A pesar de ser el país de las islas Galápagos, y de contar con 32 majestuosos volcanes, varios de ellos activos, o de ser el principal productor de bananas del mundo, Ecuador rara vez atrae la atención de los medios de comunicación internacionales. No es Brasil, México o Argentina, los gigantes de la región. Su inestabilidad política no es tan fuerte como la de su vecino Perú, ni ha sufrido un saqueo como el de Venezuela. En fin, es un país latinoamericano normal: pobre, desigual, injusto, corrupto y lleno de gente decente y trabajadora. Su democracia es defectuosa pero competitiva, sus instituciones son débiles pero existen y su economía, la octava del continente en tamaño, depende de la exportación de petróleo, bananas, camarones y oro, así como del dinero que mandan a sus familias los ecuatorianos que viven en otros países.
En estos días, Ecuador está apareciendo con más frecuencia en los titulares. Hay elecciones presidenciales y eso es siempre noticioso. Pero, esta vez, la inusual atención mediática se debe a que algunos analistas advierten que el resultado de esta elección podría señalar un cambio que trasciende a Ecuador. La pregunta concreta es: ¿volverá al poder la izquierda en América Latina?
Entre finales del siglo pasado y comienzos de este, proliferaron presidentes de izquierda. De Lula da Silva a Hugo Chávez y de Evo Morales a la pareja Kirchner y de Michelle Bachelet a Rafael Correa, entre otros.
La posibilidad de un viraje a la izquierda de Latinoamérica se basa en que las elecciones de Ecuador son las primeras de una serie que incluye las presidenciales en Honduras (marzo), Perú (abril) y Chile (noviembre) y las legislativas en El Salvador, México y Argentina.
En la primera vuelta de las elecciones ecuatorianas ningún candidato obtuvo suficientes votos, lo cual obliga a una segunda votación el 11 de abril. El candidato más votado en la primera ronda ha sido el izquierdista Andrés Arauz, promovido y protegido por el expresidente Rafael Correa. El segundo lugar, a bastante distancia del primero, es objeto de una feroz batalla entre el candidato conservador Guillermo Lasso y el candidato indígena Yaku Pérez, quien ha denunciado que hubo fraude.
El empresario promete eficiencia, crecimiento económico y empleo, el candidato de izquierda ofrece más igualdad, menos pobreza y más justicia y el líder indígena jura reivindicar los derechos del pueblo originario y proteger el medio ambiente. Esta oferta electoral -el empresario, el izquierdista y el indigenista- la hemos visto en otros países. Su resultado es impredecible. A Brasil lo preside un populista de ultraderecha derecha y a México un populista de izquierda.
Pero además de las ideologías que van a prevalecer en los próximos años, hay una tendencia aún más importante: el uso de testaferros del poder. Esta es la propensión de presidentes que no pueden ser reelectos a “colocar” en el poder a familiares o cercanos colaboradores con la esperanza de que actúen como sus testaferros políticos.
Arauz, el candidato con más votos en la primera vuelta, es candidato gracias al apoyo del expresidente Rafael Correa. Este no pudo ser candidato porque fue inhabilitado por la justicia ecuatoriana por estar incurso en hechos de corrupción. Cristina Kirchner fue presidente de Argentina gracias a su marido Néstor Kirchner (y reelecta después que enviudó). En México, la diputada Margarita Zavala, la esposa del expresidente Felipe Calderón, fue candidata en las elecciones presidenciales de 2018, en las que resultó ganador Andrés Manuel López Obrador. En Colombia, Juan Manuel Santos e Iván Duque llegaron a la presidencia gracias al apoyo del expresidente Álvaro Uribe, en Brasil Dilma Rousseff fue presidente gracias a Lula da Silva y en Bolivia Lucho Arce gana la elección gracias a la popularidad de su exjefe Evo Morales, quien le dio todo su apoyo.
El populismo -tanto de derecha como de izquierda-, con sus promesas imposibles de cumplir, su adoración por políticas que ya se sabe que no funcionan y sus propensiones autoritarias es siempre una gran amenaza. Pero el continuismo es una amenaza aún mayor. Si un presidente populista es incompetente o corrupto, pero en su país funciona la democracia, pues los votantes se encargarán de sacarlo del poder. Los países pueden sobreponerse a un período con un mal presidente, pero el daño puede ser enorme e irreversible si ese mal presidente perdura en el poder. O si, una vez cumplido su período de gobierno, se las arregla para ejercer el poder a través de uno de sus testaferros políticos.
Es importante poner limites legales firmes al continuismo de los presidentes. Idealmente deben ser elegidos por un período no mayor de seis años y no menor de cinco. Al terminar ese único período no pueden aspirar de nuevo a la presidencia. Nunca más.
Esta solución al continuismo es difícil pero no imposible de adoptar. Lamentablemente, el uso de testaferros políticos es mucho más difícil de impedir. Pero es críticamente importante identificarlo, denunciarlo e intentar erradicarlo.
@moisesnaim