Esta semana la Organización Meteorológica Mundial (OMM) publicó un nuevo informe sobre el Estado del Clima Mundial en 2023, que confirma que el año pasado fue el más caluroso desde que se tienen registros, con una temperatura promedio global de 1.45 ± 0.12 °C por sobre los niveles preindustriales, peligrosamente cerca del límite de 1,5°C que se ha fijado la Comunidad Internacional.
Las consecuencias de este fenómeno se sienten en todo el mundo, pero se viven con especial crudeza en América Latina y el Caribe: en Colombia son más de 800 los municipios que durante el verano han estado en alerta por riesgo de incendios forestales; en España, Cataluña atraviesa la peor sequía desde que se tiene registro, mientras que en Chile el mismo fenómeno aqueja a más de 70% del territorio y los incendios han llegado ya afectar importantes centros poblados; en Ecuador la falta de lluvias ha afectado el abastecimiento energético; y en Panamá el alza en el nivel del mar ha obligado a reubicar a parte de la comunidad de Guna Yala ante el riesgo de que las islas que habitan sean cubiertas por el agua.
Es en este contexto que el pasado 8 de febrero, en Islas Galápagos, Ecuador, se realizó la XII Conferencia Iberoamericana Ministerial de Medio Ambiente y Cambio Climático, en la que los miembros de la Comunidad renovaron su compromiso con el cumplimiento de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el acuerdo de París, acordaron medidas para impulsar la protección de la biodiversidad, hacer frente a la desertificación y deforestación, y fomentar la conservación y el uso sostenible de los océanos.
La preocupación por el medio ambiente, la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático, sin embargo, no son preocupaciones recientes para los países iberoamericanos, muy por el contrario, son cuestiones que han estado presentes desde los orígenes de la Comunidad, como se evidencia en los 11 comunicados especiales que se han aprobado durante los últimos cinco años, en los que se abordan diversas aristas del problema: la protección de los océanos, la transición energética, el acceso al agua y la desertificación, entre otros. Mención aparte merece el consenso al que llegaron los 22 países iberoamericanos de camino a la COP28, demostrando que, en esta materia, y pese a pertenecer a distintos grupos negociadores, son muchos más los elementos que comparten que los que los diferencian.
La sensibilidad ambiental de la Comunidad Iberoamericana se ve también reflejada en el informe de Cooperación Sur-Sur y triangular, elaborado por la Secretaría General Iberoamericana, que recoge más de 9.000 iniciativas de cooperación en materia medioambiental, realizadas entre 2006 y 2020. El acervo ambiental de la comunidad incluye también el trabajo del “Observatorio La Rábida de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático en Iberoamérica” -resultado de una alianza estratégica entre la SEGIB el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España; la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Huelva-, y de las redes iberoamericanas medioambientales (la Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua, la Conferencia de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales Iberoamericanos y la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático) que se han consolidado no solo como espacios de diálogo a nivel intergubernamental, sino que también como importantes referentes en la elaboración de estudios y de espacios de capacitación especialmente adaptados a las necesidades de la región.
Pero quizás el más importante avance en la materia sea la “Carta Medioambiental Iberoamericana” aprobada por las jefas y jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre de Santo Domingo, realizada en marzo del año pasado. En ella se consolida la visión desarrollada a lo largo de 30 años, por 22 países de realidades geográficas y estados de desarrollo muy diversos, que fueron capaces de alcanzar un consenso respecto de la importancia de hacer frente a la triple crisis planetaria (cambio climático, aumento de la contaminación y pérdida de la biodiversidad) y preservar un medioambiente saludable para las generaciones futuras. La Carta contiene los principios y las orientaciones necesarias para alcanzar estos objetivos, pero para aterrizarlos en acciones concretas que aprovechen las herramientas con las que cuenta la Comunidad, se requiere una Agenda Medioambiental Iberoamericana.
El desafío entonces consiste en avanzar, aprovechando el impulso de la Reunión Ministerial de Ecuador, en la creación de esa Agenda, que coordine las acciones de los 22 países, sacando partido a todo el potencial de la comunidad, a sus redes, al trabajo con sus aliados internacionales, a sus instancias de diálogo político y, por sobre todo, a su consolidada plataforma de cooperación internacional.
Es innegable que existe una plétora de foros en los que se abordan las cuestiones medioambientales, pero los países iberoamericanos han optado porque sea en el marco de esta comunidad, caracterizada por el diálogo sin exclusiones, el consenso a partir de los principios compartidos y la cooperación horizontal, que se implementen acciones concretas, se acuerden posiciones comunes y se forjen las alianzas necesarias para impulsar una transición verde justa que responda a sus intereses y necesidades.
Ya sabemos la crisis a la que nos enfrentamos, lo que tenemos que hacer para superarla y lo que pasará si no lo hacemos. Ahora solo nos queda actuar, y en la Comunidad Iberoamericana contamos con las herramientas para hacerlo.