Este mes se produjo la expulsión de Venezuela de los funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. No es un asunto baladí. Por el contrario, reviste una profunda significación no sólo por ser este un año electoral en nuestro país.
El régimen de Nicolás Maduro ha demostrado su desapego casi absoluto al cuido de los derechos humanos en nuestra nación. Esto se traduce en el desconocimiento de los acuerdos internacionales en la materia. Con esto reitera su intención varias veces manifiesta de desconocer las instancias internacionales para afianzar su manejo despótico del poder. Y, como bien dijo el alto comisionado, traerá sus consecuencias.
No basta esta acción cumplida por estos manejadores del poder para demostrarle al mundo su intención de continuar violando los derechos humanos, porque resulta más abundosa su desatención al respecto. En primer lugar, denota su adelantada expresión para desconocer, como hace Rusia, no casualmente, los resultados de cualquier condena en otros espacios vinculados de alguna manera al mismo organismo. Por ejemplo, la Corte Penal Internacional. No queda por fuera, indudablemente el tema laboral, ligado indisolublemente a los derechos humanos, pero trabajado de forma directa por la Organización Internacional del Trabajo, que sí es un ente dependiente directo de la ONU. Esto podría adelantar, indirectamente, lo que todos suponemos y más después de que en diciembre se suspendiera abruptamente y sin excusas la sesión cuarta del Foro de Diálogo Social que terminó llevando a efecto este mes como una estrategia del régimen para ganar tiempo en pro de sus resultados electorales: que se desconocerán firmemente los pactos alcanzados allí de manera tripartita. Vale decir, cronograma y ajuste del salario mínimo en marzo a 200 dólares, protección legal de sindicatos y gremios, respeto a la libertad de asociación y liberación de los dirigentes sindicales apresados injustamente y más reuniones tripartitas para los acuerdos.
En fin, la expulsión de los 13 funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos significa no sólo eso en sí mismo, ya de por sí muy grave, sino también las repercusiones políticas nacionales e internacionales del hecho. A lo interno, más presión para personas y grupos políticos y sociales. A lo externo, el desconocimiento al voleo de cuanto acuerdo haya firmado Venezuela, o la posibilidad de esos desconocimientos. Esto incluye, por supuesto, la Corte Internacional de Justicia, otro organismo de la ONU, por el problema enorme allí del Esequibo y, más importante aún por el tiempo electoral, el Acuerdo de Barbados, siempre en vilo y muchas veces señalado con justa razón como extinto por algunos de los más connotados especialistas.
De este modo, muy marcadamente, el régimen de Maduro y sus secuaces deja en claro que no reconoce justicia alguna dentro ni fuera del país, que no reconoce acuerdo alguno, incluida nuestra Constitución Nacional, y que todos los venezolanos somos ciudadanos secuestrados al margen de la protección judicial, de los derechos humanos y de cualesquiera negociación internacional que termine firmada. Es sumamente grave lo ocurrido con esta expulsión y lo que termina significando para Venezuela y sus relaciones internacionales, que, obviamente, no serán sólo con Rusia y otros países terroristas. Los venezolanos en estado de indefensión absoluta.