La semana pasada la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, visitó el país en el marco de la resolución 39/1 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de setiembre de 2018, en la que se le pide al gobierno de Venezuela que coopere con su oficina y con los mecanismos del Consejo y con la alta comisionada y que esta prepare un informe exhaustivo sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, un informe que habrá de presentar al Consejo en su reunión de julio de 2019. La Oficina del Alto Comisionado había aprobado antes varios informes de contenido incuestionable, entre ellos, el más reciente, de junio de 2018: “Violaciones de los derechos humanos en Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin”, en el que se muestra la realidad sobre el país que se resume en detenciones arbitrarias, ejecuciones sumarias, discriminación, uso excesivo de la fuerza y torturas, en medio de la mayor impunidad.
Las reacciones de la visita de la señora Bachelet fueron muchas y diversas. Para algunos fue una visita exitosa, para otros sirvió solo para lavar la cara al régimen. Hay triunfalismo, pero también preocupaciones y frustraciones. Lo cierto es que fue muy significativa, una visita oficial, no la primera como se ha dicho, pues en 2001 organizamos desde Ginebra la visita de la entonces alta comisionada, la ex presidente de Irlanda Mary Robinson, quien por cierto no fue recibida en esa oportunidad por Chávez, apenas unos minutos por el canciller de momento, J. V. Rangel, quien por cierto le señaló que el gran problema que había en el país era que la oposición no había entendido que era minoría y que por ello no podía pretender el poder, un comentario que quizás no admitiría hoy al ver que Maduro y sus cómplices representan una minoría creciente.
No hay dudas de que la visita de la alta comisionada fue importante. Su presencia debería generar confianza y esperanzas. Tendría que ser una gran oportunidad, aunque ella está supeditada a la resolución que le otorga el mandato y a los términos en que se realizaría la visita, es decir, a las condiciones que impone el régimen para poder “invitarla”. Hay una resolución, considerada histórica; un acuerdo sobre los términos de la visita que desconocemos y un Comunicado Oficial de la Oficina del Alto Comisionado. Algunos aspectos son definitivamente positivos. Al menos se reconoce que hay presos políticos; una situación preocupante de derechos humanos, aunque no se hable de crisis humanitaria compleja y que habrá una presencia permanente de la oficina, lo que podría romper el cerco impuesto por la dictadura a los órganos de derechos humanos para que haya “una relación más cercana y fluida con las autoridades e instituciones del Estado, la sociedad civil y las víctimas de derechos humanos”. No visitó la señora Bachelet, sin embargo, lamentablemente, ninguna cárcel, tampoco un centro hospitalario, menos los barrios en donde la hambruna y la miseria prevalecen; aunque sí se reunió con los familiares de algunas víctimas, lo que parece haberla impresionado.
Si bien fue un logro que el régimen aceptara por primera en varios años la visita de algún funcionario del sistema de derechos humanos de la ONU, con excepción del alineado y nada independiente Alfred De Zayas, experto propuesto y apoyado por Cuba y Venezuela para la “promoción de un orden internacional democrático e igualitario”, cuyas declaraciones y posturas han sido simplemente patéticas, desprovistas de objetividad, marcadas de una ideologización impropia de quienes representan los mecanismos del sistema.
Si bien en el comunicado que se emitió al final de la visita se reconoce que la crisis existía antes de la adopción de “sanciones” por algunos países, en particular por Estados Unidos, la señora Bachelet desconoce su legalidad y su legitimidad que se fundan en la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos, en la realización de crímenes internacionales y, en general, en el incumplimiento por Venezuela de sus obligaciones internacionales en este ámbito que abren el espacio a la responsabilidad que tiene la comunidad internacional, los Estados y los organismos internacionales, de proteger (R2P) a la población sometida a tales violaciones, sin que ello signifique necesariamente, como lo pretende limitar el régimen, el uso de la fuerza.
A pesar de que casi 60 gobiernos han desconocido al régimen de Maduro, a quien se ha considerado usurpador, las Naciones Unidas le reconoce aún como el representativo del Estado. La señora Bachelet confirma con su visita, lamentablemente, la “legitimidad” de Maduro a la vez que reconoce a la fraudulenta asamblea nacional constituyente (ANC) y a las instituciones constituidas dolosamente por ella. La alta comisionada, paradójicamente, se reunió con los “representantes” de esas instituciones que no solamente han sido señalados y sancionados por gobiernos e instituciones extranjeras por estar incursos en las violaciones de derechos humanos por muchos gobiernos, sino que han sido denunciados como responsables de crímenes de lesa humanidad ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
El reconocimiento implícito del usurpador por la señora Bachelet y la aceptación de tal reconocimiento por todos tiene un efecto devastador y no es solamente una cuestión formal, insignificante y sin sentido, sino, todo lo contrario, una cuestión esencial que pesará mucho en esta etapa en la que todo pareciera indicar debilidades peligrosas que ponen en riesgo la transición. Es evidente que ello responde a una de las tantas exigencias e imposiciones del régimen para hacer posible la visita.
Por otra parte, lo que parece aún más insólito, pues contradice la importancia superior de las normas relativas a la protección de los derechos humanos, es que en el Comunicado de la Oficina del Alto Comisionado se afirme que “las sanciones impuestas este año por Estados Unidos sobre las exportaciones de petróleo y el comercio de oro están exacerbando y agravando la preexistente crisis económica”, desconociendo que estas “sanciones”, más bien medidas unilaterales legítimas, responden a la gravedad de la situación de los derechos humanos en el país y a la impotencia de los venezolanos de lograr que la situación de nuestros derechos mejore, lo que las hace legales y legítimas. Esta afirmación podría ser interpretada como falta de independencia de la alta comisionada, quien deja de lado los intereses principales que giran en torno a su función, la protección de los derechos humanos.
Apenas liberaron a tres presos políticos, no se habló de la tortura, menos de los responsables y el procesamiento que debe iniciarse inmediatamente para castigarles por los crímenes cometidos estos años, para cumplir con la obligación que tendría el régimen de luchar contra la impunidad; tampoco de la entrada inmediata y sin condiciones de la ayuda humanitaria, ni siquiera de la discriminación en cuanto al ejercicio de los derechos fundamentales, la alimentación, la educación, la vivienda asignados solo a quienes se declaran partidarios de la dictadura.
Finalmente, sorprende y confunde que la alta comisionada apela a “todos los líderes políticos a que participen constructivamente con el diálogo facilitado por Noruega y con cualquier otro esfuerzo para intentar enfrentar la actual situación política de Venezuela”, un llamado que excede su mandato. Desconoce la señora Bachelet las dificultades que se han planteado en torno a un eventual diálogo, las posturas de los distintos sectores y de la sociedad venezolana en torno a ese proceso todavía incierto. Esta declaración, seguramente impuesta también por el régimen, podría constituir una injerencia en nuestros asuntos internos que resulta inadmisible.
No podemos dejar de ser cítricos en estos momentos cruciales de nuestra lucha. Sería un grave error permanecer callados por conveniencia o comodidad. Las opiniones de unos y otros sobre esta visita fortalecen nuestras posiciones ante los atropellos de un régimen que busca respaldo por todos los medios y que logra reconocimientos inaceptables. Admitir esta prórroga al régimen, de manera simple y sin comentarios, sería aceptar que la agonía de miles de venezolanos continuara en el tiempo y sujeto a los caprichos del régimen forajido y usurpador. Le corresponde al gobierno interino y a la Asamblea Nacional fijar posición clara y responsable sobre esta visita y su significado y alcance, para generar la confianza que exige el país en estos momentos.