El 27 de febrero de 2020, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) presentó su informe correspondiente a 2019. Entre otros datos, el documento identifica una situación particular en las fuerzas de seguridad gubernamentales de Venezuela:
- 578. Hay indicios de que, en la República Bolivariana de Venezuela, los grupos delictivos han logrado infiltrarse en las fuerzas de seguridad gubernamentales y han creado una red informal conocida como el Cártel de los Soles para facilitar la entrada y salida de drogas ilegales.
La afirmación es clara. El crimen organizado logró acceder a las instituciones nacionales encargadas de la seguridad y así facilitar el tráfico de drogas ilegales a través del territorio nacional. La JIFE acota algo más, los grupos criminales infiltrados se organizan en una estructura informal denominada el Cártel de los Soles.
La JIFE es un organismo asociado al Sistema de Naciones Unidas pero independiente y cuasi judicial, constituido por expertos designados por su competencia e imparcialidad. La junta tiene como principal función dar seguimiento a la aplicación de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 y de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988. Estos tratados, de los cuales Venezuela es parte, constituyen el marco jurídico que rige el comercio lícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y precursores. Para lograr su propósito, los tratados exigen a los Estados partes establecer estructuras administrativas para vigilar la producción, la fabricación y el comercio de las sustancias reguladas. De igual manera, los tratados imponen a sus Estados parte la obligación de informar a la JIFE de las previsiones de necesidades lícitas, el consumo real, el comercio internacional y las incautaciones realizadas.
Por su parte, Venezuela cuenta con leyes en materia de control y fiscalización del comercio de estupefacientes, entre otras. Las leyes existentes en esta materia no solo estipulan penas y castigos para quienes violen lo establecido, sino que también obligan a las instituciones nacionales responsables de la seguridad del Estado a formar sus miembros en materia de prevención, control y represión del tráfico ilícito de estupefacientes.
Según la legislación venezolana, los miembros de las fuerzas de seguridad gubernamentales, deben ser instruidos para asumir con plena responsabilidad el mandato constitucional de proteger al Estado, especialmente de la amenaza que representa el tráfico ilícito de estupefacientes. Cada uno de los funcionarios militares o civiles responsables de la seguridad rindió un juramento para cumplir y hacer cumplir las leyes nacionales. Sin embargo, la ambición, la codicia y una percepción ilimitada de impunidad han empujado a miembros de las fuerzas de seguridad gubernamentales a permitir que grupos delictivos se infiltren y perviertan el orden. De esta manera, se suma un factor de enorme presión para explicar la situación de ingobernabilidad que atraviesa Venezuela.
El Cártel de los Soles no es nuevo y su nombre hace alusión a la insignia distintiva del grado militar de general. De acuerdo con un informe (2016) de la fundación O Crime, la estructura criminal aparece en 1993, cuando dos generales de la Guardia Nacional fueron investigados por tráfico ilícito de drogas y delitos conexos. A partir de entonces, el término “Cártel de los Soles” ha sido asociado a cualquier actividad ilícita relacionada con el tráfico de drogas en la Fuerza Armada Nacional.
Según el citado informe, existen evidencias de que el cártel ha sido integrado por militares sin distinción de jerarquía. Además, hasta ahora no existe evidencia, al menos pública de la estructura y funcionamiento de la organización criminal pero existe y opera. Además, la investigación de Insight Crime hace referencia a un supuesto “cártel bolivariano”, una posible facción que operaría en las filas del ejército con personajes que participaron en la intentona de golpe de Estado de 1992, o vinculados a estos. El informe también hace referencia que ambos cárteles serían rivales, como es normal entre estas estructuras, para controlar el comercio ilegal de estupefacientes en el país.
