El globalismo pretende imponer su hegemonía apoyado en organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales solventadas por los grandes magnates de la globalización, que a la par que han multiplicado sus fortunas personales, han optado por dedicar una alícuota de sus ingresos a financiar a los operadores de la llamada «sociedad civil» convertidos en activistas del progresismo internacional. Desde una visión neomarxista deponen viejos conceptos ideológicos que marcaron el debate ideológico durante el siglo XX.
La lucha por la libertad no tiene fin, más aún cuando tiranías como las de Cuba, Nicaragua o Venezuela están vigentes y no dudan en respaldar la invasión de Rusia a Ucrania. Están decididos a seguir conculcando las libertades de sus ciudadanos, reprimiendo la protesta en La Habana, Managua o Caracas y encarcelando a sus opositores como ocurrió luego de las protestas del 11 de julio de 2021 en las principales ciudades de Cuba.
Por otro lado, la sentencia a 10 años de prisión impuesta a la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, (hace pocos días) es una cabal demostración de cómo los tribunales de justicia al servicio del Movimiento al Socialismo (MAS) y bajo el tutelaje de Evo Morales, desdeñando el procedimiento establecido en el «juicio de responsabilidad», han condenado a la señora Áñez, generando el rechazo de organismos internacionales defensores de los derechos humanos. La postulación de Evo Morales en las elecciones generales celebradas en octubre de 2019 y la posterior auditoría internacional realizada por la Organización de Estados Americanos, determinaron que, a través de un contundente informe, los peritos señalaran graves irregularidades en los comicios. Evo Morales pretendía ser elegido para un cuarto mandato consecutivo, violando el orden constitucional, burlándose de los resultados de una consulta popular realizada por su gobierno, apoyado en un falso mesianismo y en un liderazgo cada vez más cuestionado. El pueblo de Bolivia se movilizó durante días, denunciando el fraude electoral, generándose un vacío de poder, luego de la renuncia tanto de Evo Morales como del vicepresidente García Elera.
En Bolivia no se produjo un golpe de Estado. La senadora Áñez en su condición de segunda vicepresidenta del Senado asumió la primera magistratura, dándole estabilidad al país afectado por la violencia y la crisis política gestada por los afanes reeleccionistas de Evo Morales. El gobierno de transición que presidió la señora Áñez afrontó la crisis sanitaria derivada de la covid-19 y convocó a nuevas elecciones. El expresidente Morales, violando las normas del derecho de asilo, desde México y luego desde Buenos Aires (el gobierno peronista le otorgó asilo), realizó activismo político permanente, respaldando la candidatura de Luis Arce como candidato del Movimiento al Socialismo. La victoria de Luis Arce facilitó el retorno de Evo Morales a Bolivia en las primeras semanas de la nueva administración. Es evidente que, en Bolivia, los magistrados (en su mayoría provisionales) no gozan de independencia respecto al poder político. El expresidente Evo Morales ejerce el poder, en un gobierno presidido por Luis Arce, que actúa bajo la influencia del líder cocalero.
La sentencia impuesta a la expresidenta Áñez ha sido apelada. Todos los indicios aseguran que no se ha respetado el debido proceso, que no se ha permitido el ejercicio pleno de la defensa, que se ha hecho abuso de las audiencias virtuales (so pretexto de la crisis sanitaria) y más aún es notorio que la sentencia condenatoria tiene una evidente motivación política.
El liderazgo de Evo Morales se construyó en el tiempo, apoyándose en movilizaciones signadas por la violencia. La aprobación de la Constitución en 2009 no ha democratizado el país. Se han estrechado los lazos con el castro-chavismo y el gobierno del MAS se ha insertado en el llamado «socialismo del siglo XXI”. En los últimos lustros se ha multiplicado el cultivo de las hojas de coca, con fines que van más allá de lo tradicional; convirtiéndose la economía cocalera en una fuente de ingresos importante para un país mediterráneo, limitado en su oferta exportable y poco atractivo para la inversión extranjera. La sentencia impuesta a la señora Áñez es arbitraria y responde a un mandato político impuesto por un líder como Evo Morales, que pretendió erigirse en un referente político en América Latina, enarbolando las banderas de los pueblos del altiplano. La comunidad internacional está vigilante. No cabe duda de que Jeanine Áñez será reivindicada más allá del fallo de un tribunal. Lo hará la historia.
Artículo publicado en el diario peruano El Reporte