Estados Unidos se retiró del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el año 2018, bajo la presidencia de Donald Trump, con el argumento de que este órgano mantenía una posición sesgada en cuanto a Israel. Sin embargo, Washington dejó claro, en esa ocasión, otra seria reserva de su parte con relación al Consejo, que tenía que ver con la presencia en su seno de países violadores irredentos de derechos humanos, como China, Cuba y Venezuela.

Hace unos días el secretario de Estado del nuevo gobierno de Joe Biden anunció el retorno de su país, en calidad de observador, a este Consejo que se reúne anualmente, argumentando la decisión estadounidense de retomar una política exterior centrada en democracia, derechos humanos e igualdad. Explayándose más en el tema, el responsable de la diplomacia de la primera potencia mundial aseguró que el retiro de Estados Unidos de este órgano generó “un vacío que países con agendas autoritarias han usado en su favor. Estados Unidos debe sentarse en esa mesa y utilizar el peso completo de su liderazgo diplomático para atender la deficiencias del Consejo y para asegurarse el cumplimiento de su mandato”.

En los corrillos de la organización mundial ya es un hecho comentado que Estados Unidos tiene como objetivo comenzar a formar parte de los 47 países que integran el Consejo luego de la Asamblea General de Naciones Unidas que se celebrará en otoño de este 2021. Organizaciones temáticas privadas de ese país han manifestado su receptividad a esta buena nueva y organizaciones globales independientes por igual, para secundar la iniciativa del Departamento de Estado de provocar una transformación profunda del órgano multilateral. Human Rights Watch y The Heritage Foundation así lo han hecho saber, por ejemplo. Esta pareciera ser, pues, una de las primeras acciones de la política externa de la nueva administración de Estados Unidos y uno de los pilares fundamentales a los que se prestará atención en una primera etapa, a pesar de que la gran potencia tiene fuegos prendidos en buena cantidad de regiones del planeta.

La próxima reunión anual del Consejo comenzó ayer y estará sesionando durante un mes. El plato fuerte de este año será, como es sensato pensar, el tema relacionado con los derechos de los individuos en la situación de pandemia que aqueja al planeta, sin olvidar las crisis humanitarias preexistentes y sin dejar de lado los temas centrales de este órgano defensor de los derechos humanos. Michelle Bachelet, la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, el primer día de sesiones, hará un repaso a la situación global de las libertades fundamentales.

A ninguna de las delegaciones allí presentes se le escapa la letra de los informes presentados por esta comisionada en los que Venezuela y su régimen salen muy mal parados. Y de seguro Human Rights Watch –organización no gubernamental e independiente­ se habrá encargado de que en cada carpeta de los participantes se incluya una copia de su reporte 2021 sobre la Venezuela madurista en el que textualmente se lee lo siguiente: “Hay una preocupación persistente relacionada con la brutalidad en las prácticas policiales, condiciones inhumanas de encarcelamiento, impunidad por la violación de los derechos humanos, falta de independencia judicial, persecución a los defensores de derechos humanos y de los medios independientes”.

También los asistentes tendrán acceso al informe de octubre pasado del Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en el que se da cuenta de los 5,5 millones de venezolanos que han dejado el país atribuyéndole el éxodo a la “crisis política, económica, humanitaria y de derechos humanos” que experimenta Venezuela.

Con todos estos elementos en el decorado de este importantísimo encuentro, Nicolás Maduro considera que ha llegado su momento para dirigirse a los miembros del Consejo. No es posible encontrar una explicación razonable para tal desmesura, como no sea el deseo de hacer causa común con países socios que acaban de integrarse el 1° de enero como miembros del Consejo: México, Cuba, China y Rusia; todo ello a la espera de que le pueda servir de contrapeso a la proactividad que Estados Unidos va indefectiblemente a mostrar en contra de la barbarie venezolana.

La guinda de la torta acaba de ser agregada por el Consejo de la Unión Europea, que ha dado a conocer, hace apenas horas, las sanciones decididas por los 27 del viejo continente a 19 líderes del gobierno de Nicolás Maduro. Los motivos están relacionados con “irrespeto de los derechos electorales de la oposición y el funcionamiento democrático de la Asamblea General, además de serias violaciones de los derechos humanos y restricciones a las libertades fundamentales”. Josep Borrell, canciller de la Unión Europea, estará presente igualmente en este importante Consejo de la Comisión de Derechos Humanos y tendrá una palabra que pronunciar con relación a estos temas.

No pareciera ser esta, pues, la mejor hora de Miraflores.


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