El pasado 11 de marzo de 2020 fue dada a conocer la más reciente versión del Índice de Estado de Derecho (IED) del World Justice Project (WJP), fuente líder mundial de datos originales e independientes sobre el estado de derecho. Esta versión del IED 2020 con datos del año 2019, pasó por debajo de la mesa, ello en virtud de la circunstancia del coronavirus y los sucesos conexos ya conocidos por todos nosotros.
El IED está destinado a un público amplio que incluye a los responsables políticos, organizaciones de la sociedad civil, académicos, ciudadanos y profesionales del derecho, entre otros. Los puntajes y clasificaciones del IED se derivan de más de 130.000 encuestas de hogares y 4.000 encuestas de expertos legales y expertos en todo el mundo.
El IED 2020 presenta una fotografía del estado de derecho en 128 países y jurisdicciones y sus cifras recogen los juicios en los siguientes ocho factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil, y justicia penal.
«Lo que estamos presenciando es una erosión constante en las dimensiones centrales del gobierno responsable que afecta a las democracias y dictaduras por igual», afirma la directora ejecutiva de WJP, Elizabeth Andersen. «Este es el tercer año consecutivo que nuestros datos muestran el imperio de la ley en retirada a nivel mundial, incluso en los que tradicionalmente han tenido buenos resultados y han servido como buenos ejemplos y defensores de estas normas en todo el mundo». Por tercer año consecutivo, fueron más los países que declinaron con relación a los que mejoraron, según los resultados del IED 2020.
Precisamente y a nivel mundial, los países experimentaron los mayores descensos durante el año pasado en los factores de Derechos Fundamentales (54 disminuyeron, 29 mejoraron), Contrapeso sobre los poderes del gobierno (52 disminuyeron, 28 mejoraron) y Ausencia de corrupción (51 disminuyeron, 26 mejoraron). Los datos de WJP muestran que los mismos tres factores exhibieron las mayores disminuciones en un horizonte de cinco años. Los Derechos Fundamentales mostraron la mayor cantidad de retrocesos con 67 países que cayeron en puntaje desde 2015.
En el caso específico de Venezuela la involución continuó. Por ejemplo y en el año 2011, año en que aparece Venezuela por vez primera en el Índice, nuestro IED global fue de 0,40. Para 2019 exhibimos un valor de 0,27 (menor nota es peor) y ocupamos la última posición tanto en el ranking regional de América Latina y el Caribe, lugar 30 de 30 países, como en el ranking mundial, lugar 128 de 128 países. Para que el lector tenga idea de lo que el puntaje de Venezuela significa: el país que ocupa el primer lugar en el IDE es Dinamarca y tiene una puntuación de 0,90 mientras que Uruguay, Costa Rica y Chile ocupan las posiciones, en el ranking mundial, 22, 25 y 26 respectivamente, con puntuaciones de 0,71, 0,68 y 0,67 también respectivamente.
En nuestro país, todos los ocho factores mencionados en el tercer párrafo de éste artículo, han disminuido pero los tres que más lo han hecho, en valor absoluto cuando comparamos 2019 versus 2011, son cumplimiento regulatorio (pasó de 0,40 a 0,20), derechos fundamentales (pasó de 0,50 a 0,31) y justicia penal (pasó de 0,30 a 0,13).
El tránsito de Venezuela en puntuación y ranking de su IED hacia su situación actual revela, precisamente, un Estado de Derecho que ha ido degradándose consistentemente para posibilitar la supervivencia del grupo gobernante en el poder, por la vía de irrespetar los derechos humanos básicos protegidos por el derecho internacional.
El IED es de extrema importancia porque está relacionado con la legitimidad del gobierno. Con el tiempo, este gobierno y por causas harto conocidas tanto por nosotros como por el resto del mundo, perdió la capacidad de legitimarse a través del «consentimiento de los gobernados» (John Locke dixit) y como tal adquirió, primeramente el hábito de atropellar y pisar tal consentimiento y luego y más recientemente, de “fabricárselo” a voluntad.
Uno de los roles fundamentales de un gobierno es crear y preservar una sociedad en donde se respeten los derechos naturales. Si en ese estado, donde ejerce su función el gobierno, el Estado de Derecho se encuentra en ruinas, entonces su legitimidad también se encuentra en ruinas.
Allí reside la importancia del Índice de Estado de Derecho: constituye, de manera indirecta, un Índice de Legitimidad de gobierno.