Se impone en el debate nacional cuál debe ser el destino del Estado empresario, al encontrarnos con que casi 90% del patrimonio empresarial nacional pertenece al Estado. Lo preocupante es que la mayoría de estas empresas públicas producen poco y sólo dan pérdidas, absorbiendo para su sostenimiento una parte de los ingresos fiscales o son financiadas por el Banco Central con sus consecuencias inflacionarias.
Analistas económicos nacionales e internacionales han alertado de la complejidad económica y sus consecuencias en los índices sociales negativos, que afectan nuestra calidad de vida al tener que dedicar tantos recursos para sostener este entarimado empresarial. Las consecuencias inflacionarias que nos afectan son causadas por los inmensos recursos que han sido destinados en los últimos años por el BCV, para financiar el déficit operativo de estas empresas que en buena parte producen menos del 20% de lo que hacían cuando estaban en manos privadas.
Se hace necesario destacar el monto destinado a sostener estas pérdidas operativas y los dedicados a programas de inversión, sin que se hubieran alcanzado resultados positivos en producción. Se estima que en estos 15 años, entre el sostenimiento de las pérdidas de las empresas públicas y los utilizados para los programas agropecuarios, agroindustrial y pesca, superan los 200.000 millones de dólares.
La privatización es la mejor opción para mejorar la capacidad productiva de esas empresas públicas, que producen poco y consumen grandes recursos públicos para seguir activas. Se puede observar el estado actual en que se encuentran la mayoría de estas con deterioros y desmejoras en su capacidad productiva, que requieren de grandes inversiones para alcanzar sus niveles anteriores. El solo ahorro de los recursos públicos que absorben permitiría reducir la inflación y mejorar los aportes sociales.