Nuevamente tenemos que referirnos a una de las situaciones más injustas que viven los venezolanos. No decenas, ni cientos sino millones de adultos mayores a quienes el gobierno, como si estuviera integrado por huérfanos de padre y madre, trata con absoluto desdén.
Como si fuera un regalo y no un derecho adquirido por quienes cotizaron religiosamente durante su vida laboral activa, ya es costumbre que, con bombos y platillos, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (que, por cierto, no parecen ser seguros ni sociales) anuncie el depósito de las pensiones. Esta semana voceó la entrega correspondiente al mes de julio. Pero, ¿qué bomba se le puede dar a míseros 130 bolívares? ¿Cuántos productos para la mera subsistencia se pueden adquirir con ese dinero?
Ante su incapacidad para encontrar mecanismos que garanticen un ingreso digno a los venezolanos, Nicolás Maduro soslayó aumentar el salario mínimo. Sin embargo, se cuidó mucho de promocionar un aumento del bono de alimentación y de anunciar la llegada de otras regalías, olvidando que si hay algo que los pensionados no reciben es el cestaticket y que son las empresas privadas las que lo pagan religiosamente. Los otros bonos que ofreció en su festival de mentiras son tan discrecionales que está a buen resguardo la lista de quienes los reciben; o son inexistentes, un embuste más.
Acorde con eso los funcionarios del gobierno hablan gamelote, se llenan la boca con la palabra “pueblo”, tanto por televisión como dentro de las paredes ubicadas en la esquina de La Bolsa (que ellos de bolsas no tienen nada) y vociferan contra una supuesta guerra económica que a los denunciantes pareciera no afectar dados los vehículos de alta gama y teléfonos de última generación de los que hacen ostentación en los restaurantes de moda. La verdadera guerra es la que le han declarado ellos a millones de venezolanos que solo cuentan con sus pensiones para sobrevivir.
Indolentes en su metaverso (para usar una palabra también de moda que no significa más que vivir en un universo paralelo) deberían asumir el reto de intentar subsistir durante 1 mes con 4 dólares. Es más, para darles ventaja, supongamos que también son jubilados de la administración pública y que reciben adicionalmente otros 300 bolívares. Lleven la miseria a 430 bolívares e intenten solamente comer. No estamos hablando de pagar medicinas, vivienda ni servicios. Solo para comer, una familia de cinco miembros necesita, de acuerdo con el Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros, más de 14.000 bolívares mensuales. Redondeando, casi 3.000 bolívares por cabeza que están muy lejos de lo que un pensionado/jubilado puede recibir.
A lo mejor el experimento les permitiría asomar la nariz desde su burbuja y explicarse por qué se ha incrementado la presencia de personas mayores en las calles, especialmente a las puertas de panaderías y supermercados, pidiendo comida o dinero para comer. Y que nadie mencione las insalubres bolsas CLAP, desaparecidas de la faz de esta tierra (sus promotores ya se llenaron y no precisamente de productos de pésima calidad), que tampoco han sido sustituidas por una verdadera política de protección de unos ciudadanos cuyo destino parece ser morir de mengua.