“Detenciones secretas, conocidas legalmente como desapariciones forzadas, tienen un papel central en los esfuerzos cada vez más autoritarios para controlar a la población, desalentar a la disidencia y castigar a sus oponentes”. The New York Times.
Las denuncias de desapariciones forzosas en Venezuela empezaron a tener repercusión internacional en 2020 cuando fueron expuestos en los informes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que dirige Michelle Bachelet como uno de los principales delitos cometidos por funcionarios del régimen de Maduro.
Para junio de 2020 Bachelet había entregado una actualización de su informe sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela en la que advertía sobre la responsabilidad de régimen de Maduro en la muerte de más de 2.000 personas: “Me preocupan los altos números de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultados de operativos de seguridad. Mi oficina registró 711 muertes de junio a agosto, llegando a más de 2.000 muertes desde enero de 2020”, dijo la alta representante.
De acuerdo con un apartado de ese reporte fechado el 2 de julio de 2020, Bachelet afirma que entre mayo de 2019 y mayo de 2020, su oficina pudo procesar 38 denuncias provenientes de los estados Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Guárico, Lara, Sucre y Zulia, y pudieron comprobar el origen de los crímenes, atribuyéndose 23 homicidios a la desaparecida Fuerzas de Acciones Especiales, 7 al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, 3 a los colectivos armados, 2 a la Policía Nacional Bolivariana, uno a la Dirección de Investigaciones Penales, otro al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros y uno a la Guardia Nacional.
El informe relataba que “las víctimas de las muertes documentadas por el ACNUDH eran todos hombres jóvenes, en su mayoría menores de 30 años, pertenecientes a familias de bajos ingresos de barrios desfavorecidos, caracterizados por altas tasas de delincuencia. Algunas víctimas tenían antecedentes penales, mientras que otras no los tenían y fueron presuntamente objeto de venganza personal o su muerte se debió a un error de identificación”.
En relación con la tasa de procesamiento de denuncias en el sistema formal de justicia, el informe ratificaba el alto grado de impunidad dentro del sistema judicial, citaba el informe que “el gobierno informó que entre 2017 y el primer trimestre de 2020, se acusó de homicidio a un total de 731 miembros de las fuerzas de seguridad; 492 de ellos fueron imputados, 436 fueron privados de libertad y 117 condenados por el delito de homicidio. En ese mismo período, el Ministerio Público inició 4.890 investigaciones por las muertes violentas en operaciones de seguridad”.
El impacto de las denuncias presentes en el informe de ACNUDH fue decisivo para la desaparición de la FAES. Es probable que los miembros pertenecientes a dicho componente policial hayan sido movidos o reciclados en otras unidades de acciones dentro de cuerpos policiales a los que sirvieron.
Otro hecho destacado es que el gobierno venezolano en manos de Maduro protegió las cadenas de mando de dichos organismos, manteniendo intactos en sus puestos o jugando enroques a los ministros y viceministros del Interior y justicia, así como los directores del Cicpc y jefes policiales.
La impunidad en Venezuela de acuerdo con las cifras del informe Bachelet puede estimarse en 98%, si consideramos que de un total de 4.890 investigaciones abiertas, el Estado solo pudo lograr 117 condenas, lo que es igual a menos de 2% de sentencias. De eso se trata la actuación tanto del Ministerio Público como de los tribunales.
Las desapariciones forzosas no disminuyeron, al contrario, según el Observatorio Venezolano de Violencia se incrementaron; un reporte de su autoría denunció que durante 2021 se produjo la desaparición de 1.634 personas en Venezuela. Las estimaciones de la organización no gubernamental sugieren que «cada día de ese año familiares denunciaron la desaparición de 4,4 personas”.
De acuerdo con la OVV “a diferencia de las otras categorías, en las desapariciones no hay un cadáver, sino una interrogante, una incógnita, que amerita ser despejada sobre la vida o la muerte”.
Durante 2022 el régimen de Maduro presento una serie de cambios cosméticos que le han permitido asumir una presencia potable en algunos escenarios internacionales, ayudado por los intereses de las grandes potencias China, Rusia y de buena parte de gobiernos de izquierda en Latinoamérica que le han permitido un espacio en los foros internacionales, sin embargo, es un error pretender creer en una supuesta disminución de casos de desaparecidos, y doble error creer que el régimen de Maduro está cumpliendo con las recomendaciones de las agencias de derechos humanos, lo contrario, se mantienen los niveles de desapariciones, sólo que ahora tenemos menos reportes debido al incremento en la falta de transparencia como consecuencia del bloqueo de las ONG responsables de dar continuidad y seguimiento a los casos de violación de derechos humanos, aunado el encarcelamiento progresivo de activistas y defensores de derechos humanos, aunado a la censura en la internet, el cerco de los medios de comunicación, en fin, es de ese modo que el régimen de Maduro ha podido silenciar y maquillar las estadísticas. Lo cierto es que las denuncias son un hecho, y están siendo procesadas por organismo competentes como la Corte Penal Internacional.
