Rechazo de manera categórica la indolencia sistemática del Estado para con nuestro pueblo, que sigue soportando la crisis económica devastadora que aniquiló totalmente los miserables salarios y pensiones de hambre colocando en el mayor grado de indefensión a los hogares venezlanos.
Es inhumano no contemplar dentro de las innumerables agendas diseñadas para encuentros de diálogo y negociación que se han celebrado el sufrimiento de los ciudadanos que continúan siendo víctimas de una crisis de salud que sigue causando pérdidas de vidas, como ocurre con los pacientes crónicos de cáncer, renales, niños que siguen muriendo en el J.M. de los Ríos a la espera de un trasplante de médula ósea porque el Estado no cumplió con el convenio con el Estado italiano; vacunas insuficientes para detener la cadena de contagios del covid-19; según la Academia de Medicina solo 7% ha logrado vacunarse de una población de 28 millones de habitantes en la espera de la 2° dosis; el desplazamiento forzado de aproximadamente según Acnur pudiera llegar ya la cifra de 6 millones se venezolanos que huyeron del país a otros buscando sobrevivir, pero que lo que han encontrado en paises receptores es desprecio, xenofobia, deportaciones y muertes sin que el Estado asuma su obligación de proteger a sus connacionales con su equipo diplomático, como lo establece la Convención de Viena, México es una demostración de la indiferencia , desprecio e indolencia que se mantiene en no buscar soluciones urgentes para el bienestar social de los que más sufren en nuestro país.
El Estado sigue vulnerando los derechos humanos y garantías constitucionales de los ciudadanos, su prioridad es acumular más poder por el poder sin importarle quien sufre y quien padece con la complicidad de la AN recién electa y el CNE que siguen en la carrera desenfrenada con un presupuesto millonario destinado al poder político pero ni un centavo para resolver el problema de la salud y la vacunacion contra el covid-19.
Quiero insistir de nuevo en que la única esperanza es la CPI. Las violaciones graves de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad no prescriben.