El expresidente del gobierno de España Felipe González —gobernó de 1982 a 1996, durante cuatro legislaturas, el que más después de la transición democrática— considera que su país vive un «momento extraordinariamente delicado desde hace algún tiempo». Lo compara con el derrumbe de un edificio en Miami hace un par de años. «La gente vivía tranquila y de pronto colapsó», acotó. Cabalgando sobre los 81 años, sintiéndose siempre socialista pero también en estado de orfandad en su propio partido, que es el que gobierna, a González le preocupa crecientemente que están en riesgo los cimientos de la convivencia y que hay demasiada confusión, incluso terminológica.
A pesar de que las dos principales organizaciones políticas —Partido Popular y PSOE— obtuvieron 65% de los votos en las elecciones del 23J ninguna de las dos por separado dispone de la mayoría parlamentaria indispensable para la investidura. La llave la tiene Juntos por Cataluña, un partido de ámbito regional por el que votaron 392.000 electores (1,6%) —incluso fue superado en la propia autonomía catalana por el PSOE— que ofrece sus siete escaños a los socialistas con tal de amnistiar a su líder Carles Puigdemont, y otros dirigentes, involucrados en el episodio separatista de 2017 que amenazó la integridad territorial española.
Puigdemont es un prófugo de la justicia, residenciado en Bélgica, donde funciona el Parlamento Europeo del cual es miembro y hasta allá fue la vicepresidenta del gobierno español, Yolanda Díaz, para recabar un apoyo que se «vende» a un alto costo político. “Como si fuera el Rey Midas”, dice González, irónico aunque mesurado, porque, lo subraya, no quiere sobre todo perder el sentido del humor aunque los cimientos se muevan.
«Yo creo que el pacto constitucional (que data de 1978), que es un pacto de convivencia, lleva cierto tiempo siendo atacado y avanza su erosión», insiste el exmandatario, crítico de los «bloquismos» —del PP con la extrema derecha, y de su partido con la izquierda populista y los nacionalismos separatistas— porque no va a dar a su juicio ninguna respuesta a las grandes reformas que necesita España. Una de esas reformas que propone es la del Senado para que sea una verdadera cámara de representación territorial, el peliagudo asunto que no se debate, y para cuya modificación y profundización ninguno de los bloques tiene los votos pero sí los dos grandes partidos juntos.
Conversaba González con el agudo periodista Carlos Alsina sobre el tema el constitucional y la pretendida plurinacionalidad española —»después de que se reconozca que España es un Estado-nación se puede hablar de lo quieran»— cuando González recordó a Hugo Chávez jurando su investidura sobre «la moribunda» Constitución de 1961 vigente entonces. «Se jura por imperativo legal, pero para cambiarla mañana. Estamos jugando con fuego», remata.
Lo grave —nosotros ya lo hemos vivido— es el discurso que acompaña la juramentación. En el caso español, si la negociación en ciernes llega al Congreso de los Diputados e implica la amnistía de los autores del «procés» catalán, el Estado se reconocería como un ente represor y otorgaría en los hechos un acta de buena conducta a los fugados de la justicia para que intenten de nuevo la separación territorial. «¿Cómo una democracia de avanzada como la española —se pregunta González— puede reconocer que es la responsable y que no tiene que exigir responsabilidad a los que rompieron el pacto constitucional en septiembre y octubre de 2017?
Nuestra incontenible tentación puede llevar a pensar muy pronto que en España se está ante un quiebre de los «fundamentos de la convivencia» y todo lo que sigue después, de lo que advierte González después de pensarlo muy bien. Aunque son infinitas y de fondo las diferencias con el «proceso» venezolano, hay el ingrediente común, que además recorre el mundo democrático de Estados Unidos para abajo, de la apetencia por el poder. «Lo que parece el proyecto de una mayoría progresista, que se dice, no me gusta, no lleva a ninguna parte, a la supervivencia del día a día sí, pero a ninguna solución».