Por Freddy Millán Borges
La educación como fenómeno político se desarrolla en un contexto histórico, que supone un proyecto a largo plazo, como una postura filosófica definida por un consenso entre sus distintos actores sociales.
La falta de estos consensos, sustituidos por expresiones autoritarias, desfasadas de la realidad, improvisadas y dogmáticas, ha impedido construir un modelo de gestión pertinente, inclusivo y con logros.
Posturas concebidas desde el economicismo y el mecanicismo coexisten con los excesos del misticismo quietista, sin obra, propios del hipercriticismo, un buen tema para reflexionar en otra oportunidad; unos pragmáticos y otros etéreos en formas de vanidad intelectualista, vacías de humanidad y de realismo.
El hacer es el imperativo ético-político de una sociedad devastada por la crisis económico-social, la conflictividad política, la hiperinflación, el colapso de los servicios públicos y en estampida migratoria, inédita para los venezolanos y sin precedentes en el continente, que se narra en una exclusión brutal, como resultado del modelo populista castrosocialista que nos sumió en el atraso, la expoliación y la destrucción.
El quehacer trasciende lo escolar y su reto cultural lo ubica en lo educativo para construir un cambio sostenible, integral, gestado por toda la comunidad política, que transforme el modelo en dirección contraria a lo que nos caracteriza actualmente, pues huelgan caracterizaciones a la situación que vivimos, en espacios penumbrosos, desolados, silenciados, vaciados de contenido, rutinarios, opacos y conformistas, en esa estética de la desesperanza.
La energía del cambio se sustenta en la fuerza creadora de los protagonistas de la educación, que en resistencia con lo establecido, desarrollan un esfuerzo de investigación, construcción teórica, reflexión, difusión y acción en materia de gestión y políticas públicas educativas, desde el campo democrático, para el cambio, la transformación e innovación, como Memoria Educativa UCV (Bravo Jáuregui), Asamblea Nacional de Educación (Carvajal), Cerpe (Ugalde), Casa del Lápiz (Ecarri Angola), GUAU (De Viana), Quehacer Educativo (Vivas Santana) y las más variadas y plurales expresiones.
En el ámbito académico se concibió la relación entre gerencia y gestión en términos tensionales por la carga economicista, mecanicista e instrumental que llegó a tener al ver a la educación en términos contables y mercantiles cuando corresponde la complementariedad, asumir la gerencia en su sentido operativo y la gestión, en su alcance estratégico. En la Constitución y en la Ley Orgánica de Educación se define la gestión en el desarrollo de los principios de participación y corresponsabilidad. La participación supone la acción consciente y solidaria en los procesos sociales, y la corresponsabilidad asume las consecuencias de dicha acción en la dimensión personal, comunitaria e institucional.
Los procesos estamentarios, fragmentarios, atados a lógicas reticulares deben ser superados por el giro antropológico, centrado en el pleno desarrollo y promoción de la persona humana que comprenda la gestión en su sentido político-social como un proceso humano, participativo, comunitario, solidario, cooperativo y corresponsable, con una sólida fundamentación ético-política.
La gestión es un concepto complejo, sociopolítico, transversal-complementario, participativo, solidario y para la realización plena de la persona, una concepción personalista desde el punto de vista antropológico porque supone la consideración del concepto de persona humana, constructora de su realidad, en relación con las demás personas y en reconocimiento mutuo del tú, del yo y del otro, en comunicación y encuentro, imbricados e implicados a través de la participación consciente y solidaria, con responsabilidades asumidas y compartidas, formando comunidad de intereses y propósitos en proyectos compartidos, para la transformación educativa, y así ponerla al servicio de la sociedad. Todo ello en un innovador marco jurídico representativo de las dinámicas sociales para que la ley no sea “letra muerta”, sino, por el contrario, un pertinente y representativo instrumento transformador, para dignificar a la persona en un contexto de bien común, la justicia, la solidaridad y el pluralismo.
El Plan País es un espacio para discutir y patentizar un cambio cultural sostenible que trasciende al cambio político. La gestión democrática de la educación debe orientarse hacia la construcción de una cultura democrática y participativa.
La educación para la democracia, mediada por la gestión en clave antropológica, como asunto cultural, implica el desarrollo de la escuela y otras instituciones educativas como la familia, los medios de comunicación, las iglesias, las organizaciones comunitarias, los sindicatos y los partidos políticos, que entrañen un comportamiento democrático, en la participación y acción ciudadana.
Estamos obligados a llenarnos de humanidad desde la concepción de la persona humana en sus ámbitos de la cultura, la comunidad y en su sentido axiológico. La persona es realizadora y trascendente. La sentencia bíblica, “por sus frutos los conoceréis” (Mt. 7:16), manifiesta la necesidad de ofrecer testimonio. Atendamos el llamado y labremos en un campo fértil la posibilidad de construir una sociedad democrática con el pleno respeto de la dignidad humana, la primacía del bien común, la solidaridad y la justicia social.