En una de sus últimas cadenas nacionales, el ser que dirige la usurpación de los poderes en Venezuela reafirmó la inutilidad de las elecciones aquí. Esto lo reconfirmó al aludir, saludándolos a «gobernadores» y protectores de las gobernaciones «perdidas» en los comicios regionales, aquellos donde un sector de la oposición participó aupando, atornillando, al régimen criminal. El simple saludo es la constatación (recordación abusiva diríamos) de la imposición, del opresivo manejo del poder que impide hasta el desempeño libre de aquellos que supuestamente les ganaron en un proceso eleccionario elementalmente absurdo. En el cual algunos saltimbanquis de la política apostaban ridículamente a ganancias arrasadoras en sus fantasías eróticas con la geografía electoral.

Refirió  aquel a tres de esos gobernadores alternos, paralelos, por sus nombres: el de Nueva Esparta, el de Mérida y el de Táchira. Los nombres de esos alteradores del ordenamiento juridico-político del Estado importan poco. Resulta fundamental el hecho del triunfo dominador y la acción siniestra de gobernar al margen, sombreando a quienes ejercen de gobernadores limitados, cortados en sus funciones por protectores que son fichas más directas y confiables de los terroristas apoderados.

No solo carecemos de separación de poderes sino que se muestran diaria, consuetudinariamente, irrespetuosos de la determinación del «soberano», si hacemos buena la consigna estipulada en la Constitución de que la soberanía reside en el pueblo. Pues la falacia en la ejecución parece fundamentarse en una idea muy popular entre los hampones: si no ganan, arrebatan. Nada constitucional premisa, por cierto.

Por eso resulta sumamente ineficiente elaborar mentalmente la idea del sostenimiento del sátrapa mayor en el rincón sumamente protegido de Miraflores como parte de una negociación que brinde la posibilidad de lo que se pide dentro y fuera: democracia, elecciones libres, accionar en libertad de la ciudadanía y respeto no solamente inicial sino también final de los designios de los votantes. De la legitimidad.

Son nada fiables. Son delincuentes de oficio. Ni siquiera tramposos. El secuestro del poder y de todos los ciudadanos es tal vez su crimen mayor en la permanencia. ¿Qué hacen esas figuras de protectores al cuido de unos estados que tienen o deberían tener sus gobernadores producto de una legítima elección sin sombras estorbosas? Una clara demostración más de su burla descarada de las decisiones de electores que acudieron mal informados a las urnas. Algunos no tan solo a las de la votación. ¿Elecciones con estos criminales para incrementar protectorados? O, peor: ¿elecciones para prolongar la agonía de la nación y los connacionales dentro y fuera del país? No. Elecciones cuando sirvan para restablecer la institucionalidad, no para garantizar otra sesión amplia de entreguismo.


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