En julio del año 2021 Javier Tarazona, director de la organización no gubernamental Fundaredes, fue detenido en el estado Falcón, acusado de “incitación al odio”, “terrorismo” y “traición a la patria”, todo un compendio de alegatos a los que ya nos tiene acostumbrado el régimen y que son empleados para silenciar a quienes se niegan a acatar la línea oficial que intenta imponer el poder en Venezuela.
La verdadera razón detrás de esta medida estaba en el trabajo que venía realizando la ONG en la difusión del conflicto armado entre disidentes de las FARC y las Fuerzas Armadas venezolanas en el estado Apure, en pleno territorio venezolano, una guerra de baja intensidad que pretendía ser ignorada por Miraflores a pesar de su violencia y sus efectos sobre la población civil, sometida al abuso de los grupos irregulares, funcionarios y en muchos casos obligada a abandonar sus hogares. Unos hechos, vale recordar, que no han sido investigados por el sistema de justicia venezolano y que corre el riesgo de ser olvidados por la opinión pública.
La acción de Fundaredes fue determinante para la difusión de estos acontecimientos que pusieron en alerta a las organizaciones de derechos humanos y periodistas fuera y dentro del país, obligando al régimen a dar una explicación de lo que ocurría en la frontera y comprometerse, al menos en el discurso, con el respeto por los derechos humanos de los ciudadanos atrapados en la línea de fuego.
No es casual el impacto que tuvo la denuncia de esta ONG (que se saldó con la detención de Tarazona) y es que Fundaredes cuenta con más de veinte años de servicio en materia educativa y de derechos humanos, especializándose en lo que ocurre en la frontera venezolana; sus informes son una fuente de datos para la opinión pública e investigadores venezolanos sedientos como están, por la falta de estadísticas oficiales y reportes confiables. Incluso, después de la detención de Javier Tarazona, Fundaredes no ha aparcado sus compromisos de investigación y defensa de los derechos humanos, algo que constaté en mi reciente viaje a Táchira, lo que demuestra no sólo la capacidad profesional de todo el equipo humano de la organización, sino su firme compromiso con Venezuela.
Han pasado más de quinientos días desde la detención de Javier Tarazona, en medio de retardos procesales, en un juicio hecho a martillazos para intimidar a la ONG y a la sociedad civil organizada, un proceso que corre el riesgo de comenzar desde cero tras el anuncio de una posible baja médica del juez, otro acto de crueldad en contra de Tarazona y una amenaza a todas las Organizaciones No Gubernamentales y activistas de Derechos Humanos que están trabajando en Venezuela. Lo que le ocurre a Javier Tarazona y a Fundaredes es un ejemplo de los riesgos a los que están expuestos los defensores de derechos humanos, periodistas, ONG, sindicalistas y actores políticos en el país.
Quienes creemos que el cambio pacífico y democrático es posible con el apoyo de una sociedad civil organizada, que se funda en los liderazgos naturales que se construyen en las comunidades de abajo hacia arriba, quienes creemos en el reencuentro con el voto como instrumento de presión social y cambio político, no somos ingenuos: somos muy conscientes de los riesgos a los que nos exponemos en la construcción de esta Venezuela del cambio que todos queremos. El caso de Javier Tarazona es, a un mismo tiempo, una advertencia de estos peligros y un compromiso por la libertad de todos los venezolanos.
Por ti Javier, por todos los presos políticos, exiliados y familias separadas, seguiremos trabajando.
Este es nuestro compromiso.
Fundador de Alimenta La Solidaridad y de Mi Convive.
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