Es necesario recordar hechos claves de la política venezolana para dar forma a opiniones que faciliten a su vez el avance para un cambio definitivo del modelo de gobierno en el país. Es importante definir un marco de referencia, dentro del contexto de la situación crítica de Venezuela, en la que una de las decisiones más importantes fue el Recurso Contencioso Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, mediante el cual, se declaró nulo el sistema automatizado de votación y la declaratoria de inconsistencia del Registro Electoral.

Como consecuencia de la sentencia aludida tomada en junio de 2018, se exhortó a la Asamblea Nacional para la designación inmediata de nuevos rectores del CNE, y a la Fiscalía General, de establecer las responsabilidades penales de los rectores y funcionarios, por los delitos comprobados de violación de los derechos humanos y delitos públicos, relativos a la licitación y   contratación irregular de empresas informáticas.

También el TSJ Legítimo, en uso de sus atribuciones, permitió el nombramiento constitucional del presidente de la AN como presidente interino, lo cual dio como consecuencia el apoyo de la comunidad internacional, representado por más de cincuenta países, motivo suficiente para que el régimen saliera del poder, pero el mismo se ha negado sistemáticamente, apoyado por la fuerza militar venezolana, y como si fuera poco, por fuerzas militares cubanas, rusas, chinas y  el apoyo de milicias civiles, colectivos armados, traficantes del narcotráfico y de las guerrillas colombianas, que hicieron de Venezuela su propiedad particular y guarida protegida por el régimen.

Ya hace dos largos años de emitidas las sentencias, ha habido negligencia por parte de la Asamblea Nacional en todos sus aspectos, privilegiando sesiones insulsas e inoperantes, en lugar de priorizar la designación de un gobierno de transición, apoyado por un Consejo de Emergencia Nacional y de los funcionarios indispensables para operar un gobierno provisional.

El régimen atrincherado en su poder militar, y en los recursos apropiados a la República y los provenientes de sus actividades ilícitas, ha desconocido toda decisión y permanecido en el poder, desafiando las sentencias del máximo tribunal de justicia, y de las recomendaciones internacionales de abandonar el poder. Muy por el contrario, ha impuesto el poder de la fuerza, y mantenido la apropiación indebida de las instituciones públicas y privadas, cercenando las libertades públicas, violando los derechos humanos de la población y generando la peor crisis histórica del país en materia social y económica, sometiendo a los venezolanos a la ruina y depauperación.

Personeros de la llamada oposición, en contradicción a la realidad social, política y legal del país y de sus entes jurisdiccionales, han cohabitado y colaborado con el régimen, lo que no ha permitido el cambio de gobierno por un modelo democrático, sustentado debidamente por un gobierno de emergencia transitorio y la búsqueda de las elecciones presidenciales y parlamentarias.

La crisis se ha profundizado como consecuencia de que las principales cabezas del régimen han sido acusadas judicialmente de narcotraficantes y terroristas, y se les ha puesto precio a sus cabezas, para ser capturados y sometidos a juicio por los crímenes cometidos, y de los efectos de sus acciones, que no solamente han desestabilizado al país, sino a la estructura orgánica internacional de los países democráticos de América, afectando severamente su seguridad nacional.

El tema, ventilado en organismos internacionales y en los gobiernos de países democráticos, han tomado la decisión de repudiar al régimen y parcialmente bloquear las relaciones económicas y comerciales de Venezuela. Consecuencialmente, algunos de ellos, decidieron establecer un cerco militar para garantizar el cumplimiento de las medidas tomadas, y en especial, de impedir el narcotráfico en la región.

La movilización militar internacional ha impactado a la población venezolana, que ha visto la  potencial liberación del país de una dictadura militar comunista, y ha abrigado las mejores deseos de precipitar la  salida de dicha dictadura, sin embargo, el régimen ha respondido con soberbia y fanfarronería a tales pretensiones, ha  profundizado el control y la persecución de la resistencia pacífica, ejerciendo  el poder y reduciendo cualquier reacción popular, lo que se ha complicado con la aparición de la pandemia del coronavirus, potenciando la crisis venezolana.

Como reacción psicológica natural, todo el  mundo espera que la solución se produzca como consecuencia de las  acciones de fuerzas multinacionales integradas, pero esa esperanza es fallida tal como el común de la población espera, ya que no es posible resolver este problema de manera absolutamente militar, sin la participación popular, y de organizaciones bien estructuradas internamente, y del poder legítimo de un Consejo de Gobierno, con todos los elementos fundamentales de un gobierno de transición.

