Con relación a la liberación del mayor general Miguel Rodríguez Torres, como activista por los derechos civiles desde el año 1984 quiero aclarar que no albergo odios ni menos venganza hacia nadie, pero es imposible olvidar que es él precisamente quien estuvo detrás de la creación del Sebin, el cuerpo de seguridad más violador de los derechos humanos que haya existido en el país.
Hoy se cuentan por miles las víctimas de la represión, las torturas, los asesinatos, los crímenes de lesa humanidad cometidos en las dos sedes de ese organismo, consideradas la «cuna de la tortura y la terrible tumba».
Tampoco puedo ni debo olvidar los allanamientos de los campamentos instalados por los jóvenes manifestantes, que fueron dirigidos por él y en los que sembraron armas de fuego para luego trasladar a los muchachos al Sebin, donde fueron víctimas de tratos crueles e inhumanos y degradantes. Este cuerpo letal, que hizo lo que le vino en gana, se ubicó por encima del sistema judicial. Fue parte del represivo y feroz Plan Zamora, al igual que la Guardia Nacional comandada por el general Benavides Torres. La Dgcim y el Conas fueron los encargados de las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas en contra de los manifestantes durante el año 2017.
Es por eso que he venido sosteniendo desde el año 2018 que la única esperanza para reparar el daño infligido en el país es la Corte Penal Internacional.