El  Consejo General para los Derechos Humanos de la ONU bajo la resolución 42/25 del 27 de septiembre de 2019 estableció una Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela para investigar las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desaparición forzadas de personas y las torturas, tratos crueles e inhumanos y degradantes cometidos desde 2014.

La misión hizo público el informe y quiero destacar lo histórico, denso, contundente, preciso, trascendente y muy diferente a los anteriores emanados del sistema interamericano (OEA) y los dos últimos de la alta comisionada Michelle Bachelet para los derechos humanos de la ONU, porque estos informes solo señalan  las violaciones de los derechos humanos y el patrón que comportan las  vulneraciones por parte del Estado.

En el informe de la misión de determinación de los hechos se señalan con nombre y apellido a los responsables que dieron la orden de cometer estas atrocidades. Pero lo más grave es que califican estas violaciones de crímenes de lesa humanidad.

Es la primera vez que un organismo internacional de la ONU lo califica así, refiriéndose a la desaparición forzada de personas, torturas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, las actuaciones de la OLP, la FAES, que pueden ser investigados por la Corte Penal Unternacional. También se destaca en el informe la violencia sexual contra mujeres detenidas.

El Estado venezolano suscribió y ratificó el 7 de junio del año 2000 el Estatuto de Roma, que es el instrumento y soporte jurídico de la CPI, por lo tanto, la Corte tiene  competencia para ejercer jurisdicción sobre los crímenes de lesa humanidad que se cometan en el territorio nacional establecidos en el artículo 7 del Estatuto a parir del primero de agosto de 2002.

Es importante advertir que la Corte procesa penalmente a jefes de Estado en ejercicio, altos funcionarios de gobiernos y a militares de alto rango sin privilegios. Con este informe de la misión independiente de determinación de los hechos, la fiscal penal que ha venido obstaculizando el informe preliminar para su aprobación y que le prometió a las víctimas avanzar pero que no le ha cumplido, ​tiene la gran oportunidad de lavar su imagen porque ya no hay excusas para no impulsar la investigación y así permitir plantear el primer caso latinoamericano.

Quiero recordarles a los violadores graves de los derechos humanos que el sistema universal de los derechos humanos no conceden privilegios y que los crímenes de lesa humanidad no prescriben.

Es el momento más oscuro para los derechos humanos en Venezuela, están en crucifixión.


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