La libertad de expresión es el pilar fundamental sobre el que se sostiene una sociedad democrática; es un mecanismo de control político y un medio de rendición de cuentas, que obliga a todos los que ejercen una cuota de poder, desde el jefe del Estado hasta el último jefe de parroquia, a justificar sus actuaciones. ¡Ningún servidor público tiene un cheque en blanco detrás del que se pueda ocultar! Por eso, la libertad de expresión es siempre la primera víctima bajo un régimen despótico, que no desea que se divulguen sus actos ilegales o arbitrarios. Es precisamente esa visión de la política, como el ejercicio responsable del poder, sometido al escrutinio público, lo que distingue a la oposición democrática de lo que es la esencia del chavismo: su intolerancia, su desprecio por la libertad de expresión, y su constante acoso a los medios de comunicación social, incluyendo a los que utilizan Internet, como es el caso de El Nacional o de La Patilla. Es contra eso contra lo que luchamos. Pero sería ingenuo asumir que la intolerancia a la crítica política, o el afán de ocultar las arbitrariedades cometidas, es una característica exclusiva del chavismo. Si no se tienen firmes convicciones democráticas, la tentación totalitaria puede estar presente en cualquier persona que tenga un poco de poder.
En mi columna anterior, critiqué una decisión de la Alcaldía del Municipio El Hatillo, autorizando, en una zona residencial, la realización de un espectáculo comercial que, por el ruido que generó, molestó a algunos de los vecinos, invadiendo la privacidad de sus hogares e impidiendo que pudieran descansar o dedicarse a sus actividades normales. Basaba mi comentario en la Ley Orgánica del Ambiente, en el Reglamento sobre ruidos molestos, y en una Ordenanza suscrita por el propio alcalde Sayegh que, entre otras cosas, tenía el propósito de erradicar los ruidos molestos. Esas consideraciones causaron mucho disgusto al señor alcalde, por lo que, desde su despacho, se llamó a este periódico para amenazar con una demanda por difamación si dicho artículo no era retirado. De hecho, estuvo fuera de la red durante algunas horas. ¡Ni Chávez, ni Maduro, ni Cabello habían conseguido algo semejante! No son los tiempos del índice de libros prohibidos. Es bueno recordar que, sin perjuicio de la determinación de responsabilidades ulteriores, la Constitución en vigor prohíbe la censura previa.
Si se sentía afectado por informaciones inexactas o agraviantes, de acuerdo con el artículo 58 de la Constitución, el señor Sayegh podía haber invocado el derecho de réplica y rectificación; si ese era el caso, podía haber dicho en qué aspectos mi comentario faltaba a la verdad, era inexacto, o resultaba agraviante. Podía haber negado que la alcaldía hubiera otorgado un permiso para ese evento comercial, o podía haber sostenido que mi interpretación de la Ley Orgánica del Ambiente o del Reglamento sobre ruidos molestos no era correcta, o que era falso que, bajo su gestión, se hubiera aprobado una Ordenanza ecológica de convivencia ciudadana; podía haber negado que la policía de El Hatillo garantizó la seguridad externa de ese evento, o podía haber afirmado que, con ese comentario, lejos de defender la legalidad o los derechos ciudadanos, mi intención era humillarlo y ofenderlo. Sin desmentir ninguna de mis afirmaciones, y sin siquiera objetar mis motivos, el señor Sayegh prefirió amenazar con una demanda por difamación a este periódico, que durante tres cuartos de siglo ha sido un baluarte de la libertad de expresión, y que ha resistido los embates de uno y otro lado.
La política es una actividad digna y respetable, pero que está reservada para gente de carácter, que disfruta de los elogios y los aplausos, pero que también es capaz de resistir la crítica política. Dedicarse al servicio público requiere cierto temple, y no es una actividad propia de mercachifles, que al primer soplido se doblan; por eso, Harry Truman advertía que aquellos que no soporten el calor deben salirse de la cocina.
Seguiré defendiendo la legalidad y los derechos ciudadanos, con todas las armas que me da la ley. A menos que haya circunstancias que me obliguen a hacer lo contrario, no es mi intención volver a referirme a la gestión del alcalde Sayegh. Pero, que quede claro que, de mis opiniones, al igual que de mis actos, respondo yo y solamente yo. Si el alcalde Sayegh considera que he incurrido en difamación, que me demande; pero que no siga el camino de Diosdado Cabello, demandando al periódico, y pretendiendo silenciar e intimidar a quienes no comparten su forma de manejar los asuntos públicos.
¡Feliz año, amigo lector! Que, en el 2020, finalmente se restablezcan nuestras libertades, y que reencontremos la senda del crecimiento económico y del progreso social.