Es imposible no comparar entre el tratamiento que se está haciendo del drama de la pandemia en Venezuela y el que se está instrumentando del otro lado de la línea de frontera que nos separa de los vecinos colombianos.

Para los venezolanos y el régimen que administra la dinámica nacional, el tema de la crisis del contagio de covid-19 es de vida o muerte porque encuentra al país en el peor momento de debilidad en todos los terrenos: el sanitario en primer lugar, pero igualmente el económico, el social, el de aprovisionamiento (gasolina incluida) el de infraestructura. Y, aunque no se escriba en ningún lado porque la atención está puesta en otro derrotero, el de la popularidad del gobierno. Sí. El madurismo está en su peor hora de apego popular. Así que una salida airosa de este episodio sanitario ayudaría mucho a sus jerarcas a asirse del poder que tanto les importa. Sin embargo, no se perciben en el horizonte otras medidas que la del confinamiento y el requerimiento a terceros de efectuar aportes humanitarios para intentar instrumentar algún plan de protección a la ciudadanía.

Hay rasgos comunes en lo que ocurre más allá del Arauca. Porque, aunque el país colombiano tiene una economía sólida, viene progresando consistentemente en lo social y su sistema sanitario atiende a la inmensa mayoría de los neogranadinos, la hora política es muy compleja también para Iván Duque.

Le ha tocado a este líder, desde la Presidencia, cargar sobre sus hombros con la tarea de darle sustancia e implementar un acuerdo de paz que sus electores adversaban con mucha fuerza. Por un lado, esforzarse en materializar el desarme de los subversivos, ahora dedicados con dientes y muelas al crimen organizado, a la vez que intentar sanear los espacios del interior afectados por la violencia guerrillera, y ello al tiempo que se estimula una incorporación del campo a la dinámica económica y social del país.

Pero aunque la voluntad exista en el gobierno colombiano para acometer una tarea que es preciso cumplir aunque sea con desgano, los fondos lucen ahora mucho más insuficientes para los fines de la paz, si al mismo tiempo se ha tornado imprescindible levantar recursos en cantidades monumentales para destinarlos a la batalla contra la contaminación y a fortalecer a las poblaciones más desvalidas y susceptibles de ser impactadas por la crisis sanitaria. La fundación Ideas para la Paz lo advierte en un reciente reporte: Las limitaciones presupuestales del país “podrían profundizarse como resultado de la reorientación de recursos para responder a la pandemia”.

Sin embargo, el gobierno de Duque no se cruza de brazos y demuestra allí su compromiso. El último de sus movimientos ha sido obligar a las entidades de préstamo a comprar deuda pública denominada “títulos de solidaridad” o TDS, a fin de captar fondos para hacer frente al impacto económico de la pandemia. Las entidades de préstamo estarán todas obligadas a comprar una cantidad de deuda equivalente a hasta 3% de sus depósitos a la vista y 1% de los depósitos a plazo a fecha de 31 de marzo.

No hay escogencia posible. Los dos propósitos deben ser emprendidos con la misma férrea voluntad. A fin de cuentas, se trata de ser extremadamente proactivo y echar mano de cuanto recurso está al alcance para no abandonar las metas del Plan de Paz, mientras se le presta atención a los aspectos humanitarios de la crisis sanitaria y no se deja de lado el progreso económico y social de Colombia. Si logra alcanzar victorias visibles en todos los terrenos, Iván Duque acudirá a las próximas elecciones con un capital ganado nada deleznable.


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