Es inaceptable la nueva pretensión del Estado de iniciar otra escalada contra los derechos humanos y garantías constitucionales de los ciudadanos.
No le basta con mantener en prisión a 280 presos políticos sin el debido proceso, con el retardo procesal que sufren, con tener a sindicalistas de Guayana detenidos sin que se conozca su paradero, con que la población continúe sometida a una hiperinflación sin límite, con que sigan los sueldos miserables y las pensiones de hambre; sino que ahora, haciendo uso de los de los poderes públicos, arremete contra el derecho que tienen los ciudadanos que aspiran a producir un cambio pacífico y democrático por la vía electoral.
Estamos en presencia de una nueva arremetida del Estado, esta vez contra los derechos políticos, al usar todo su poder y no permitir a los ciudadanos organizarse para unas elecciones presidenciales que constitucionalmente deben realizarse en el año 2024.
Exijo al TSJ actuar de conformidad con las atribuciones establecidas en nuestra CRBV y en la Ley Orgánica del Poder Judicial para que le permitan a la sociedad ejercer sus derechos políticos.
La conducta del Estado es reprochable e inhumana contra una sociedad a la que le viola continuamente los derechos y garantías constitucionales. La Defensoría del Pueblo se ha convertido en un jarrón chino, pues prácticamente le ha dado la espalda a las víctimas de violaciones de derechos humanos.