Usualmente hemos leído en los reportes de la alta comisionada Bachelet muchos casos de desparecidos vinculados a delitos comunes, sin embargo, sabemos de desapariciones forzadas de actores políticos. En este sentido voy a abordar los casos de Wilmer Muñoz, comisario del Sebin, y Juan Hurtado, coronel Guardia de Honor.
Las denuncias de sus desapariciones fueron investigadas por el detective Endry Mendez, funcionario del Cicpc, en ocasión de una solicitud que en su momento le hiciera la Gran Logia de la República de Venezuela a petición de las esposas de los desparecidos, dada cuenta ambos son miembros de la masonería venezolana.
Tuve oportunidad de conversar con Endry acerca de estos casos. Todo empezó con la llamada que le hiciera el gran secretario de la gran logia Alfredo Tovar siguiendo instrucciones del Gran Maestro Ubaldo Jiménez Silva quien le pidió investigar la desaparición de estos funcionarios dada cuenta eran miembros de la orden.
Para Endry apoyar a la Gran Logia no era una novedad dada cuenta siempre había contribuido con la seguridad del templo, asegurándose de mantenerlo a resguardo de desconocidos y amenazas, dada cuenta en su condición de efectivo del Cicpc podía tener acceso a información que permitiera obtener una alerta temprano, es el caso de solicitudes de antecedentes penales.
De acuerdo con la versión, las cuñadas, como se les llama a las esposas de los masones, fueron atendidas, una vez escuchadas sus denuncias se procedió a indagar sobre cada uno de los casos.
En el caso del comisario Muñoz, comenta el detective que intentó establecer su ultimo paradero a través del rastreo de las llamadas telefónicas recibidas; fue de ese modo que pudo establecer que su última parada fue en la zona del Guapo. Se conoce que el comisario Muñoz había sido invitado a una reunión con sus superiores en Barlovento. Endry intentó comunicarse con los enlaces del comisario, pero no obtuvo respuesta, “todo se volvió hermético, pese a que se emitió una denuncia de desaparecido, el órgano competente nunca actúo” dijo Endry.
El detective continuó con la segunda investigación; se trataba de la desaparición del coronel Juan Hurtado, quien para el momento tenía el cargo de jefe del parque de armas de la casa de Guardia de Honor Presidencial. Fue particularmente ese caso el que terminó por encenderle la alarma. Me comenta que su investigación fue bloqueada de entrada: “De hecho, no pude acceder a ningún tipo de data reciente del coronel, me llamó la atención que incluso un general me recomendara no proseguir debido que había generado interés de la contrainteligencia y seguimiento del más alto nivel”. Endry se estaba refiriendo a la oficina del ministro de la Defensa y a la presidencia de Maduro.
En la investigación, Endry pudo establecer conexión entre los masones desparecidos y el hermano Oscar Pérez, tanto el comisario Wilmer Muñoz como el coronel Juan Hurtado habían tenido contacto previamente con Oscar por vía telefónica. En este sentido se abre la interrogante sobre qué tanto pudo influir el hecho que ambos conocieran a Oscar en un momento tan agitado donde había una cacería de masones desde el alto gobierno y con masones presos por tan sólo conocer a Oscar.
Recuerdo que en su momento en un post que publiqué en 2019, advertí la posibilidad que los archivos de los miembros de la Gran Logia hubiesen caído en manos de funcionarios del régimen de Maduro, con lo que esto significa para la seguridad personal y familiar de todos, de hecho, el Gran Maestro Ubaldo Jiménez en 2018 en un comunicado sobre Oscar Pérez, ya había pedido que las logias colaboraran con los funcionarios del régimen de Maduro.
En opinión del detective, el régimen de Maduro no frenó su persecución y cacería con la muerte de Oscar y Pimentel, ambos miembros de la logia Santiago Mariño N 208, lo contrario, mantuvo el acecho y cacería sobre miembros de la masonería.
Le pregunté si había mantenido contacto con los familiares de las víctimas y su respuesta fue que antes de salir de Venezuela pudo darles sus impresiones del caso y les recomendó acudir a instancias internacionales para que expusieran sus casos.