Una tercera fuente permite corroborar la infiltración de las fuerzas de seguridad gubernamentales. Las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (conocida por sus siglas en inglés como OFAC) a un selecto grupo de militares y líderes del régimen, los cuales en buena parte dirigen las fuerzas de seguridad gubernamentales. La OFAC, una dependencia del Departamento del Tesoro del gobierno de Estados Unidos de América, es responsable de establecer y hacer cumplir las sanciones económicas y comerciales contra países, empresas e individuos implicados en actividades que pongan en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos de América.
Un segundo informe de Insight Crime, publicado en 2018 y titulado Venezuela: a Mafia State? (¿Venezuela: un Estado mafioso?) muestra los grupos delictivos que estarían presentes en el régimen. Según el informe, el aparato gubernamental habría sido infiltrado por los colectivos, los pranes, los paramilitares (venezolanos y colombianos), disidentes del ELN y de las FARC, además de megabandas criminales. Esta complicada estructura criminal a la cual habría que agregar organizaciones internacionales terroristas que presuntamente operan en el país, mezclada con una ideología político-económica inútil de determinar su tendencia, marcada por un auténtico populismo dictatorial sería el perfecto escenario para el comercio ilícito de estupefacientes.
El informe anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes fue preciso. Aunque puede pasar inadvertido por su aparente sutileza. Sin embargo, la autonomía e imparcialidad de sus autoridades confirman las numerosas evidencias mostradas en los últimos años por diferentes instituciones y organismos internacionales responsables de investigar el crimen organizado. Así mismo, la evaluación de la JIFE ratifica la independencia de las sanciones impuestas por la OFAC y confirma la acusación por tráfico de estupefacientes contra el principal responsable de la Inteligencia Militar en los últimos 20 años, Hugo Armando Carvajal Barrios. Este antiguo militar y diputado a la Asamblea Nacional por el PSUV, quien fue hombre de confianza del entonces presidente Hugo Chávez Frías, recientemente fue extraditado por España a Estados Unidos de América, donde enfrentara la acusación correspondiente y quien seguro develará información importante para las investigaciones que se siguen.
Por su parte, el régimen siempre ha tratado inútilmente de defenderse de las acusaciones planteadas. Sus líderes han esgrimido que las pruebas o evidencias han sido manipuladas o que se trata de una conspiración internacional para acabar con la revolución bolivariana. Es imposible evitar tales acusaciones, cuando todos los indicadores de medición demuestran la paupérrima calidad de vida de los venezolanos. Lamentablemente, evaluaciones cualitativas y cuantitativas de gobernabilidad coinciden con los efectos provocados por el comercio ilícito del tráfico de estupefacientes. Resultaría imposible rebatir la evaluación de la JIFE, las evidencias de Insight Crime y las sanciones de la OFAC, entre otras. Más allá de los hechos, la realidad es que las fuerzas de seguridad gubernamentales están muy lejos de cumplir su mandato constitucional.
Al igual que el imperio de la ley o la cultura de la legalidad, la criminalidad y el desafecto por las leyes genera un “efecto cascada”. Es decir, en el caso de la criminalidad, infringir las leyes permite devenir en otros actos iguales o peores, esto se convierte progresivamente en un espiral sin final. Por el contrario, cumplir con los más básicos preceptos sociales establecidos garantizaría avanzar en la construcción de una sociedad con pleno ejercicio de sus deberes y derechos. En ese sentido, una vez salgamos de esta coyuntura, será necesario construir unas fuerzas de seguridad gubernamentales basadas en la legalidad para coadyuvar a la construcción del ansiado Estado de Derecho.
Por último, sería injusto señalar a todos sus miembros o agentes de las fuerzas de seguridad de facilitar el tráfico de estupefacientes o de infringir las leyes. Sin embargo, en este momento de la historia resultaría difícil responsabilizar solo a los líderes del régimen, al destino o a la situación del país. Debe imponerse una cultura de denuncia que garantice justicia, pero también que ofrezca tranquilidad para quien denuncie. Recuperar o en buena parte, generar confianza en las instituciones nacionales no será fácil, pero debe ser el empeño de la ciudadanía venezolana.