Al analizar y detenernos un tanto en lo que ha sido la dinámica y devenir de nuestra historia político – constitucional en algo más de seis décadas en dos marcos constitucionales (Constitución Nacional de 1961 y la vigente Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999) queda claro que la realidad nacional ha girado a contrapelo o en una dirección distinta a la expresada en ambos textos constitucionales, estos últimos afirman que Venezuela es un Estado Federal (1961) y posteriormente somos un Estado Federal Descentralizado (1999) ese deber ser repito contenido de manera expresa en nuestras dos constituciones no se ha materializado ni en el pasado cercano ni mucho menos en el presente, salvo el intersticio (1989-1999).
Centralización, descentralización y recentralización han sido un continuum registrado en Venezuela a lo largo del siglo XX y XXI. Lo cierto del caso es que después de iniciar un proceso sostenido de transferencias y descentralización político administrativa en 1989, dos décadas después asistimos a una experiencia regresiva y distorsionadora de lo local, de la descentralización, de las regiones. Lo visto en la Venezuela contemporánea es un asalto, un golpe de Estado a las regiones, a las experiencias exitosas, a la soberanía de los estados y municipios.
El apoyo a la descentralización y al federalismo por parte del gobierno nacional en estas dos décadas es simple retórica, pues su accionar deja claro su vocación centralista, militarista y autoritaria expresada en el proceso sostenido de socavamiento de los entes, competencias, materias y atribuciones de las regiones. El menoscabo a la descentralización en Venezuela tuvo sus antecedentes posteriores al triunfo de Chávez, justamente en la creación y promulgación de figuras como el Plan Bolívar 2000, el Fondo Único Social como instrumentos de centralizar y ejecutar recursos, programas sociales e inversiones sin relación alguna con los entes y poderes locales, incluso delegando en las guarniciones militares y comandantes el manejo de tales recursos.
Varias modificaciones de leyes han ocurrido en estas dos décadas, entre ellas, la Ley de Asignaciones Especiales (LAES) y la Ley del Fondo Intergubernamental para la Descentralización (Fides), cuyas reformas implicaron menos recursos y más restricciones a las regiones en Venezuela. Pero de manera sostenida las regiones o poderes locales han sufrido maltratos cuando se les arrebatan competencias, se desconocen autoridades legítimamente electas, se crean nuevas figuras, o se concentran recursos en la capital limitando proyectos de inversión con lo cual los presupuestos a los gobernadores y alcaldes son prácticamente para gastos corrientes y pagos de personal, convirtiendo a los mismos en unos simples jefes de personal o pagaderos de sueldos (a través de paso de la plataforma patria).
No nos interesa saber quien o cual es la región, el gobernador o el alcalde al que no le transfieren sus legítimos recursos porque el daño se lo propinan no a esas autoridades locales (sin importar repito si es adeco, copeyano, justiciero, chavista, etc, etc) y el mayor ejemplo de control y estafa lo registramos en el quinquenio 2007–2012 con un barril de petróleo promedio en 100 dólares donde paradójicamente la Asamblea Nacional del momento en la Ley de Presupuesto calculaba el barril en 40 dólares. El situado constitucional establece un aporte de 20% a las regiones por concepto de ingreso petrolero, pues por años se les transfirieron recursos calculados no sobre 100 dólares el barril sino 40 dólares, es decir, en vez de enviar de los 100 dólares 20, enviaban sobre 40 dólares 8 dólares literalmente 12 dólares de cada barril por años no se les envió a los gobernadores y alcaldes, y eso se tradujo en menos postes, menos pavimento, menos hospitales, menos escuelas, repito, no nos interesa la tolda política de los gobernadores o alcaldes a todos por igual se les despojó de unos recursos que ha sido como la figura del Estado Federal Descentralizado de rango constitucional fue baipaseada y desconocida.
Thais Maingon caracterizó hace años al proceso político venezolano como una ruta hacia el socialismo autoritario, en el que el presidente de la República (se refería a Chávez pero por supuesto entra Maduro) evidentemente ha acrecentado su poder y atribuciones ya abultadas en los términos y en el espíritu de la Constitución Bolivariana de 1999. Lo registrado en el país dos primeras décadas del siglo XXI, demuestra no sólo la vocación desmedida de concentración de poder en el ejecutivo, sino además, la distorsión de mandatos, leyes, atribuciones y gestiones, afectadas mucho más cuando la aprobación de la Ley Habilitante y otros instrumentos y marcos jurídicos.
El gobierno nacional ha manejado discrecionalmente los recursos que le corresponden a los estados y municipios, colocando trabas y restricciones en lo que tiene que ver con el Situado Constitucional, el FIDES, para no hablar de ese experimento que fue el Plan Bolívar 2000 que le concedió superioridad a los comandantes de guarnición de cada estado, no sólo con poder real sino además con abundantes recursos colocando a militares sobre civiles, a comandantes de guarnición sobre autoridades legitimas y electas.
Una de las expresiones del retroceso en términos de federalismo y descentralización ocurre con las finanzas públicas. Ricardo Combellas ha observado al respecto que “podemos hablar entonces de una recentralización fiscal, consecuencia del manejo desmedido y descontrolado de los ingresos extraordinarios derivados de la renta petrolera en los últimos años, en beneficio del gobierno central y en desmedro de los gobiernos estadales y locales, contraviniéndose así los principios y normas del Estado federal descentralizado consagrado por la Constitución de 1999”.
El gobierno no ha sido consecuente con la descentralización, sus acciones, decisiones y las propias agendas contenidas por parte del Poder Ejecutivo (presidente y vicepresidente) y Poder Legislativo (Asamblea Nacional) evidencian su discrepancia, rechazo y freno a la política de descentralización y federalismo, revelando profundas diferencias entre las instancias y poderes locales y nacionales, limitando por ende la construcción de un sólido proyecto nacional compartido desde lo local, que armónicamente permita el desarrollo del país nacional, sus regiones y sus ciudadanos.
No podemos perder de vista que apoyar a la descentralización político administrativa, constituye una forma y una de las vías más idóneas de profundizar la democracia como régimen político, y por ende, de creación de espacios de participación, deliberación y ciudadanía. De tal manera que asumiríamos que el proceso de recentralización no sólo constituye un franco retroceso en términos de desarrollo y crecimiento, sino de deterioro paulatino de entramado democrático en la Venezuela contemporánea asediada por el centralismo autoritario.
Sin dudas dentro de un proceso de transición política que tarde o temprano el país registrará, un aspecto vital y clave será la imperante necesidad de relanzar al país precisamente a partir del potencial de sus regiones y de sus instancias locales frente a la postración y centralismo al que se llegó en los años de revolución bolivariana con Chávez y Maduro en el poder Venezuela. Si algo requerimos los ciudadanos es unas autoridades y poderes que respeten la Constitución, materialicen el federalismo como forma de Estado, impulsen la descentralización como una política de Estado y principio rector y finalmente no vulneren los derechos legítimos de los ciudadanos que vivimos en cualquier estado o municipio de este hermoso país que es Venezuela y que no se merece la clase política que ha tenido en el gobierno y en la propia oposición. Veremos…