En parte de su relato Endry confiesa que sintió mucha presión: “La situación me generó una gran ansiedad, además de acumulación de estrés provocado por la presión de saber que no podía siquiera acudir a los organismos del Estado o a algún superior jerárquico, a esas alturas ya no podía confiar en nadie”.
Se sentía bajo vigilancia permanente, él pudo compartir las conclusiones de los casos con Alfredo Tovar. “Pero ellos no ofrecieron nada más allá de escuchar, estuve por un tiempo tratando de tener una vida, finalmente entendí que no volvería a la normalidad, era un sospechoso del régimen, vivía en un estado de alerta, en cualquier momento el régimen podía inventarme un expediente o peor, desaparecerme”.
El exdetective Endry Méndez quiere dejar constancia de que el régimen de Maduro es responsable directo de las desapariciones de los masones Wilmer Muñoz y Juan Hurtado, así como de los muchos crímenes a los que hace referencia los reportes de la Alta Comisionada. El detective ha tenido oportunidad de exponer sus denuncias ante los organismos internacionales. Sus impresiones y opiniones han ayudado a los especialistas a entender la situación venezolana y son parte de los reportes de la ACNUDH y de la Misión Independiente de determinación de los Hechos. En este sentido esto es lo que dice el informe Bachelet en relación al caso del coronel Juan Hurtado: “La Oficina recibió información sobre las presuntas desapariciones forzadas del teniente coronel Juan Antonio Hurtado Campos, en septiembre de 2018, y de Hugo Enrique Marino Salas, un civil que había trabajado como contratista del Ejército, en abril de 2019. Sus familiares no han recibido respuesta a las solicitudes de habeas corpus presentadas en julio y mayo de 2019, respectivamente, y su paradero sigue siendo desconocido”, dice el informe.
El 30 de abril de 2019, Endry tomó la decisión de unirse al también masón Juan Guaidó en el levantamiento militar que llevó por nombre “Operación Libertad”: “Me vi motivado a apoyar al hermano Guaidó desde el momento de su convocatoria, quizás como un último esfuerzo para salir del régimen criminal, yo tenía esperanzas de que podíamos mover el ejército para derrocar la tiranía y traer libertad y un Estado de Derecho, no se pudo”. Al siguiente día del levantamiento, Endry Méndez partió de Venezuela cruzando la frontera con rumbo a Paraguay.
En un lamentable giro del destino, un presunto asalto casi le cuesta la vida en Paraguay, Endry recibió un disparo que le perforó el pulmón y le rozó el corazón, él pudo recuperarse gracias a la atención de la medicina paraguaya y el apoyo de sus hermanos. Actualmente es parte activa de la sociedad paraguaya, el ama a su nueva tierra adoptiva, en sus palabras expresa lo que siente “deseo reconocer el respaldo y apoyo que he obtenido de mis hermanos masones de la Gran Logia Simbólica del Paraguay, en esta hermosa me siento como en casa, he tenido respeto, atención y amistad”. Cuando le pregunte sobre Venezuela me dijo que su mayor deseo es “retornar a una Venezuela en democracia y libertad, donde reine la justicia, la paz y el estado de derecho”.
Es precisamente por venezolanos como Endry Méndez que la llama de la libertad venezolana sigue flameando, porque sus denuncias confieren poder a los justos, para que puedan continuar el camino de hacer justicia, es oportuna la ocasión para reiterar el llamado a la Corte Penal Internacional y en particular al fiscal Karim Khan para que continue con su trabajo en procura de establecer responsabilidades, de modo que podamos tener el inicio de investigaciones imparciales y se abran los respectivos juicios.
Finalmente una petición de auxilio para la esposa del comisario Wilmer Muñoz, Ana Lizeth Jurado, quien se encuentra en Estados Unidos y está solicitando protección internacional. Sin duda, su caso requiere toda la protección posible, después de lo que hemos relatado, no imagino el terror y la angustia por lo que ella transitado, es una situación apremiante que requiere con urgencia el apoyo de toda la comunidad venezolana, el llamado es para todas las ONG de derechos humanos para que se aboquen en su ayuda, los abogados solidarios, las logias de Florida, las iglesias, los partidos políticos tanto demócrata como republicano, se trata de una venezolana cuyo esposo ha sido desaparecido por el régimen, su vida corre peligro en Venezuela, ayudémosla, mostremos que nuestra solidaridad es superior que las diferencias.
Hemos llegado al final del pos semanal, nos leemos pronto en El Nacional, les deseo libertad y democracia.
@estebanoria