Claro que este es el camino que lleva a la locura: creer que todo lo que sucede en la vida se debe a una complicada conspiración dirigida por unos manipuladores extraordinarios que todo lo ven y todo lo saben.

Dean Koontz 

En el último artículo de esta columna (“Crímenes de lesa humanidad en Venezuela”, 19 de septiembre de 2020) analicé las posibles implicaciones del informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. La discusión de los resultados hallados por la Misión parece no haber llegado muy lejos. Sería apreciable recuperar la trascendencia del informe y ser consecuentes con las iniciativas que las organizaciones multilaterales intentan para ayudar a Venezuela. Así será posible promover una hoja ruta que garantice hacer justicia por los crímenes cometidos por el régimen.

En ese sentido, me permito recuperar algunos hechos relativos a las denuncias contra el régimen en esta materia. En entrevista a la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, esta declaró que “se ha tomado el trabajo sobre Venezuela muy en serio”. Aseguró que el examen preliminar de la situación en Venezuela comenzó en febrero de 2018 y resaltó: “No hemos estado ignorando la situación y hemos revisado una gran cantidad de información”[1]. Entre todo el material al que la fiscal hace referencia, ahora también se encuentra el informe de la Misión, el cual sin duda posee veracidad y relevancia en este proceso inicial. Recordemos que en septiembre de 2018, gobiernos aliados a la democratización de nuestro país pidieron a la CPI que abriese un proceso contra funcionarios de alto nivel de Venezuela por violaciones de los derechos humanos, en la primera ocasión que Estados miembros refieren ante el tribunal a otro Estado miembro.

Una vez superada la fase del examen preliminar, la siguiente etapa debe ser el análisis de la admisibilidad. Este análisis es fundamental y puede ser susceptible de influencias distintas a la justicia. Para ser breve, la Corte debe estudiar si se trata de un crimen reconocido por el Estatuto de Roma, lo cual se cumpliría en el caso de Venezuela. Además, según el artículo 17 del Estatuto de Roma, la Corte debe decidir si el sistema de justicia de Venezuela tiene o no voluntad, capacidad y autonomía para garantizar una investigación transparente y un juicio justo contra los posibles implicados.

Una última condición debe ser cumplida, la cual se contiene en el artículo 53 del Estatuto de Roma. La fiscal debe decidir si “existen razones sustanciales para creer que, aun teniendo en cuenta la gravedad del crimen y los intereses de las víctimas, una investigación no redundaría en interés de la justicia”. Este último criterio será definitivo en la causa contra los responsables de los crímenes cometidos en Venezuela. Si bien la frase puede resultar confusa, también reserva un espacio para factores diferentes a la justicia.

Al respecto de lo último, es importante considerar que el actual presidente de Estados Unidos de América es un reconocido enemigo del multilateralismo. La Corte Penal Internacional no escapa de esta enemistad. Incluso, la actual fiscal de la CPI ha sido víctima de presiones desde la Casa Blanca, siendo señalada de entorpecer y de retrasar la investigación de los crímenes cometidos en Venezuela. Detrás de estas presiones estaría el interés de Estados Unidos por condenar cualquier posible investigación penal contra fuerzas militares de ese país que pudiesen haber cometido crímenes en otros países. Aunque Estados Unidos de América no es parte del Estatuto de Roma, otros países donde se hayan podido cometer crímenes graves sí lo son.

En este debate se pueden mezclar intereses diferentes a la justicia, los cuales eventualmente afectarían la decisión de admitir o no la investigación de crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. En nuestro país, la opinión pública podría inclinar la tendencia para que nuestro destino sea confiado solo a la justicia de Estados Unidos o al sistema universal de protección de derechos humanos. Esto resulta comprensible cuando la administración de Trump ha sido firme en la condena del régimen. Sin embargo, muchos otros gobiernos y la Organización de Naciones Unidas han incluido la situación de Venezuela como una prioridad en sus agendas. Resultaría contrario a nuestros intereses nacionales y a nuestra tradición multilateral ofrecer absoluta preeminencia a sistemas unilaterales de justicia para la persecución de los crímenes cometidos por el régimen. Apoyar una supuesta salida a corto plazo sin mayor esfuerzo sería un grave riesgo para nuestra soberanía.

A esos intereses que menciono en el párrafo anterior debo agregar el informe elaborado por el régimen: “La verdad de Venezuela contra la infamia, datos y testimonios de un país bajo asedio”. El informe presentado el 25 de septiembre intenta infructuosamente responder a los señalamientos de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. Desde mi opinión, el contenido del informe es malicioso y nunca responde efectivamente a los hallazgos de la Misión. Los argumentos del informe para justificar las acciones del régimen contra la ciudadanía venezolana se basan en teorías conspiracionistas, lo cual escapa a la dura realidad que vive el país.

Ante estos intereses, la opinión pública y los factores políticos de Venezuela deben abstraerse de las teorías conspiracionistas para asegurar una salida efectiva del régimen. La opción más segura es el multilateralismo porque a largo plazo respetará nuestra soberanía nacional, la cual queremos rescatar y preservar. Contribuir al establecimiento de una ruta para acceder a la justicia en un marco multilateral retribuirá el esfuerzo que otras naciones han hecho por la democratización de nuestro país. Por supuesto que el apoyo de Estados Unidos de América es importante, pero las alianzas con los gobiernos que nos han apoyado son fundamentales. Las organizaciones internacionales son necesarias y Venezuela ha sido históricamente un país constructor del multilateralismo. Apoyar el trabajo de la Corte Penal Internacional debe ser una opción ineludible para reconstruir nuestro Estado de Derecho.

[1] Diario El Tiempo, 21 de junio de 2020, visto en: https://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/cpi-entrevista-con-fatou-bensouda-fiscal-de-la-corte-penal-internacional-509406


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