Se ha escrito y opinado bastante sobre el tema en los últimos días pero siempre hay algo nuevo que añadir o la necesidad de incorporar alguna variante al respecto. Lo lamentable de todo el embrollo es que el distanciamiento entre los opositores sólo favorece al conductor de Miraflores y su caterva de fieles seguidores. Bastaría un oxímoron como el “silencio atronador” del significativo número de venezolanos que no está de acuerdo con lo sucedido, mas en mi caso no soy pez de esa pecera. Consigno entonces aquí, de forma clara e indubitable, mi opinión sobre la interrogante que sirve de título a la columna de hoy.
Si se quería que las negociaciones para la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) llegaran a buen puerto debió involucrarse a todo el sector opositor y alcanzar un compromiso que fuera más allá de incluir en el CNE a dos representantes de una parte de la oposición, cuya tarea inmediata es supervisar la realización de una próxima elección de gobernadores.
Entonces la interrogante que sigue es esta: ¿Qué hay con la pronta realización de una elección presidencial transparente y sin los amañamientos de la que se llevó a cabo el 20 de mayo de 2018, cuando resultó “reelecto” Nicolás Maduro Moros para el período del 10 de enero de 2019 al 10 de enero de 2025? No olvidemos que en esa ocasión, sin tener competencia para ello, la Asamblea Constituyente convocó la elección en cuestión; se inhabilitaron candidatos emblemáticos adversos al régimen; se impidió la participación de los partidos opositores fundamentales y se pusieron en práctica todo tipo de manipulaciones.
Ante la tosca realidad la pregunta fundamental que ahora debemos hacernos es la siguiente: ¿Es legítimo el nuevo CNE? La respuesta no admite desvío alguno: el ente en cuestión es inválido y no tiene fuerza ni obligación alguna, toda vez que no es más que la continuación de la cadena de arbitrariedades que la dictadura de Maduro puso en práctica desde que el sector opositor obtuvo un triunfo resonante en la elección del 6 de diciembre de 2015, lo cual le permitió hacerse del control de 112 escaños en la Asamblea Nacional. El hecho fue que, a partir del éxito alcanzado por la Mesa de la Unidad Democrática, tanto el Poder Ejecutivo como el Judicial se ocuparon de hacer nugatoria las amplias competencias constitucionales de la mayoría opositora.
Como consecuencia de ese accionar inescrupuloso por parte de la dictadura, la Asamblea Nacional ha estado inhabilitada para ejercer de forma soberana sus funciones desde el mismo arranque de su gestión, motivo por el cual es absurdo sostener que su actuación concluyó a comienzos de enero de 2021. La razón es muy simple: su gestión a plenitud nunca arrancó en virtud de las constantes injerencias de los poderes Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral.
El artículo 138 de la Constitución de 1999 es muy claro al disponer que: “Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos”. La norma es reforzada por el artículo 139 de la misma Carta Magna al señalar: “El ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder o por violación de esta Constitución o de la ley”.
Sobre el enojoso tema las Academias Nacionales emitieron el 1 de octubre de 2020 un pronunciamiento contundente que sugiero leer en todos sus detalles.
Respecto al paso que ha dado un grupo de la oposición para sintonizar con la dictadura rojita, creo que es una acción cojitranca; simplemente se ha realizado un movimiento que ahonda las diferencias dentro del bloque que disiente de la dictadura. Se trata de una postura que, cuando menos, debió ser conversada en bloque con nuestros aliados de Europa y América. Al actuar como se hizo confirmamos lo que dijo en su momento Francisco de Miranda: “¡Bochinche, bochinche! Esta gente no es capaz de hacer sino bochinche”. Hoy más que nunca desearía estar equivocado.
El caso es que a pesar de lo anterior el juego de ajedrez entre la dictadura y la oposición no ha concluido. Gracias a la dinámica que es propia de la acción política las situaciones que se experimentan evolucionan y cambian sin cesar, trayendo consigo giros y novedades que alteran los escenarios previos. Así acaba de ocurrir con el pronunciamiento que hizo Juan Guaidó el pasado martes (11.05.2021).
El tablero en el que movían sus fichas Maduro y Henrique Capriles saltó por los aires como consecuencia de la propuesta del máximo líder opositor, la cual se resume así: 1) Necesidad de un acuerdo de salvación nacional que debe darse entre las fuerzas democráticas, los actores que conforman y sostienen al régimen, y la comunidad internacional. 2) El acuerdo debe incluir la convocatoria de un cronograma de elecciones libres y justas, con observación y respaldo internacional, en sus diferentes instancias: presidencial, parlamentarias, regionales y municipales.
Inmediatamente después de que se dio a conocer la anterior proposición, el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, manifestó que su país apoya los esfuerzos del presidente encargado de Venezuela para restaurar de forma pacífica la democracia.
Así las cosas, comienza un nuevo inning del largo partido contra la revolución “bonita”.
@EddyReyesT