- El chamán Jake Angeli, seguidor de Trump y asaltante del Capitolio fue sentenciado a 41 meses de prisión
- Un sinnúmero de demandas judiciales y el férreo control que Trump ejerce en uno de los partidos del sistema bipartidista de Estados Unidos abre una serie inédita de interrogantes políticas en Estados Unidos
- Que un candidato presidencial se encuentre en prisión y tenga derecho a ser candidato presidencial es parte de una controversia pública actual en Estados Unidos que se origina en dos principios jurídicos opuestos: Todo lo que no está prohibido está permitido/todo lo que no está permitido está prohibido
Desde que perdió la presidencia, los problemas legales de Donald Trump han crecido exponencialmente, no sólo porque carece de la inmunidad que lo protegía como primer mandatario sino porque las demanda civiles y penales se han multiplicado. Nada extraño para Donald Trump que siempre ha lidiado con ellos y los ha resuelto generalmente con la chequera. Siendo aún presidente hubo de indemnizar por 25 millones de dólares a estudiantes de Trump University que fueron estafados y a restituir 2 millones de dólares a la Fundación de Caridad Trump por haber usado parte de sus fondos con fines electorales.
Uno de sus más serios enredos legales proviene de esa imprudente práctica de subvalorar bienes a una fracción de su valor para evadir impuestos y el otro es el asalto al Capitolio que investiga un Comité de la Cámara de Representantes bajo la sospecha de ser Trump el autor intelectual del complot y la sedición. Bennie Thompson, quien preside el Comité investigador aseguró: «Necesitamos saber quién organizó, planeó, pagó y recibió fondos relacionados con esos eventos, así como la comunicación de los organizadores con los funcionarios de la Casa Blanca y el Congreso». Paralelamente el FBI procesa más de 200 investigaciones de los atacantes como la del chamán Jake Angeli con el mismo objetivo. El Comité investigador ya ha conminado formalmente a testimoniar a una docena de altos exfuncionarios y exasesores de la Casa Blanca de Donald Trump y a sus confidentes Alex Jones y Roger Stone. De modo que ya no hay dudas por dónde van los tiros.
Un punto clave de las investigaciones que no ha sido puesto a prueba nunca en el ámbito judicial es la capacidad legal de Donald Trump, como expresidente, para impedir que los documentos secretos y la información que manejó en la Casa Blanca deba ser entregada a los investigadores del Congreso. El Comité ha impuesto oficialmente que todo la data (centenares de miles de documentos) debe ser entregada al Comité. La documentación sobre cada una de las actividades del presidente, incluyendo la minucia de papeles sueltos, son registros que inmediatamente que cesan sus funciones son trasladados al Archivo Nacional y sólo el presidente en funciones puede levantar el privilegio de su secreto. Biden aprobó la entrega por tratarse de un hecho de violencia sin precedentes contra uno de los poderes de la nación y porque hay razones para pensar que planeaban atentar contra la vida de Nancy Pelosi y la del exvicepresidente Mike Pence que se negó a descertificar la victoria de Biden.
El principio sobre el cual descansa la legislación sobre el secreto de toda la data generada en la Casa Blanca es la de proteger al Poder Ejecutivo y la seguridad del Estado, no la actividad, legal o ilegal, de un presidente en particular. La decisión, en manos de la jurisdicción judicial, determinará el futuro de Donald Trump, quien ha acudido a todas las tácticas legales posibles para impedir que sus secretos salgan a la luz pública.
Pese a que Trump ejerce un control férreo en el Partido Republicano, no todos sus líderes apañan los actos de violencia. Mitch McConnell, el líder de los republicanos en el Senado se refirió a asalto al Capitolio como un «vergonzoso incumplimiento del deber de Trump”. El líder republicano agregó: «No hay duda, ninguna, de que el presidente Trump es en la práctica moralmente responsable de provocar los eventos de ese día”. Que Donald Trump sea enjuiciado por cualesquiera de estos innumerables procesos legales en marcha es una probabilidad que de la cual aún su más fanáticos no lo descartan del todo.
El efecto político
Este control de Trump en uno de los partidos del sistema bipartidista de Estados Unidos abre una serie de interrogantes para el futuro de Estados Unidos. Una dinámica que podría conducir a situaciones históricas inéditas, como que el líder del partido Republicano y candidato presidencial sea sometido a juicio o peor, que cumpla pena de prisión.
¿Es esto posible? se preguntan constitucionalistas. La respuesta es que constitucional ni legalmente existe impedimento alguno para que un recluso sea o pueda ser candidato a la presidencia. Los requisitos de la Constitución de los Estados Unidos para postularse son: mayor de 35 años; ciudadano natural de los Estados Unidos y al menos 14 años residiendo en el país. La Constitución no impide o prohíbe expresamente que un candidato presidencial pueda ser un recluso para ser elegible como como candidato presidencial.
La controversia que suscita este tema proviene de dos principios jurídicos opuestos. «Todo lo que no está prohibido está permitido». Es el concepto de que cualquier acción puede tomarse a menos que exista una norma legal que lo impida. Cualquier conductor en Estados Unidos puede advertir que puede hacer cualquier maniobra con el automóvil que una señal de tránsito no se lo prohíba. El principio opuesto es que “todo lo que no está permitido está prohibido”, el cual establece una acción que solo puede tomarse si está específicamente permitida.
El enredo legal
La Constitución no indica si el encarcelamiento de un candidato equivale a un «impedimento» o a una “incapacidad”. Nunca ha sido resuelto y no hay jurisprudencia sobre el tema. ¿Se le permitiría ocupar el cargo a un recluso electo presidente? Muchas de las normas constitucionales de Estados Unidos, como dijimos en otra ocasión, están inspiradas en la tradición y el Derecho Común del Reino Unido en las cuales el “honor” es un elemento sustantivo clave. A ningún constitucionalista se le ocurrió que se debería establecer expresamente una norma constitucional que declare la incapacidad o impedimento de un recluso para ser candidato a presidente.
En la práctica jurídica actual el vicepresidente no se convierte en presidente interino cuando el presidente está incapacitado. En los casos de incapacidad del presidente, por razones de salud, por ejemplo, la Constitución indica que se debe acudir a uno de los dos procesos de la Enmienda XXV, Sección 4. El presidente debe hacerse a un lado voluntariamente para permitir que el vicepresidente sea el presidente interino, o el vicepresidente debe presentar al Congreso la declaración escrita del 50% del Gabinete más la del vicepresidente, para aplicar la Enmienda XXV, Sección 4 y obligar al presidente a retirarse. Así lo hizo Biden la pasada semana por un examen médico que incluía anestesia en una colonoscopia. Pero si un candidato presidencial gana una elección y como la Oficina Federal de Prisiones está el bajo el mando del Ejecutivo, podría ordenar su propia liberación a esta agencia federal.
Constitucionalistas entrevistados recientemente por la revista Insider Business, concurrieron que no existe nada que impida a una persona encarcelada ser candidato presidencial. Incluso, el prestigioso profesor de Harvard, Laurence Tribe, considerado un erudito constitucionalista de Estados Unidos, declaró con ironía: es posible que el líder del mundo libre que gobierne a Estados Unidos sea uno de los 2.3 millones de estadounidenses encarcelados.
Todas estas disquisiciones legales han traído al tablero político de Estados Unidos esta insólita respuesta a una insólita pregunta ¿Podría Donald Trump ser candidato presidencial en prisión?