Por Alejandro Álvarez Iragorry, coordinador General de Clima21- Ambiente y Derechos Humanos
Recientemente las organizaciones no gubernamentales Clima21 – Ambiente y Derechos Humanos y Todos por el Futuro publicamos un comunicado en solidaridad con los habitantes de la cuenca del río Caura en su lucha contra la minería ilegal de depredación.
En este documento exigimos al gobierno nacional garantizar la eliminación permanente de la explotación minera en toda la cuenca de tal manera de proteger los derechos humanos de toda la población local y del país.
Asimismo, expresamos preocupación por la escalada de violencia y destrucción generada por este tipo de minería.
Para ayudar a comprender este proceso de devastación realizamos una breve reseña de los sucesos ocurridos en la cuenca en los últimos veinte años.
Iniciamos recordando que la cuenca del Caura en la década de los noventa fue considerada una de las áreas prístinas representativas de los bosques del Escudo de Guayana. Los investigadores que trabajaban en la zona valoraban su alta biodiversidad y la existencia de culturas que utilizaban los recursos naturales de manera sostenible.
Esta situación cambiaría rápidamente. Entre los años 2002 y 2006 se inicia una progresiva ocupación de la cuenca alta por parte de mineros ilegales. Estas circunstancias produjeron episodios de violencia, así como graves daños ambientales y sociales.
En respuesta a esta situación en el 2010 el gobierno nacional implementó el llamado “Plan Caura”. Este fue un importante operativo militar dirigido a erradicar la minería ilegal.
Esta acción en sus principios fue considerado exitosa ya que se logró expulsar gran parte de los mineros. Pero rápidamente sus objetivos fueron desviados debido a la presión ejercida por los intereses mineros y elementos de la Fuerza Armada.
En estas circunstancias muy pronto se revirtió la situación y ya en 2015 se calculaba la existencia de 3.000 mineros en el Alto Caura.
Como consecuencia de esta situación se inicia un grave deterioro ambiental y social en toda la cuenca. Los habitantes de la misma denunciaron la existencia de situaciones de violencia, esclavitud moderna, prostitución y especulación con bienes de primera necesidad. Asimismo, se señalaba a las actividades mineras de ser causantes de deforestación y contaminación por el uso de mercurio en las mismas. Igualmente, se atribuyó a estas actividades el incremento de problemas de salud como la malaria, enfermedades de transmisión sexual, desnutrición y muchos otros.
Igualmente, las comunidades indígenas denunciaban permanentes violaciones de sus derechos como pueblos indígenas y el abandono por parte del Estado.
Con respecto al tema de la contaminación por mercurio, un estudio realizado en 2012 en poblaciones indígenas encontró que 92% de las mujeres presentaba niveles de intoxicación superiores a los considerados seguros por la Organización Mundial de la Salud.
La imposición del megaproyecto minero del Arco Minero del Orinoco en el 2016 representó la aceleración del modelo extractivista y depredador en toda la región. Igualmente, la creación del Parque Nacional Caura sin consulta a las comunidades, ni programas de gestión solo fue un “saludo a la bandera”.
En el año actual, el Ministerio de Minería Ecológica autorizó el uso de dragas hidráulicas (balsas) para la extracción de oro del lecho de varios ríos incluyendo un sector del Caura. Ello a pesar de que estos métodos de exploración generan impactos de gran escala y a perpetuidad.
Esta última acción ha generado una gran resistencia por parte de los pobladores que comprenden que la misma generará aún más daños y violaciones de sus derechos.
Este recuento finaliza afirmando que la explotación de oro en Guayana, no ha cumplido sus promesas de promover el desarrollo regional, ni mucho menos de respetar el ambiente y los derechos de los pueblos indígenas. Por lo contrario, ha sido realizada a costa del sufrimiento, empobrecimiento, daño a la salud y cultura de la población, así como la destrucción ambiental.
Finalmente, el documento recalca que ningún beneficio económico que pueda obtenerse de esta forma de explotación, por legal que pueda pretenderse que sea, podrá compensar los daños y sufrimientos producidos.
En función de estos hechos en el pronunciamiento se realizan una serie de exigencias y recomendaciones.
Se exige al gobierno derogar el decreto que autoriza la explotación usando balsas, así como del Arco Minero del Orinoco. Del mismo modo, se exhorta a garantizar la vida y derechos de los habitantes del Caura y a desalojar a los mineros ilegales existentes, incluyendo los grupos guerrilleros.
Otros requerimientos incluyen el reconocimiento y demarcación de los territorios de los pueblos indígenas y afrodescendientes del Caura. Además, exhorta a que sean establecidos programas económicos basados en la diversidad cultural y las prácticas propias de sus habitantes.
Asimismo, se exige el establecimiento de planes de salud que den respuestas a los problemas derivados de la contaminación por mercurio y la malaria, así como otras enfermedades existentes.
Finalmente, exhorta a las organizaciones de la sociedad civil venezolana y organizaciones internacionales a mantener un continuo seguimiento de la situación en el Caura a fin de promover la realización de los derechos de las comunidades de esa región.
En conclusión, los ciudadanos de Venezuela debemos negarnos a aceptar la destrucción y despojo de nuestro patrimonio natural y violación a los derechos humanos de sus ciudadanos. Por ello es una obligación ética de todos actuar para detener la minería de oro en el Caura y en el resto de Guayana.