Resulta por lo menos extraño que haya sido apenas en septiembre de este año que comenzó en Colombia el censo o registro oficial formal de colombianos que retornan a su patria desde Venezuela a los fines de determinar si la política migratoria -esa sí formulada y puesta en ejecución desde hacen 7 años- está surtiendo el efecto deseado. No es un secreto que en materia poblacional, de los dos lados de la frontera colombo venezolana, los “ires y venires” de ciudadanos han contado por tradición con registros incompletos, poco científicos y hasta intuitivos, por lo que las políticas transfronterizas en más de un terreno han sido calculadas “a ojos de buen cubero”.
Solo que la crisis social y económica provocada entre los dos países por las masivas migraciones de ciudadanos que se han estado produciendo como consecuencia del drama venezolano hace imperativo para el gobierno neogranadino poder distinguir cuántos de los migrantes desde Venezuela cuentan con el estatus de colombianos, lo que les otorga derechos y obligaciones diferentes al resto de los protagonistas del éxodo.
Siempre hemos escuchado que en Venezuela, en su mejor momento, la presencia de colombianos alcanzaba a 4 millones de almas. ¿Cómo se llegó hasta producir tal cifra que repetimos sin cesar en Venezuela como si se tratara de un trofeo? Una institución tan seria como Acnur adelantaba recientemente la medición del volumen de “retornados” de la siguiente manera: “Si se parte de una de las aproximaciones moderadas y se toma la cifra de 1.500.000 colombianos que migraron a Venezuela en el pasado, y proyectamos que tuvieron en promedio 2 hijos, se estaría hablando de por lo menos 4.500.000 de colombianos que podrían retornar al país.
La Universidad del Rosario complementaba aquella cifra calculando que si a ello se suman las parejas con derecho a ser igualmente acogidas y si se acepta que es posible que solo la mitad de los colombianos en Venezuela serán candidatos al retorno, Colombia estaría a esta hora frente a un fenómeno migratorio propio de 2 millones de compatriotas suyos.
El caso es que el fenómeno de los exiliados colombianos que regresan a su país es, además de grande, complejo. Los que regresan formando parte de la diáspora venezolana por detentar la ciudadanía venezolana son parte de la emergencia humanitaria de gran escala que debe ser tratada con políticas y ayudas específicas. Pero aquellos que tienen el derecho a la nacionalidad colombiana, a pesar de comportarse, actuar y tener documentos y gustos venezolanos, se encuentran en una situación aventajada con respecto al resto… pero solo en principio.
Porque sería preciso que, al cruzar la frontera, estos binacionales, sujetos ellos de acompañamiento y de programas de asistencia, tramitaran la documentación que los hace acreedores de los derechos de los colombianos en los terrenos de educación, trabajo y salud y financiero, para comenzar por lo más sencillo. Pero esto simplemente no ocurre ya que los hijos, nietos y descendientes de colombianos nacidos del lado venezolano de la frontera no se registran para comenzar a gozar de las prebendas que les son atribuibles porque tal registro es voluntario. Nadie sabe si se trata de “vivarachería” criolla para gozar de las ventajas de ambos estatus, si es desconocimiento de la normativa que los ampara, o si se trata más bien de la dificultad inherente a producir en Venezuela los documentos apostillados que los acreditan como binacionales.
En cualquier caso, para finales de 2019 y desde 2015 la Comisión Intersectorial para el Retorno ha tramitado menos de 27.000 solicitudes de colombianos retornados de Venezuela interesados en acogerse a la Ley 1565 de 2012 o Ley Retorno, una cifra verdaderamente absurda.
Así que las autoridades colombianas se encuentran en un verdadero limbo con respecto al tamaño del contingente humano que deben atender, bien sea como migrantes refugiados o como retornados, pero algunas fuentes serias ubican a los retornados entre 500.000 y 1 millón de personas.
Una cifra para no poder dormir tranquilos.