El modelo salarial impuesto por el régimen a las universidades venezolanas es engañoso, afecta a toda la comunidad universitaria; es una simulación del pretendido mejoramiento en la remuneración, en realidad es una estafa salarial, elimina todos los derechos laborales establecidos legalmente. Está basado en un salario básico nivelado hacia abajo, llevándose por delante los esquemas complementarios de remuneración convenidos en leyes, convenciones colectivas y reglamentos los cuales están basados en la competencia y desarrollo en sus diferentes escalas o niveles profesionales y académicos.
La estafa agravada es notable, no hay gremio o agrupación universitaria que no haya denunciado sus efectos. En resumen, eliminan de un tajo cláusulas laborales violando la convención colectiva y acuerdos formales de larga vida, llegando a los extremos de ignorar la calidad de vida del personal quienes apenas sobreviven con ingresos humillantes, y que indirectamente implica la imposibilidad de normalizar las actividades académicas y administrativas. En el caso de que se imponga obligatoriamente la medida de reanudación de actividades con el tradicional estilo autoritario, el resultado será muy significativo y tendrá gran impacto en la merma de la calidad educativa.
Entre tantas irregularidades cometidas por el régimen, es necesario destacar la decisión oficial de secuestrar la administración universitaria y, que como consecuencia, ha controlado el nivel de ingreso y cambiado procedimientos los cuales han sido centralizados. Han asumido el control de todo el sistema administrativo universitario y el de los ahora denominados “trabajadores universitarios”, han limitado las funciones de las autoridades administrativas de las universidades quienes ahora son solo voceros o anunciadores de fechas de pago en una vergonzosa actuación. Ni siquiera ellos han asumido una actitud honorable cuando le han quitado sus funciones basadas en la autonomía administrativa. Se limitan a construir una inútil maqueta de pago para asegurar que se cumplan las órdenes oficiales y observan como el ministerio de educación universitaria en su papel de nuevo patrono ordena el pago bajo sus designios y objetivos.
Los gremios denunciaron la violación de sus derechos, especialmente el artículo 91 de la Constitución, piden respeto, y solicitan revocar el instructivo salarial, usando argumentos válidos, sustentado en contra de las decisiones del régimen, realmente exterminadores de la clase trabajadora universitaria. También, han denunciado la posición oportunista de los esquiroles de un sindicato oficial que se prestó para firmar una convención centralizadora, socialista, ajustada a los caprichos del régimen para contribuir a implantar salarios de hambre, por tanto los convierte en cómplices del fraude laboral.
Abundan ejemplos en las redes sociales y comunicados institucionales del efecto propagandístico del incremento salarial y precisan que toda la estrategia salarial se refiere a un pretendido incremento del sueldo básico cuando en realidad eliminan primas académicas y derechos laborales adquiridos, sustentados en convenciones legales. El resultado es realmente dramático, por ejemplo, un instructor a dedicación exclusiva sacando las respectivas cuentas se le cercena la remuneración en 39%; a un profesor titular con más de veinte años de docencia, doctorado y requisitos académicos sufre igual rebaja; esto quiere decir que el ingreso de un instructor se establece en 173 bolívares mes y un titular se le asignan 333 bolívares, es decir, entre 40 dólares y 78 dólares mensuales en el mejor de los casos. Es odiosa la comparación pero valga como ejemplo, un trabajador, sea cual sea su actividad emprendedora de cualquier nivel cobra un mínimo de 15 dólares diarios, es decir en el peor de los casos 300 dólares mes.
En resumen, cada día tenemos menos derechos y más dificultades económicas para sobrevivir y la imposibilidad de poder pagar bienes y servicios. Cada hora observamos una legión de profesores y empleados universitarios empobrecidos que eventualmente reciben alguna ayuda de sus sindicatos, de familiares, amigos o de la diáspora. Sin rubor muestran su pobreza, el deterioro de la salud, la imposibilidad de adquirir la cesta básica y tener la inalcanzable seguridad social, que ha dejado de ser cubierta.
La degradación del empleo docente es consecuencia de una política criminal. Miles de docentes e investigadores se van al exterior en búsqueda de la supervivencia a pesar de lo difícil que es emigrar a un país extraño y resolver el tema de ejercer la profesión ante las restricciones locales. Sólo queda la alternativa de buscar ingresos de cualquier forma, sin distingos de oficios, enfrentando por lo general un entorno hostil, la xenofobia creciente sujeto al maltrato oficial degradante, incluyendo a funcionarios de las oficinas de migración, y de los servicios oficiales del país receptor..
La vida de los integrantes de la comunidad universitaria es administrada por el régimen, las limitaciones en sus ingresos hacen perder viviendas, bienes y en general el patrimonio familiar. Millones de venezolanos quedan sin acceso a nada y están en el limbo viendo cómo se frustran los deseos de cambio de un modelo que está acabando con nuestras vidas, generando un tremendo vacío frente a la esperanza perdida de un cambio de gobierno, por cierto, apañada por dirigentes que se dicen de oposición que atienden primordialmente sus intereses, los de sus partidos y no tienen escrúpulos en negociar sus posiciones con el régimen, creando obstáculos para el verdadero cambio de modelo hacia otro democrático, indirectamente han cerrado las puertas de acceso a una decorosa vida de profesor.
Es necesario destacar la ilusión de la dolarización artificialmente mantenida cuyos efectos son directos en la economía familiar. La divisa ha perdido su poder de compra producto de la especulación, y la subestimación de su valor afectando directamente a la población laboral en general, pero particularmente a los docentes y personal auxiliar, no cabe una solución ortodoxa sino una estrategia de defensa agresiva. La protesta tiene que ser generalizada en contra de tanto abuso, y de quienes sistemáticamente violan los derechos humanos.
En ese contexto, es cuesta arriba afrontar la recuperación universitaria, regresar a clases en las condiciones actuales y atender los requerimientos estudiantiles. Todo un reto que para resolverlo estará condicionado irremediablemente al cambio de gobierno. Ello solo se logra con dirigentes que asuman el liderazgo, que se estimule la protesta, la movilización masiva, y la lucha sostenida en búsqueda de recuperar nuestras reivindicaciones sociales y la democracia, pero sobre todo, vivir en libertad.