Una vez más, aparece la eterna esperanza del venezolano, de buscar su libertad detrás de los demás, y en una ilusa invasión, escudándose en su burbuja abúlica, esperando que alguien resuelva sus problemas sin luchar por ella; condición necesaria para que la comunidad intervenga, a contribuir a parar y mitigar la tragedia que se cierne sobre Venezuela.

En otras palabras, la opción militar internacional no es suficiente; se ha sugerido y planteado que tanto el usurpador, como el presidente interino, se hagan a un lado para permitir el trabajo independiente de este Consejo de Gobierno, como condición para provocar la necesaria y urgente ayuda humanitaria, y el levantamiento de sanciones económicas.

No hemos visto que la AN haya considerado la condicionante ley para crear al Consejo de Estado, que se convertiría a partir de ese momento, en el poder Ejecutivo, y el nombramiento del respectivo gabinete de transición, de instrumentar las decisiones del máximo organismo del Poder Judicial, y de rehacer el sistema electoral y el registro civil para llevar a cabo elecciones transparentes.

El componente internacional refleja la aplicación de la opción militar, la cual se hace entre varios países, entre ellos: Gran Bretaña, los Países Bajos, Francia, Colombia y el más fuerte, como es Estados Unidos, que está mayormente afectado de preservar su seguridad nacional, en especial por la conducta criminal del narcotráfico.

En relación con la fuerza militar desplegada en el Caribe, es muy pretencioso creer en una invasión militar, y esperar que, de esta manera, se solucionen los problemas de Venezuela. Eso no va a suceder, a pesar de que, si pudieran existir intervenciones indirectas a delincuentes, a través de mecanismos apropiados en los que existen múltiples opciones para la captura de los indiciados, los cuales tienen acusaciones judiciales y precios establecidos.

Se está usando mucha tecnología en lugar de una gran fuerza directa para lograr sus objetivos, la cual está diseñada para enviar un mensaje a la dictadura, y golpear a aquellos en Venezuela que usan su posición para lucrarse y por supuesto, las cosas se van a poner mucho más difíciles no solo para el régimen, sino de sus cómplices y asociados.

Existe una hoja de ruta que permite salir de esta situación, democrática y aceptada por una mayoría de países que solicita elecciones condicionadas a la salida del régimen, pero sus líderes no quieren salir del poder de manera voluntaria. Está claro que existen procedimientos que permitirán hacerlo por la fuerza o, igualmente apartar a los que voluntariamente lo hagan de manera condicional, pudiendo sobrevivir a sus desmanes.

Los dirigentes del régimen y sus aliados, no aceptan salir por las buenas, y no lo harán en el futuro inmediato, solo que, saben que su única opción es dejar el poder, y por supuesto, eso no cambia el hecho de que acaban de ser acusados por una corte en Estados Unidos. Estos procedimientos mencionados, convertidos en mensajes apropiados, no son solo para ellos, sino para el estamento militar venezolano que pudieran tener una opción de salida, si hacen lo que tienen que hacer, y patrióticamente lo tienen que hacer o tomar el riesgo del caso.

Si no hay reacción popular y el venezolano y sus organizaciones no se involucran y exigen lo necesario, el tiempo se alargará hasta no se sabe, o para cuando las condiciones estén dadas. El país y su gente no tienen tiempo para esa espera; si eso ocurre el país se derrumbará.

La oposición oficial está comprometida, se desacreditaron cuando recurrieron a un diálogo ineficaz e inútil, y por eso, nadie confía en otro proceso semejante. Por tanto, la ruta sugiere un plan de transición, exige la salida del régimen y de todas las fuerzas externas de Venezuela, es decir, de los cubanos, rusos, chinos, turcos, guerrilleros, y narcos. Si deciden usar su fuerza, desplegada en el país, entonces estamos hablando de otra cosa, es decir, de objetivos militares aferrados a abandonar al país que invadieron, y expoliaron como toda fuerza de ocupación mercenaria, para todo eso, no hay negociación que valga, ni espacio para la concesión. La libertad es la única condición necesaria y suficiente.

Como dicen las reflexiones de la lectura del Infierno de Dante Alighieri: “Mi legado es el futuro, la salvación, es el infierno, lo digo como pecador en época de pandemia. En tiempos peligrosos, no hay mayor pecado que la pasividad. La negación de la realidad se ha convertido en una pandemia global”.

 


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