Menos mal va concluyendo el verano europeo, caluroso, con poca electricidad, alto consumo y con Rusia amenazando de forma permanente de disminuir o cortar suministro de gas, principal fuente de generación eléctrica.
A ello agregar, como ya tenemos analizado en columnas anteriores, la incapacidad de los perezosos europeos de no haber construido oportunamente de una política energética sólida que les de independencia, garantía de suministro y tranquilidad para evitar depender de Rusia. Para ello tenían el tiempo y el dinero.
Ante esa crisis se suma una incapacidad notoria del socialismo español en elaborar políticas energéticas; el gobierno plantea más impuesto a las principales energéticas españolas.
Resulta obvio que cualquier impuesto va directamente en contra la iniciativa privada, la inversión y la innovación, particularmente en una industria sensible como la energética que requiere millones en desarrollo e investigación para mejora permanente de sus tecnologías.
Pero los socialistas entienden la única forma de recaudar vía impuestos, ahogando a privados.
El locuaz Sánchez Castejón, a quien permanentemente recrimino en Twitter su falta de tino en política energética, presentó ante el Congreso de Diputados una proposición de ley para fijar dos gravámenes (del4,8% sobre el margen de interés y comisiones de los mayores bancos de España y otro de 1,2% sobre ingresos de las principales energéticas) con el pueril argumento de que ambos sectores tienen «beneficios extraordinarios». Y si así fuera debe ser que ambos sectores privados son ágiles para jugar en mercados siempre competitivos como la banca y la industria energética. Son buenos para generar dinero con costos aceptables.
El argumento adicional que esgrimen los socialistas, siempre en su sesgada visión oportunista de la historia y del porvenir, es que «ha llegado el momento de que las empresas que reciben importantes beneficios arrimen el hombro y hagan un ejercicio de responsabilidad corporativa» (portavoz del PSOE dixit).
No es así señores del socialismo. No es culpa del privado, o de la inversión privada si ustedes inflaron presupuestos estatales para crear mayor burocracia, despilfarran presupuestos en asuntos públicos sin sentido (des propaganda, hasta bonificaciones) o que ustedes no tengan responsabilidad en el manejo de las cuentas fiscales. De forma que los errores del estado no pueden ser asumidos apelando a la falaz muletilla de “poner el hombro” por los privados que, normalmente, son austeros y previsores y cuidan el centavo.
El mix de la generación eléctrica en España 2021: 259.850 gigavatios-hora, del que 20% tiene por fuente la nuclear. La eólica y sus aerogeneradores responsables de 23,5; y el gas y sus ciclos combinados aportan 17,1% de la energía eléctrica generada.
Las tarifas eléctricas subieron, infortunadamente, hasta superar los 250 euros por megavatio-hora, lo que impactó, negativamente, el IPC mensual de la vivienda, lo que a su vez ha contribuido a que la inflación haya alcanzado su cifra más elevada en casi tres décadas.
De todas formas lo que debe alegrarnos a todos, pese al contexto, es que las renovables tienen ya una presencia absolutamente consolidada, aunque debe mejorar, en la matriz eléctrica española.
Ésta conforma por un mix: 37,6% de la producción eléctrica de julio 2022 fue de generación renovable (solar, eólica).
En julio en España se tuvo una demanda de 23.552 GWh.
En todo caso subrayamos: si hay más impuestos establecidos el flujo de inversiones para desarrollo de tecnologías para renovables o para nuevos mecanismos de negocios en gas y petróleo cesarán los ritmos actuales.
Desde el principio de su mandato, Sánchez le puso “el ojo” a las compañías energéticas, desprestigiándolas y tratando de hacer ver que sus ganancias son algo que ocurrió “por el azar” o por abuso a la gente. Ni lo uno ni lo otro: las ganancias son siempre producto de esfuerzos, competitividad y dura presencia en un mercado siempre agresivo e innovador.
La pobreza de la ciudadanía de España no es culpa de las eléctricas, es culpa del mal manejo de la economía por parte de los socialistas: con sus erradas políticas y alta burocracia hicieron perder el valor del dinero y lógicamente ahora quieren echar mano de las empresas.
A ello agregar la guerra de invasión de Rusia a Ucrania que encareció el precio de la materia para la electricidad (el gas natural) y de otros insumos y productos.
Varios analistas españoles coinciden en que el gobierno de Sánchez tiene por finalidad coartar la libertad de trabajo de los inversionistas, crear un escenario “tercermundista” (de ausencia de Estado de Derecho) e inseguridad jurídica para que nadie invierta en el país. “Y la consecuencia es obvia: fin de las inversiones y de la apuesta por España hasta que no pase la ola de caos e inseguridad jurídica impuesta por el Gobierno socialista comunista…” (fuente: Carlos Cuesta en libremercado.com ).
No habrá tal transición energética que busca Sánchez si sigue actuando erráticamente en energía por ejemplo en su excesiva burocracia; un ejemplo concreto: para la instalación de una planta fotovoltaica, de 200 MW se requieren en su fase constructiva de seis meses, pero los trámites estatales y burocráticos demoran más de 12 meses. ¡Una estupidez! Así no habrá incentivo a la inversión.
Desde el empresariado español, como por ejemplo la CEOE, Cepyme y la Federación de Empresas del Metal de Zaragoza (FEMZ) exigen del Gobierno central “articulación de medidas que apoyen la actividad de las empresas a las que representan”.
Con poco gas, con desarrollo de renovables aún no en su totalidad, con un régimen socialista muy duro, el otoño, y sobre todo el invierno, serán bastante fríos para los españoles.
La recomendación de siempre, en mis anteriores columnas, y de cualquier analista más o menos serio de la industria es: acelerar el desarrollo de las energías renovables para poder romper con la dependencia energética de Rusia pero ello se logrará si es que el gobierno no clava más impuestos a la innovación y emprendimiento.
Otra “apuesta” europea y española es el hidrógeno (verde, renovable), cuyas metas están ya trazadas por el Pacto Verde Europeo, que apuntan a cuatro gigavatios de potencia instalada para 2030, pero con inversión de más de 9.000 millones de euros. Pero nuevamente: se necesita que el gobierno deje de trabar tanto y de soltura a la iniciativa privada.
@BorisSGomezU