea Nacional. En segundo lugar, la más amarga, la ejercida por el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, quien anunció la presentación de cargos criminales por narcotráfico y terrorismo en contra de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Maikel Moreno, entre otros. La medida supone la profundización de la presión de Washington para forzar la salida del poder de Maduro, a quien califica como gobernante ilegítimo y dictador. Ofrece recompensas por estos y otros altos funcionarios que van desde 15 millones de dólares hasta 10 millones como en el viejo oeste norteamericano, a quien dé información que lleven a sus capturas.
Para concluir, el gobierno de emergencia ha sido apoyado por los partidos políticos de oposición que conforman el G4 a través de un acuerdo surgido de la Asamblea Nacional; pero no han efectuado el mismo gesto cuando actúan como organizaciones individualmente. Es decir, estas organizaciones partidistas han sido excesivamente reflexivas; tanto que han sostenido un profundo mutismo, pocas veces se refieren al gobierno de emergencia, lo ignoran olímpicamente. Estos partidos han perdido mucha fuerza, dejaron de ser imprescindibles en razón del apoyo naval que está o estará anclado en las aguas del mar Caribe. Para rematar, Nicolás Maduro aún tiene entre sus manos las probabilidades de escoger entre lo cruento y lo incruento…