Los discursos presidenciales exageradamente extensos no son ya meras piezas poco profesionales de oratoria; desde hace un tiempo, son herramientas comunes de los sátrapas del socialismo del siglo XXI. Recordemos que el difunto dictador marxista Hugo Chávez Frías perfeccionó la técnica del camuflaje verbal de sus intenciones en larguísimos discursos (en agosto de 2007 llegó a hablar, mintiendo, durante 8 horas seguidas).
Un discurso presidencial de casi 3 horas leído por una presidente de trayectoria marxista, cuyo jefe del gabinete de ministros ha admirado siempre a Hugo Chávez, debiera bastar para activar alarmas.
Un discurso tan extenso obliga a todo analista serio a desmembrarlo para analizar la materia de su especialidad, para luego sumar ese análisis profesional al realizado por especialistas en cada una de las demás piezas, a fin de entender qué se esconde tras el conjunto y poder realizar un trabajo serio de “Law & Economics”, es decir, un análisis de las probables consecuencias reales de dichas normas y de ahí interpretar la intención de quien sea que mueva los hilos.
Por su extensión natural, en este artículo voy a concentrarme solo en dos aspectos en materia de seguridad ciudadana contenidos en el pedido de delegación de facultades.
Armas de uso civil
Todos los analistas serios sobre la materia (1) coinciden en afirmar que el Perú cuenta desde noviembre del 2014 con la mejor ley de la región; la norma cerró el paso a las aspiraciones desarmistas del confeso chavista Ollanta Humala, quien, irritado, postergó deliberadamente durante casi 3 años su reglamentación.
Algo similar viene sucediendo con la Ley 31694, una ley complementaria sobre la materia, que permitiría terminar de registrar muchas armas preexistentes en el Perú desde tiempos más seguros y con legislación más adecuada, cuya reglamentación e implementación vienen demorando los mismos protagonistas del humalato, que nuevamente en posiciones decisorias dentro del Ejecutivo, pugnan por aplicar la primera receta del socialismo del siglo XXI.
Al mencionar un supuesto afán de realizar precisiones en la norma, están confesando la incapacidad del propio Ejecutivo actual para hacerlo en el ámbito reglamentario, competencia natural propia, sin necesidad de delegación alguna; reconocen una incapacidad que llevada al plano Legislativo (por delegación) puede tener efectos catastróficos.
Pero un estudio más profundo de los documentos internos que han intentado guardar infructuosa e indebidamente bajo siete llaves en el Mininter, contraviniendo la obligatoria transparencia, evidencia que la intención real es empezar a implementar un desarme progresivo de los ciudadanos honestos, dejándolos a merced de la delincuencia común y de la delincuencia con fines políticos camuflada dentro de la delincuencia común. Exactamente lo mismo que implementaron Chávez/Maduro, Evo, Lula y Noriega. Algo que no debiera sorprender con un gabinete presidido por el exministro de Defensa del chavista Ollanta Humala, quien no ocultó jamás su admiración por Hugo Chávez.
Tras larga discusión técnica, a la luz de la data local y mundial, el Congreso optó por la redacción de la norma actual; los períodos de efectividad intercalados con notorias imperfecciones en su funcionamiento no hacen sino confirmar que estas últimas son consecuencia directa no de la norma sino de la incapacidad de las personas a cargo de su cumplimiento, algo que se hace más evidente desde el 28 de julio de 2021 y continúa hasta hoy.
En primer lugar, es importante ser conscientes de que (como sucedió en los ochenta y noventa del siglo pasado), en países inseguros de fronteras permeables y vocación por la informalidad como el Perú, la población honesta opta por adquirir las armas de fuego que considere necesarias para enfrentar la inseguridad personal, sin preocuparse mucho por la formalidad y el registro de las mismas. Complicar o entorpecer el acceso legal a armas o la renovación y continuidad de su posesión legal o el acceso a municiones (como todo parece indicar pretende el Ejecutivo) solo acabará empeorando el control estatal de las mismas y estimulando el mercado negro. Eso exactamente ocurrió durante la anterior ofensiva del terrorismo marxista, incluso después de endurecerse las penas.
Cuando se abordan problemas complejos, como la actual ola de violencia delictiva, es imprescindible tener claro que no hay recetas mágicas de resultado inmediato y que a menudo las respuestas efectistas no son en absoluto efectivas sino a menudo contraproducentes.
Las características de las armas recientemente utilizadas por el crimen organizado corresponden «coincidentemente» con aquellas reglamentarias utilizadas (a menudo exclusivamente como es el caso de las armas automáticas, es decir, aquellas que disparan ráfagas, jamás comercializadas legalmente en el Perú) por las fuerzas del orden de nuestro país o de otros países de la región (no pocos sicarios llegaron con sus armas desde Venezuela o Bolivia por las coladeras fronterizas norteñas y las impunes culebras sureñas). Esto ratifica que el problema es de personas y procedimientos y no de personas, y que urge un manejo sincero, con responsabilidad individualizada en todo momento de los arsenales y pañoles militares y policiales (la corrupción imperante también viste uniforme), así como de las fronteras, particularmente la frontera con Bolivia y la frontera con Ecuador y Colombia.
Creación solapada de milicias
A menudo he insistido en entrevistas y por escrito, (desmintiendo las comparaciones absurdas de la ONG de cierto par de exministros, con realidades geográficas distintas), que en el Perú hacen falta más policías y que una forma de ampliar el número actual es generando un tercer nivel de «guardias» con menor tiempo de preparación y responsabilidades auxiliares menos relevantes. Pero pretender que un ciudadano está mejor habilitado para ejercer función policial solo porque realizó el servicio militar solo puede obedecer a un desconocimiento de la realidad actual o, peor aún, la intención de habilitar una puerta legal para la creación de milicias con «chapa» en función a criterios ideológicos.
La organización de las fuerzas del orden (Policía y Fuerzas Armadas) es crucial para toda democracia; al ser la primera línea, su relevancia es equivalente o está solo un poco más atrás que otras instituciones. Un manejo unilateral por el gobierno de turno, independientemente de su ideología (que hoy por hoy agrava la preocupación), sin la discusión y análisis que permite su paso por el Congreso, genera un riesgo que ninguna democracia debe correr.
Como digo líneas arriba, no hay recetas mágicas que den resultados inmediatos. La complejidad de los ingredientes de la delincuencia internacional que hoy azota nuestro país recomienda no ceder ante la manipulación de su gravedad para, invocando urgencia, permitir que pasen fórmulas que pueden, muy probablemente, agravar la crisis que dicen querer combatir.
Por último, es importante tener claro que las instituciones, como las cadenas, son tan confiables como los eslabones que las conforman. Los eslabones que viene poniendo o manteniendo este gobierno en las instituciones a cargo de la primera línea de seguridad ciudadana no son fiables en absoluto; sea por sus antecedentes, sea por su filiación, sea por sus amistades o, peor aún, por todas las razones anteriores.
Han pasado 7 meses de gobierno, por experiencia puedo afirmar que un pequeño equipo profesional competente no debiera tardar más de 2 o 3 semanas (y estoy siendo condescendiente con los plazos) en preparar un proyecto de ley en las materias mencionadas, para que sea discutido por el Congreso y, de ser el caso, aprobado por este en un plazo razonablemente corto, incluso tras recoger opiniones informadas. Ese es el camino racional para estas dos materias y no una hipoteca a ciegas como la que solicita el Poder Ejecutivo.
Artículo publicado en el diario El Reporte de Perú