Las estaciones de servicio de combustible se han convertido en centros de represión, donde efectivos militares o policiales que las custodian aprovechan las largas colas que hacen los usuarios para surtirse de gasolina o diésel para aplicar la conocida “matraca” o infligir tratos crueles e inhumanos, así como practicar detenciones arbitrarias, a quien mejor le parezca. Los cuerpos de seguridad del Estado se amparan en los decretos de estados de alarma y de excepción dictados por el Ejecutivo, supuestamente con el objetivo de contener la cadena de contagios de la covid-19, para cometer todo tipo de abusos contra los ciudadanos.
Esta conducta reprochable, encabezada por algunos efectivos de la Guardia Nacional, está impregnada de rabia y resentimiento. Lamentablemente, ya se ha hecho uso y costumbre en contra de los ciudadanos, sean médicos, trabajadores de la prensa, abogados o incluso pacientes que son trasladados en ambulancia a un centro de salud en otro estado del país, como es el caso del odontólogo Williams Arrieta, ocurrido el día miércoles en la ciudad de Puerto Ordaz. Cuando manifestó contra la corrupción fue golpeado salvajemente por varios policías que le causaron severos traumatismos. Esta acción al margen de la ley demuestra la descomposición de los cuerpos de seguridad del Estado y la falta de control por parte de sus superiores.
En Venezuela se está en presencia de la situación más crítica y el momento más oscuro de los derechos humanos. Nuestro pueblo se encuentra en el mayor grado de indefensión, algo nunca visto en nuestra historia en materia de derechos humanos y garantías constitucionales.
Los venezolanos continúan padeciendo la falta de servicios básicos, sueldos de hambre, hiperinflación indetenible y crisis sanitaria, con el crecimiento exponencial de las cifras de contagio del nuevo coronavirus y de los fallecidos.
La necesidad de dotar a los médicos y trabajadores de la salud de insumos de bioseguridad para garantizar que puedan seguir salvando vidas es urgente, es lamentable que sigan muriendo médicos sin que el Estado reaccione y ni siquiera exprese condolencias y sentido pésame a sus familiares, el reconocimiento a quienes están dando sus vidas en la lucha contra la covid-19.
Estamos en presencia de un Estado que en este momento tiene como prioridad las elecciones parlamentarias, con pandemia o sin pandemia.
En segundo plano está el derecho a la salud y a la vida, pues solo está pendiente de mantenerse en el poder condenando a los ciudadanos a seguir soportando el calvario de la pandemia y las violaciones de los derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.
Con el crecimiento exponencial de la covid-19, el aceleramiento de la pobreza por salarios de hambre y la hiperinflación, el colapso de los servicios básicos, la vulneración de los derechos civiles y políticos, las restricciones al libre ejercicio del periodismo y los excesos policiales impregnados de represión, tratos crueles e inhumanos y degradantes con resentimiento contra los ciudadanos por parte del Estado, es una demostración del desprecio al artículo 19 de la Constitución que establece la obligación del Estado en garantizar y hacer respetar los derechos humanos de las personas sin discriminación alguna.